Abandonan censo de AMLO y anuncian nuevo conteo de desaparecidos
Por: A dónde van los desaparecidos
La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (ENBG), creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para dar certeza sobre el número “real” de desapariciones, fue abandonada en este sexenio por una suma de “graves errores” que hizo imposible validar la información reunida desde su inicio, en mayo de 2023. Estos incluyen —según fuentes consultadas por este medio— la falsificación en los formularios de firmas de víctimas que presuntamente habían sido localizadas y de funcionarios que les daban validez, la pérdida de centenares de cuestionarios realizados a familias de personas desaparecidas, y el borrado de nombres del registro oficial sin formalizar el proceso.
Desde hace casi dos años, el Gobierno federal dejó de informar públicamente sobre las cifras de personas localizadas mediante la estrategia nacional; en abril de 2024 se detuvieron las visitas casa por casa en los estados para preguntar a las familias sobre sus parientes desaparecidos, y también fue desmantelado el centro telefónico desde donde se hacían llamadas para indagar sobre el paradero de las personas ausentes. Nadie, ni la presidenta, ha informado qué ha ocurrido con ese plan que, en el arranque de su administración, dijo que iba a continuar; tampoco se hizo del conocimiento de las madres buscadoras. Simplemente, el tema salió de la agenda pública.
En la “mañanera” del pasado 14 de noviembre, Sheinbaum sorprendió con el anuncio de una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que nutren principalmente las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda, y que en la actualidad supera las 133,000 víctimas, cuyos resultados debían ser presentados antes de finalizar el año, y ahora se espera que sean dados a conocer en los próximos días. El 18 de diciembre, también desde Palacio Nacional, la mandataria precisó que la actualización de este instrumento, que administra la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), incluirá cuántas personas han sido localizadas, cuántas permanecen desaparecidas, cuántas tienen una carpeta de investigación, cuántas son ausencias voluntarias, y cuántos casos se relacionan con la delincuencia organizada.
“Ahora, por ley”, dijo Sheinbaum, “solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación; precisamente, por este tema de que se registraba un nombre y no había datos adicionales, […] ni tampoco quién la había subido a la plataforma”.
La revisión del registro nacional, indicó la presidenta, es resultado de las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas el pasado junio —tras las mesas encabezadas por la secretaria Rosa Icela Rodríguez que la Segob organizó con colectivos de familiares—, que contemplan la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá realizar búsquedas en tiempo real, al cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP) de las personas desaparecidas con bases de datos como registros administrativos, la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el propio RNPDNO.
La falsificación
El fin de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, conocida como el “censo” de AMLO, se fraguó en una sala de juntas de la CNB, donde se reunieron en junio de 2024 funcionarios de la Secretaría de Bienestar (SB) encabezados por su titular, Ariadna Montiel, y de la comisión nacional —entonces dirigida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún—, representada por el director general de Acciones de Búsqueda, Carlos Alberto Reyes Campos, para revisar y validar la información que se había generado en el censo, según aseguraron dos extrabajadores del organismo que estuvieron presentes y pidieron omitir su nombre.
Estas dos instancias fueron las encargadas de procesar los datos recabados en las visitas casa por casa, realizadas por integrantes de las comisiones de búsqueda estatales y por servidores de la nación. Las respuestas a los cuestionarios sobre el paradero de la persona desaparecida posteriormente eran escaneados y digitalizados. El objetivo final era depurar el RNPDNO, que cuando fue anunciado el censo sumaba más de 110,000 víctimas.
Ese día de junio de 2024, tres meses antes de que acabara el sexenio de AMLO, los funcionarios de la CNB descubrieron que se habían perdido centenares de cuestionarios, y que la SB había copiado a mano la información digitalizada en nuevos formatos, con el propósito de que pudieran ser validados en la etapa de revisión. Para hacerlo, falsificaron tanto las firmas de víctimas de desaparición que habían sido localizadas como las de funcionarios, afirmaron las fuentes. Esto invalidó la información, y la estrategia no se retomó.
Imágenes de las jornadas de búsqueda casa por casa presentadas en el informe de marzo de 2024. (Presidencia)
Los cuestionarios habían sido escaneados para que pudieran ser cotejados con los documentos en papel, pero debido a que muchos se habían perdido, dice una de las fuentes, “lo que hicieron [en la SB] fue copiar la información que ya tenían digital en un [nuevo cuestionario o] formato físico, y para poder hacerlo falsificaron tanto las firmas de algunas víctimas como de funcionarios”.
Se dieron cuenta al descubrir firmas de personas que ya no trabajaban en la CNB, rúbricas que no se parecían a las originales, tipos de escritura que no coincidían con los del cuestionario digitalizado, y errores como apellidos mal escritos.
Para Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos de Fundar México, la ENBG fue poco clara desde el principio; el hecho de que inicialmente fuera anunciada como un censo daba una idea de cómo toda la discusión se centraba en las cifras, una forma de minimizar la problemática. Sumado a eso, señala, “las listas originales con las cuales empezaron el ejercicio no habían pasado por ningún sistema de verificación o de cotejo para tratar de descartar homónimos”.
Los homónimos, personas con el mismo nombre, fueron un problema recurrente al que se enfrentaron quienes salían a campo, pues las listas que les proporcionaron no contenían en un inicio la fotografía de las personas desaparecidas, lo que dificultaba el trabajo. Tampoco verificaban los datos de documentos como la CURP para confirmar si la persona presuntamente localizada era la misma que buscaban.
La instrucción presidencial de “actualizar” el registro nacional contribuyó a la renuncia de Karla Quintana a la CNB en agosto de 2023. “La intención, muy clara y lamentable”, declaró tras su salida, “es reducir las cifras de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”.
Su sucesora, Reyes Sahagún, cuestionada desde su nombramiento por su falta de experiencia para el cargo y su proximidad a Morena, retomó la ENBG, y continuó con una metodología que consistió en comparar el registro nacional con bases de datos administrativas (como programas sociales, vacunación por covid, IMSS o el padrón del INE) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona.
También se implementó una búsqueda masiva “casa por casa” y por llamadas telefónicas, que generó acusaciones de revictimización por parte de las familias, pues en algunas ocasiones la policía intentó entrar en el domicilio de los encuestados para comprobar si la persona desaparecida estaba escondida. El temor de las familias de las víctimas era que el verdadero propósito de esta apuesta federal fuera “rasurar” el registro, ya que AMLO rechazaba que su sexenio pasara a la historia —con más de 50,000 casos— como el de mayor número de desapariciones.
A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab informaron sobre la clasificación errónea de decenas de casos —desde víctimas de la “guerra sucia” como Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que no estaba en la base de datos de la ENBG, hasta Antonio Díaz Valencia, defensor de Aquila desaparecido en 2023 que figuraba como “ubicado”—, así como de personas registradas con el estatus de localizadas cuando en realidad seguían desaparecidas.
Luisa María Alcalde explicó, cuando era secretaria de Gobernación, en qué consistía la formalización de las localizaciones. (Presidencia)
Escaso avance
La última actualización del llamado censo de AMLO fue en marzo de 2024, aunque el expresidente había asegurado que los avances se informarían mensualmente. Entonces, durante una conferencia “mañanera” en Palacio Nacional, aseguró que se habían localizado 20,193 personas —aún en proceso de formalizar—. La mitad, 10,717, pudo ser ubicada por la información de autoridades locales, y el resto, por las visitas casa por casa (4,656), por informes de defunción (4,629), y por hallarse en centros penitenciarios (191).
El proceso para formalizar una localización consiste en integrar la prueba de vida al expediente de búsqueda o carpeta de investigación, registrar la localización en las bases de datos —federales y estatales—, e informar a la persona denunciante.
En abril de 2025, iniciado el sexenio de Sheinbaum, la Segob informó, según datos solicitados vía Transparencia, que, como resultado de la estrategia, tenían 24,433 registros de personas localizadas, apenas un avance del 21% con respecto a las cifras de marzo de 2024. Pero nuevamente no aclaraba cuántos casos se habían formalizado. Informó también sobre 18,653 registros con indicios de vida o fallecimiento, sin desagregar las cifras.
En otras clasificaciones, los 36,022 registros con identidad, pero sin datos para la búsqueda, reportados por el gobierno en diciembre de 2023, se incrementaron en abril de 2025 a 46,012 (28%), y el número de 26,090 personas sin identidad confirmada disminuyó a 10,915 (58%).
En una nueva solicitud de Transparencia, la Segob informó que, desde 2022 hasta el 2 de abril de 2025, 11,380 registros, poco más de la mitad del total de localizaciones informadas en marzo del año anterior, habían cambiado su estatus en el RNPDNO a personas localizadas con vida, y que 2,059 registros correspondían a personas localizadas sin vida.
Carlos López Buburrón, investigador en el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México (Colmex), considera que, para López Obrador, la CNB no dio los resultados que esperaba. “Narrativamente hablando no pegó la idea de que tantas personas habían sido localizadas, sino más bien pegó la idea de ‘tantas personas no tienen un registro adecuado, bien hecho’”, señala el politólogo.
Observa que, al tiempo que bajaron los homicidios dolosos en el país —hasta el 37%, según las últimas cifras del Gobierno federal—, han aumentado las desapariciones; en el primer año del sexenio de Sheinbaum, la proporción se elevó a 40 víctimas diarias.
Bajar las cifras
En las semanas previas a la reunión de junio de 2024 había una gran presión de Carlos Alberto Reyes, el directivo de la CNB, para que se validaran los cuestionarios y, de ese modo, se pudiera formalizar el proceso y cambiar el estatus de las personas desaparecidas a localizadas, lo que permitiría reducir el número de registros en el RNPDNO. En un chat de WhatsApp creado en abril de ese año por Reyes, el equipo del organismo tenía que informar sobre las actualizaciones en cada estado: el número de expedientes revisados, los documentos faltantes, si la información había sido validada.
Según los reportes de varios integrantes del equipo —a los que tuvo acceso este medio—, los casos no podían ser validados porque faltaban pruebas de vida, o porque el expediente no estaba completo o no contaba con los “documentos físicos”.
De hasta mil registros, los trabajadores de la CNB solo podían validar cuatro, debido a los errores o falta de datos, ejemplifica uno de los extrabajadores, que participó en esa etapa. “Ante eso se planeó instalar un nuevo call center para conseguir la información faltante, pero nunca se llevó a cabo”.
Otro problema que enfrentaron fue que los siervos de la nación, cuando encontraban a personas con una ficha vigente de desaparición, no lo informaban a sus familiares, ni siquiera a quien había levantado el reporte, indicó una de las fuentes que hizo trabajo de campo.
Lo único que solicitaba la SB era que el registro de desaparición fuera dado de baja del RNPDNO. “La intención era bajar la cifra, nunca fue notificar a la familia”, agrega.
“[Y] yo no los puedo dar de baja del registro nacional hasta que no garanticen que ya tienen comunicación con su familia”, precisa el exfuncionario de la CNB.
En uno de los mensajes del grupo de WhatsApp, un integrante del equipo del organismo pide que se den a conocer los criterios para registrar a una persona como “localizada con vida”, pues aunque se ha especificado por qué no puede modificarse el estatus en el RNPDNO, “los registros fueron cambiando”.
La validación de datos de la CNB permitió detectar casos en los que no era posible concluir que una persona hallada en una visita era la misma que tenía el reporte de desaparición. Sucedió, por ejemplo, con menores que eran buscados con datos surgidos de credenciales de elector, que por su edad no podían haber expedido.
“El plan era que se iba a regresar toda esa información a la Secretaría de Bienestar para que volvieran a entrevistar en las casas y consiguieran la información que faltaba o era errónea”, dijo uno de los extrabajadores de la CNB. Pero esto nunca se concretó.
Inicialmente, quienes acudían a las visitas casa por casa no habían sido capacitados en el trato a las familias de personas desaparecidas, lo que se tradujo en numerosas quejas de revictimización; esto cambió cuando en la CNB se elaboró una guía sobre cómo abordar a los familiares y se dejó de acudir a los domicilios con elementos de la Guardia Nacional (GN).
El centro telefónico o call center instalado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para preguntar a familiares si las personas desaparecidas habían regresado a casa también fue reportado por malas prácticas. Integrantes de la GN, asignados para hacer las entrevistas, se presentaban en las llamadas con nombres falsos y carecían también de capacitación para hablar del tema, señaló una persona que trabajaba en esa área, quien pidió no ser identificada. A veces, como reportó este medio, las llamadas generaban sospechas, miedo o falsas expectativas en las familias buscadoras.
Mensajes enviados por Carlos Alberto Reyes, de la CNB, en mayo y julio de 2024. (Especial)
Costo político
El 29 de octubre de 2024, poco después de asumir la presidencia, Sheinbaum dijo que seguiría con la estrategia nacional, que fue diseñada durante su periodo como jefa de gobierno en la Ciudad de México, y que adoptó AMLO para todo el país después de que la hoy mandataria presumió el resultado de las primeras jornadas realizadas en la capital en 2022. “Esta metodología la vamos a seguir”, afirmó.
Cuando el Gobierno federal dio a conocer la última actualización de cifras en marzo de 2024, la Ciudad de México presumía las tasas de éxito más altas: 3,080 personas localizadas de un total de 7,416 casos. Actualmente, el RNPDNO registra 7,551 personas desaparecidas, más que la cifra inicial.
López Buburrón, del Colmex, considera que esta administración apostó por una serie de reformas legales que coinciden con la activación del artículo 34, anunciada en abril por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por considerar que las desapariciones en el país ocurren de manera generalizada y sistemática. Tras analizar la respuesta del gobierno mexicano, el organismo podría llevar el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas.
En Palacio Nacional se vieron obligados a abordar el creciente número de desapariciones, agrega, tras el descubrimiento el pasado marzo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En este centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación se encontraron cientos de prendas y zapatos, presuntamente pertenecientes a jóvenes que eran reclutados o atraídos con propuestas falsas de trabajo para después ser obligados a unirse a las filas del grupo criminal y, si se negaban, eran asesinados.
Ese hecho generó diversas movilizaciones y protestas en el país, donde la imagen de los zapatos sobre el asfalto se convirtió en un símbolo de las desapariciones, y las imágenes del rancho Izaguirre trascendieron a nivel internacional.
“Cuando tienes un escándalo de ese tamaño, algo visualmente tan poderoso [como la imagen de las prendas abandonadas], en un estado que dentro de un año va a ser sede mundialista, el costo político de seguir hablando del censo públicamente era muy alto”, afirma el investigador.
Reemplazar al RNPDNO
La afirmación de Sheinbaum de que solo serán consideradas personas desaparecidas quienes tengan abierta una carpeta de investigación significa para el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), centrar la problemática en la labor del Ministerio Público.
“Al final, es la política de buscar que en todos los casos solamente se contabilicen los expedientes penales para registrar los números en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que va a ser empleada, de facto, como una forma de reemplazar al RNPDNO”.
La imposibilidad de validar la información reunida, debido a la pérdida de documentos y falsificaciones de firmas, obligó a cancelar la ENBG. (Óscar Guerrero/Cromática/ObturadorMX)
Alerta también sobre el hecho de que aquellas familias que recurrían a las comisiones locales de búsqueda para denunciar una desaparición, por tener indicios de una colusión de las fiscalías con el crimen organizado, podrían quedarse sin esa posibilidad, al igual que las familias de personas migrantes, que denunciaban su ausencia en los consulados o la propia cancillería.
La desconfianza en los ministerios públicos, agrega, aumenta la posibilidad de un subregistro en el RNPDNO, al igual que depender de una carpeta de investigación para contabilizar a una persona desaparecida, ya que algunas fiscalías locales se niegan a recibir denuncias.
Ante el anuncio de Sheinbaum, madres buscadoras del Grupo Vida como Silvia Ortiz, señalan que el problema es de origen, pues los registros no contienen los datos completos por acción u omisión de las autoridades ministeriales. Su temor es que, por esta falta de datos, tengan que iniciar desde cero la investigación, y los casos de larga data queden en el olvido.
Durante la “mañanera” del pasado día 18 de diciembre, la presidenta dijo que muchos de los casos “históricos” de desaparición no se relacionan con la delincuencia organizada y menos aún son causados por el Estado. “Hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares”, aseguró, “pero las familias, obviamente, los reportan como ´desaparecidos´ porque no se comunican con ellos”.
Para Contreras, es “irrelevante si la persona estaba peleada con la familia o no, el punto es la obligación del Estado, que es saber dónde está, asegurarse primero de que está bien y ya después determinar si hubo o no un delito, pero eso no es posible si no se sabe dónde está la persona desaparecida”.
Si bien el término de ausencia voluntaria existe en el Protocolo Homologado de Búsqueda, agrega el abogado, el temor se centra en el cierre de carpetas de investigación ante la falta de pruebas aportadas por familiares, a eso se le suman los contextos de personas que no pueden denunciar por razones de inseguridad, violencia, e incluso falta de traductores en comunidades indígenas, y “también por la cantidad de fiscalías locales a las que las familias les tienen terror”.
Hace unas semanas fue aprobado el nuevo Protocolo Homologado de Búsqueda, que integra las nuevas herramientas establecidas en las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones. El documento, según reportes periodísticos, obliga a los ministerios públicos a iniciar una investigación cuando reciban el reporte de una desaparición, y a realizar análisis de contexto en los casos de larga data.
Para el abogado del Centro Prodh, la intención de la presidenta es clara: “Que la cifra de 133,000 personas desaparecidas deje de sonar como un gran problema y se convierta en una cuestión de ‘seguramente no regresaron a la casa esas personas, pero están bien’. Y entonces dejar de reconocer la problemática de la desaparición, la dimensión de la crisis, la magnitud de la gravedad de la violencia en nuestro país”. Al final, concluye, va a ser la misma política implementada en el sexenio de López Obrador para intentar reducir las cifras de personas desaparecidas.
**Foto de portada: Andrés Manuel López Obrador al anunciar, en diciembre de 2023, los primeros resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. (Presidencia)
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