UPAV entregó cuotas a asociaciones en esquema tolerado por tres gobiernos
El convenio, firmado el 25 de agosto de 2011, retiró del control directo de la UPAV una de sus funciones centrales: administrar su patrimonio. Las cuotas por inscripciones, servicios escolares, exámenes y expedición de documentos comenzaron a depositarse en cuentas controladas por un patronato privado, aunque las auditorías determinaron posteriormente que tenían carácter de recursos públicos.
Para reconstruir este esquema, AVC Noticias revisó auditorías del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, convenios firmados entre la universidad y asociaciones civiles, informes de cuentas públicas y documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia. Los expedientes muestran que las irregularidades fueron conocidas y documentadas durante años, pero el mecanismo continuó.
El modelo se replicó con al menos cinco asociaciones civiles y operó durante cuatro administraciones estatales: las de Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares, Cuitláhuac García Jiménez y los primeros meses del gobierno de Rocío Nahle García.
Durante esos periodos se realizaron auditorías, se emitieron observaciones y se solicitaron revisiones de legalidad. También se documentó que organizaciones privadas administraban recursos que debían permanecer bajo el control directo de la universidad.
Pese a las advertencias, el esquema continuó.
El monto total del posible daño patrimonial permanece sin determinar. Sin embargo, por distintos ejercicios se presentaron denuncias relacionadas con el presunto desvío o manejo irregular de más de 600 millones de pesos.
Los recursos fueron cobrados a estudiantes por inscripciones, reinscripciones, documentos, exámenes y otros servicios escolares, pero no se registraron de manera íntegra como ingresos de la universidad.
La falta de control también impidió conocer cuánto dinero recibieron las asociaciones civiles, qué cantidades fueron destinadas a asesores solidarios y cuánto se utilizó para financiar la operación académica y administrativa de la UPAV.
Las irregularidades no permanecieron ocultas. Desde 2014, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruzdocumentó observaciones relacionadas con la participación de asociaciones civiles en el manejo de las finanzas universitarias.
Entre 2014 y 2020, el organismo fiscalizador emitió al menos 21 observaciones sobre ingresos, egresos, convenios y mecanismos utilizados para administrar los recursos de la UPAV.
Las auditorías advirtieron que la universidad no tenía control directo sobre las aportaciones de los estudiantes y que el dinero administrado por las asociaciones no se incorporaba completamente a sus estados financieros.
La UPAV prestaba los servicios educativos, pero no registraba en su contabilidad la totalidad del dinero pagado por los alumnos. Tampoco reportaba esos ingresos a la Secretaría de Finanzas y Planeación ni tenía reglas internas para fijar y administrar las cuotas.
La institución carecía además de documentación suficiente para conocer cuánto cobraban los patronatos, cómo utilizaban el dinero y qué cantidades permanecían en sus cuentas bancarias.
Los auditores reportaron la falta de estados financieros, balances anuales, informes trimestrales, flujos de efectivo, comprobantes bancarios y documentos que justificaran el destino de los recursos.
En algunos ejercicios, el ORFIS no pudo concluir sus revisiones porque las asociaciones civiles no entregaron la información solicitada.
La UPAV fue creada en agosto de 2011, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Solo 25 días después, la institución firmó un convenio con el Patronato Alianza para el Fomento del Aprendizaje A.C., mediante el cual la organización intervino en la captación y administración de las aportaciones de los estudiantes.
Años después, una auditoría de legalidad determinó que el acuerdo contravenía la Ley Número 276, mediante la cual fue creada la universidad.
El ORFIS estableció que la administración del patrimonio era responsabilidad del rector y que esa facultad no podía trasladarse a una organización privada.
El patronato había sido constituido originalmente para apoyar al Instituto Veracruzano de Educación Superior, organismo que antecedió a la UPAV, y no para controlar las finanzas de la nueva universidad.
La fiscalización concluyó que las aportaciones, cuotas, derechos, rendimientos y recuperaciones derivadas de los servicios educativos tenían carácter de recursos públicos.
Por esa razón, debían incorporarse al patrimonio de la UPAV y quedar sujetas a las reglas de contabilidad, fiscalización y transparencia.
El modelo fue ratificado por la Junta de Gobierno de la UPAV en junio de 2014. La institución permitió nuevamente que el patronato administrara las aportaciones, cuotas y derechos pagados por los estudiantes, aunque esa función correspondía al rector.
Ese mismo año apareció la primera alerta documentada en las auditorías.
El ORFIS solicitó que Alianza para el Fomento del Aprendizaje rindiera informes sobre los ingresos y gastos derivados de las aportaciones estudiantiles, para que los movimientos tuvieran efectos contables y patrimoniales en la situación financiera de la universidad.
La observación reveló que, tres años después de iniciado el esquema, el dinero recibido por el patronato todavía no se incorporaba de manera clara a las cuentas de la UPAV.
La revisión de la Cuenta Pública 2015 amplió las irregularidades.
El ORFIS determinó que la UPAV prestó servicios educativos, pero omitió registrar los derechos de cobro generados por las aportaciones y cuotas pagadas por los estudiantes.
La universidad tampoco tenía normas internas para regular la captación, administración y aplicación de esos ingresos. No existían lineamientos que definieran las cuotas, tasas o porcentajes aplicables a los servicios escolares.
Los auditores tampoco encontraron evidencia de que la UPAV conociera el monto recuperado por el patronato, sus mecanismos para cobrar adeudos, la manera en que había gastado los recursos, sus estados financieros mensuales o los remanentes disponibles en sus cuentas bancarias.
El dinero cobrado a los estudiantes tampoco fue reportado a la Sefiplan como ingreso generado por la prestación de servicios educativos.
El ORFIS concluyó que la intervención del patronato limitaba la transparencia, porque impedía que la universidad reflejara sus ingresos y egresos reales.
La fiscalización correspondiente a 2016 incluyó una auditoría de legalidad sobre la constitución y el funcionamiento del patronato.
El ORFIS determinó que el convenio firmado en agosto de 2011 contravenía la ley que creó a la universidad.
También estableció que la facultad de administrar esos recursos era una obligación fundamental del rector y que las aportaciones realizadas por los estudiantes constituían recursos públicos.
La auditoría volvió a encontrar que la UPAV no había registrado los ingresos pagados por su matrícula ni los había reportado a Sefiplan.
La universidad tampoco tenía reglas para establecer las cuotas ni documentación sobre las recuperaciones, los mecanismos de cobro, la aplicación de los recursos y los estados financieros del patronato.
Ante estos hallazgos, el ORFIS exhortó al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz a iniciar procedimientos de investigación, deslindar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.
También anunció una auditoría financiera y de legalidad directamente sobre la asociación civil.
Sin embargo, no existe evidencia pública de que aquellas advertencias hayan terminado con el modelo.
Pese a las observaciones acumuladas, el 4 de enero de 2017 la UPAV firmó un nuevo convenio con Alianza para el Fomento del Aprendizaje y volvió a autorizarle la administración de las aportaciones estudiantiles.
La revisión de ese ejercicio encontró que el patronato no acreditó haber entregado sus estados financieros a la Asamblea General ni haber presentado su balance anual.
Tampoco elaboró el estado de flujos de efectivo necesario para conocer el origen y la aplicación del dinero.
Ese año, la asociación captó y administró 239 millones 823 mil 987 pesos provenientes de las aportaciones de los estudiantes.
Al concluir la fiscalización, el ORFIS determinó observaciones que hacían presumir faltas administrativas graves y la posible existencia de un daño patrimonial por 241 millones 971 mil 897 pesos.
La cifra mostró por primera vez la dimensión financiera del esquema que permanecía fuera del control contable directo de la universidad.
En 2018, la UPAV mantuvo vigentes los convenios que permitían al patronato captar y administrar las aportaciones. Incluso firmó otro acuerdo el 3 de diciembre de ese año.
Durante la auditoría, el ORFIS identificó 10 millones 648 mil 764 pesos transferidos por la universidad a Alianza para el Fomento del Aprendizaje bajo el concepto de ayudas sociales a instituciones de enseñanza.
La UPAV presentó informes sobre parte de esas transferencias, pero no entregó evidencia bancaria ni recibos firmados que demostraran que el dinero había sido dispersado entre las figuras solidarias que participaban en los servicios educativos.
La universidad volvió a omitir el registro de las cuotas pagadas por los estudiantes, por lo que el ORFIS no pudo establecer cuánto dinero fue captado durante ese ejercicio.
La asociación civil tampoco entregó toda la información solicitada durante una visita de auditoría, lo que impidió obtener evidencia suficiente para concluir diversos procedimientos de revisión.
Las aclaraciones posteriores no solventaron las observaciones y el ORFIS mantuvo la presunción de daño patrimonial por 10.6 millones de pesos.
La auditoría incluyó otro dato: únicamente durante 2016 y 2017, las aportaciones estudiantiles depositadas directamente en cuentas del patronato ascendieron a 592 millones 94 mil 501 pesos.
El monto correspondiente a 2018 permaneció sin determinar.
En 2019, la UPAV dejó de operar con Alianza para el Fomento del Aprendizaje, pero no asumió directamente el manejo de las cuotas.
Los documentos revisados por AVC Noticias indican que durante los primeros meses de ese año intervino la Fundación Somos para Bendición A.C.
Posteriormente, la universidad firmó un convenio con la Asociación para la Educación a Beneficio de Jóvenes y Adultos A.C., que operó durante el resto de 2019 y en 2020.
El cambio de organización no modificó la estructura de fondo: las cuotas continuaron siendo captadas y administradas fuera de la contabilidad directa de la UPAV.
Ese mismo año, el ORFIS presentó una denuncia por posibles irregularidades superiores a 361 millones de pesos, derivadas de la fiscalización del ejercicio 2016, correspondiente al último año del gobierno de Javier Duarte.
Los documentos revisados señalan que, al comienzo de la administración de Rocío Nahle García, la Asociación Educación es Primero AEP A.C. había dejado un adeudo por 42 millones 710 mil pesos.
La obligación habría sido asumida y cubierta por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, EDAL A.C., representada por Juan Carlos Montero Grajales.
De esta forma, al menos cinco asociaciones civiles participaron en diferentes momentos en la captación, administración, distribución o regularización de recursos vinculados con la universidad.
La Contraloría General del Estado inició posteriormente auditorías sobre las cuentas de 2024 y el primer semestre de 2025.
El contralor Ramón Santos Navarro informó que el Órgano Interno de Control encontró saldos en la tesorería universitaria, por lo que descartó que las cuentas hubieran quedado completamente vacías. Sin embargo, aclaró que la revisión del ciclo de tesorería continuaba.
En enero de 2026, el Congreso de Veracruz modificó el marco legal de la UPAV para reforzar el control presupuestal y obligar a la universidad a administrar directamente sus recursos.
La reforma estableció que la institución debía expedir, en un plazo máximo de 90 días, normas de planeación y control del ciclo presupuestal.
También reforzó las atribuciones del rector para vigilar el uso del dinero y generar alertas ante posibles irregularidades.
Los ingresos recibidos antes de la entrada en vigor del decreto tendrían que ser conciliados, registrados e incorporados formalmente al patrimonio de la universidad.
Sefiplan tendría hasta 60 días para emitir las normas de control presupuestal aplicables.
El nuevo modelo terminó formalmente con la intervención de asociaciones civiles en la captación de cuotas y colocó bajo responsabilidad de la UPAV la contratación y el pago de docentes, directores y personal administrativo.
Las investigaciones promovidas por el nuevo gobierno derivaron en la detención de Sergio “N”, exrector de la UPAV; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exjefa del Departamento de Servicios Financieros.
La Fiscalía los vinculó a proceso como presuntos responsables de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencia y ejercicio indebido del servicio público.
La carpeta de investigación contempla un monto observado de 557 millones de pesos, relacionado principalmente con cuotas escolares que presuntamente no fueron comprobadas ni reflejadas en los registros oficiales.
Los acusados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
En enero, la gobernadora Rocío Nahle García explicó que su administración había recibido protestas por falta de pagos y denuncias sobre irregularidades que afectaban el funcionamiento académico.
La mandataria informó que se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y que el caso fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción.
Nahle señaló que el antiguo modelo combinaba infraestructura y personal públicos con asociaciones privadas que cobraban las cuotas y administraban los recursos.
También aseguró que la prioridad era proteger la continuidad educativa de más de 60 mil estudiantes.
El 27 de marzo de 2026, la Fiscalía Anticorrupción realizó cateos simultáneos en inmuebles ubicados en las zonas de San Bruno, Araucarias y Unidad Magisterial, en Xalapa.
Durante las diligencias fueron asegurados documentos, chequeras, estados de cuenta, computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento y tarjetas bancarias.
También se realizaron actuaciones en notarías de Xalapa, Coatepec y Teocelo, así como en el Registro Público de la Propiedad y el Archivo General de Notarías.
El objetivo fue recabar información para determinar posibles responsabilidades en el manejo de los recursos.
El cambio de modelo financiero y laboral no ocurrió sin consecuencias.
En abril, alrededor de 300 estudiantes de Psicología de la sede Xalapa permanecieron sin clases debido a un paro de docentes y personal administrativo.
El conflicto comenzó por adeudos salariales y falta de claridad sobre las nuevas contrataciones.
Los alumnos denunciaron afectaciones a sus clases, prácticas y procesos de egreso.
La suspensión ocurrió mientras la universidad integraba expedientes y formalizaba contratos bajo el Decreto 496, que trasladó al Estado y a la UPAV la contratación y el pago directo del personal.
En julio de 2026, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, acusó que la antigua administración utilizaba mecanismos fraudulentos para tercerizar los pagos a docentes y directores.
El funcionario señaló que se detectaron cuentas de una fundación con alrededor de 280 millones de pesos, pese a que sus representantes afirmaban que no tenían recursos para cubrir los adeudos salariales.
También aseguró que algunos pagos se realizaban bajo conceptos distintos a los servicios educativos, entre ellos publicidad, y habló de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero debido a la falta de trazabilidad de los recursos.
Las declaraciones forman parte de acusaciones gubernamentales y de investigaciones en curso; todavía no constituyen una sentencia judicial.
El 23 de julio, la gobernadora Rocío Nahle confirmó que los tres exfuncionarios permanecían en prisión preventiva y que las indagatorias continuaban.
Aclaró que el caso no se investiga como delincuencia organizada, sino por posibles delitos vinculados con el manejo irregular de recursos públicos y operaciones financieras presuntamente ilícitas.
Las auditorías permiten reconstruir fragmentos del esquema: 592 millones de pesos captados durante 2016 y 2017; 239.8 millones administrados únicamente en 2017; un probable daño por 10.6 millones en 2018; denuncias que en conjunto rondan los 603 millones de pesos; una carpeta penal por 557 millones y cuentas que Sefiplan ubicó con aproximadamente 280 millones.
Estas cantidades no pueden sumarse automáticamente, porque algunas podrían corresponder a los mismos recursos, ejercicios o hechos investigados.
El gobierno de Rocío Nahle terminó con la intermediación de las asociaciones civiles, reformó las reglas financieras y promovió investigaciones contra exfuncionarios.
Sin embargo, el cierre administrativo del modelo no responde todavía la pregunta principal.
Durante casi 15 años, las auditorías documentaron las anomalías, los gobiernos conocieron las advertencias y la universidad mantuvo el control del dinero en organizaciones privadas.
El monto total y las responsabilidades institucionales por permitir que el esquema continuara permanecen pendientes.