Persecución judicial
Estrategias legales para eliminar rivales políticos en Veracruz

Por Flavia Morales

Lee aquí la investigación completa:   https://avcnoticias.com.mx/Persecucion_Judicial_Veracruz/

Xalapa, Ver.- (AVC)  Angélica Sánchez aún era jueza en Veracruz cuando tomó la que quizá es la decisión más complicada en sus 25 años de vida profesional: no vincular a proceso judicial por el homicidio de dos personas al presunto capo Itiel N, alias “Compa Playa”. Era junio de 2023.

El caso ha sido prioridad para el gobernador morenista Cuitláhuac García, quien en 2020 anunció la detención de Itiel N como un logro de su gobierno por ser generador de violencia, dedicado a la desaparición y el tráfico de drogas.Para el gobierno federal, es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Sin embargo, magistrados del segundo tribunal colegiado federal evidenciaron, en un amparo en revisión, que la jueza desestimó pruebas aportadas por la defensa en la carpeta de investigación. Por ello, pidieron no vincular a proceso a Itiel N y resolver los vicios o fallas de su resolución inicial. Sánchez decidió acatar la resolución federal. 

La exjueza local narra que recibió una llamada amenazante. Provenía del despacho de Libeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, quien la incriminó por haber acatado el fallo del juez federal. 

—Me dijo: “¿en qué momento me comunicaste cómo ibas a resolver? Atente a las consecuencias”. Y me colgó—, relata Sánchez. 

La exjueza fue citada para el lunes siguiente, a las 10 de la mañana, a una reunión en las oficinas del Poder Judicial de Veracruz. “Fue una trampa, porque desde el domingo elementos de la policía ministerial estuvieron vigilando mi casa. Estaban esperando el momento de detenerme. Lo hicieron 150 metros adelante de mi casa”.

Cuando iba en camino, dos camionetas con unos diez policías le cerraron el paso. Le preguntaron su nombre y una oficial la sacó de su auto por la fuerza y se la llevó detenida. “Me bajaron a jalones, me jalaron de los brazos, me subieron a la patrulla y me llevaron”, relata Sánchez. Dice que la resistencia era inútil. “Soy chiquita, mido 1.53 metros y tengo 57 años”. 

El día de la detención, en conferencia de prensa, el gobernador acusó a la exjueza de recibir dinero a cambio de esa liberación. Ella lo niega: “Nunca recibí nada. Esa acusación ni siquiera aparece en alguna carpeta de investigación”. Asegura que la detuvieron como represalia a esa resolución federal que acató. 

Su arresto fue noticia nacional. Incluso, mereció el pronunciamiento de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, quien dijo que, “de ser ciertos”, los hechos “revelarían la violación de las normas internacionales relativas a la independencia del Poder Judicial (…) me preocupa el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros jueces en el país”.

La historia de Angélica Sánchez es muestra del actuar del Poder Judicial y de la Fiscalía de Veracruz, cuestionados en diversas sentencias de jueces y magistrados federales por caer en abusos, como detener y judicializar sin pruebas en casos con tintes políticos. 

Esta historia se suma a otros 30 encarcelamientos y detenciones de personajes políticos, entre ellos un exfiscal, otro juez, dirigentes políticos, exfuncionarios y aspirantes a puestos de elección durante el gobierno de Cuitláhuac García. Todos ocurrieron entre 2019 a 2023. El 76 % de los acusados militaba en partidos de oposición al gobierno en turno. 

Para esta investigación periodística de AVC Noticias, Proceso y CONNECTAS se examinaron decenas de sentencias y amparos de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Estos revelan que la Fiscalía de Veracruz y el Poder Judicial local sustentaron el encarcelamiento de personajes políticos basándose en investigaciones con fallas graves.

La Fiscalía local acusó a políticos y exfuncionarios de cometer delitos tan serios como homicidio, secuestro, desaparición forzada y extorsión. A otros los señaló de cometer actos ilícitos menores, como amenazas, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, entre otros.

En nueve de estos casos no se pudo demostrar la culpabilidad y los políticos están libres. En otros 11, los políticos siguen su proceso en libertad porque las medidas de prisión eran excesivas y diez continúan en prisión librando una batalla judicial. 

Los jueces federales encontraron que, en al menos diez de estas investigaciones de la Fiscalía, había inexistencia o insuficiencia de pruebas. Incluso, hubo pruebas basadas en sospechas, especulaciones y argumentos vagos, sin lógica ni conexión, como puede leerse en los expedientes. Los amparos ponen en evidencia que, en cinco casos, las pruebas de culpabilidad están basadas en informes policiales imprecisos. 

Los jueces calificaron algunas resoluciones como “inconstitucionales”.

Es el caso de Nicolás Ruíz, quien era candidato de oposición a la presidencia municipal de Minatitlán cuando fue detenido el 23 de abril de 2021. Primero lo acusaron de privación ilegal de la libertad y amenazas. Luego, de ser el presunto autor intelectual del asesinato de un líder transportista. 

La Fiscalía basó su investigación en testigos protegidos que señalaron haber recibido órdenes del entonces candidato para cometer el asesinato. Sin embargo, hubo testigos que no se pudieron localizar y testimonios que fueron calificados por magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal como carentes “de veracidad, verosimilitud, idoneidad, pertinencia y razonabilidad” y los datos de prueba como “aislados y pobres”.

En otros casos, algunos testigos son los propios policías, personas de identidad protegida o supuestos declarantes que luego han negado sus declaraciones. Asimismo, hay testimonios que los jueces calificaron de “oídas”, pero que sirvieron de “evidencia” para procesar a los indiciados. O sea, se trata de testigos que incriminan al presunto culpable por hechos que supieron a través de terceros. 

El 24 de julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que un testimonio de oídas no puede ser valorado como prueba válida en una sentencia penal, pues no se desahoga de manera oral, personal y directa y no hay posibilidad de contradecirla.

Norma Azucena Rodríguez, exdiputada del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD); José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado e integrante de Movimiento Ciudadano (MC), y José Trinidad de la Cruz, regidor del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pasaron más de un año en prisión acusados de homicidio calificado. Sus casos fueron resueltos por magistrados de tribunales colegiados, quienes otorgaron la libertad ante falta de pruebas y ausencia de señalamientos directos. 

Los jueces federales también cuestionaron a togados locales por la imposición de medidas cautelares excesivas y, por tanto, contrarias “a los principios constitucionales”, en delitos no graves. Lo hicieron basándose en dictámenes periciales elaborados por la Secretaría de Seguridad Pública, parte de la estructura del gobierno de Veracruz. 

Personajes políticos como Tito Delfín, exalcalde de oposición; Yolli García, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información; Bernardo Molina, exsubsecretario de Finanzas, y José Alfredo López, exsíndico de Actopan, ejemplifican estos excesos. Recibieron prisión preventiva justificada, aun cuando los delitos que se les imputaron eran menores. 

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, un juez de control no debe aplicar “medidas más graves que las previstas” en este documento y “deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado”.

Sobre los cuestionamientos a la prisión preventiva, la fiscal Verónica Hernández señaló en conferencia, en agosto de 2023: “Es falso que la Fiscalía no haya podido argumentar. Es falso lo que muchos medios han querido hacer ver. No es una deficiencia. Al contrario, no han declarado inocente a nadie, lo único que se debate es la medida”.  Para este reportaje se solicitó una entrevista con Hernández, pero no se recibió respuesta hasta el cierre de este texto. 

Los jueces veracruzanos también son señalados por jueces federales y magistrados de avalar traslados involuntarios a penales federales fuera del estado, lo cual entorpece los procesos judiciales. 

Ejemplo de ello es lo ocurrido con Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz, acusado de desaparición forzada y trasladado al penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México. Una prisión que alberga a capos del narcotráfico. Su llegada a este lugar le generó falta de atención médica, según denunció al director del penal. 

Las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos han acusado al sistema de justicia veracruzano por violentar los derechos humanos, como expresó Sánchez en su arresto. Ella asegura que, cuando fue detenida, un policía de operaciones especiales la obligó a disparar. “Me tomó la mano y puso mi dedo índice en el gatillo de una pequeña pistola”, cuenta la exjueza.

Después, vigilada por varios guardias armados, Sánchez dice que la forzaron a firmar “cinco o seis” hojas en blanco de un informe policial que narra hechos que nunca sucedieron. El parte decía que iba manejando en sentido contrario. Por eso, la patrulla le marcó un alto, pero, al acercarse, ella sacó una pistola e intentó agredir a los guardias.

La relatoría de hechos de la policía sirvió como prueba para que la Fiscalía de Veracruz le fincara dos delitos. El primero contra las instituciones de seguridad pública, por la presunta agresión a policías con un arma. El segundo contra la salud, porque dijeron que transportaba droga. “Cuando me tomaron las fotografías vi la puesta en escena de la droga, era un cartón negro con los sobrecitos de droga pegados”, narra Sánchez. 

La narrativa de la detención de la exjueza coincide con otros relatos judiciales en carpetas de investigación por el delito de ultrajes a la autoridad, donde se acusa a los personajes de agredir a policías estatales. 

Solo entre 2022 y 2023, en Veracruz, 369 personas fueron detenidas por el delito contra las instituciones y tienen procesos penales abiertos. En la misma fecha, 17 personas fueron sentenciadas, según estadísticas del Poder Judicial.

Más del 60 % de las detenciones a personajes de la política se realizaron en 2021, un año clave para Morena, pues enfrentaba su primera elección como partido oficial. En junio de ese mismo año, se eligieron 212 presidencias municipales y 50 diputados locales para renovar el Congreso. Ese año, 15 políticos de oposición fueron detenidos. 

En marzo de 2021, apareció la reforma a dos artículos del Código Penal, “ultrajes a la autoridad” y “contra las instituciones”, en la Gaceta Oficial de Veracruz. Implicaban aumentar las penas y agravantes para castigar a quien amenazara o agrediera a un servidor público por ejercer sus funciones.

Solo entre 2022 y 2023, en Veracruz, 369 personas fueron detenidas por el delito contra las instituciones y tienen procesos penales abiertos. En la misma fecha, 17 personas fueron sentenciadas, según estadísticas del Poder Judicial. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derogó el delito de ultrajes el 28 de febrero del 2022, debido a que transgredió los derechos humanos. Según estadísticas de la Fiscalía de Veracruz, cientos de personas, desde activistas, políticos, personas comunes y hasta jefes de la delincuencia organizada, fueron encarceladas, acusadas de agredir a policías. 

Además, en 2022 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz recibió 16 quejas por detenciones arbitrarias derivadas de este delito y emitió una recomendación por violaciones a la libertad. Aunque se derogó en 2022, el Poder Judicial informó, para esta investigación, que ese año se emitieron cinco sentencias y dos personas siguen en prisión.

Por esta controversial reforma al código penal, el Senado de la República creó una comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en Veracruz, la cual documentó 90 casos. Sin embargo, la comisión desapareció debido a la presión política de 30 senadores de Morena que se expresaron en contra, de acuerdo con el exsenador Dante Delgado, uno de sus principales integrantes. 

Para este trabajo periodístico, se solicitó vía Transparencia copia de los expedientes analizados en esa comisión, pero no se tuvo acceso a ellos debido a que la información fue clasificada como confidencial por un año. 

Los casos revisados siguieron un mismo patrón: la Fiscalía imputó los delitos y los jueces locales sostuvieron la investigación dando prisión preventiva oficiosa o justificada. En algunos casos, la prisión frenó las aspiraciones políticas de los imputados, como sucedió con los exlíderes de oposición del PRD y del Partido de Acción Nacional (PAN) y aspirantes a cargos de elección popular de partidos como MC, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido del Trabajo (PT). 

Después, los casos –al menos nueve– fueron exhibidos en ruedas de prensa por el mismo Cuitláhuac García y en la conferencia mañanera presidencial, con imprecisiones y exageraciones sobre los hechos o los delitos por lo que realmente fueron detenidos. 

Por ejemplo, Fabián Cárdenas, exalcalde de Lerdo de Tejada, fue mostrado en la conferencia mañanera presidencial, el pasado mes de julio como “integrante de una banda de secuestradores”. Tras su detención en diciembre del 2021, el gobernador Cuitláhuac García dijo que “su comportamiento daba indicios de delitos”. Sin embargo, los dos expedientes judiciales abiertos en su contra evidencian lo contrario. 

En la carpeta por secuestro equiparado, la víctima dice no haber tenido “contacto” con “la persona imputada de manera personal” y que las amenazas de privarlo de la libertad provenían de un teléfono que se asocia con un empleado de Fabián Cárdenas. En otro expediente por secuestro, la víctima dice nunca haber estado secuestrada. 

Además, hay otro procedimiento irregular identificado por jueces federales: los jueces veracruzanos validan las pruebas que aporta la Fiscalía sin mayor análisis “actuando como sujetos pasivos, haciendo ineficaz su función”, como lo hizo ver el juez federal primero de distrito, Fermín Santiago. 

A pesar de las deficiencias en las causas judiciales, las sanciones contra jueces son escasas. Según datos del Poder Judicial, entre 2019 y 2023 se iniciaron 22 quejas, procedimientos administrativos y sanciones en contra de jueces por malas actuaciones. Pero diez fueron desechadas. En cuatro se inició un proceso sancionador y las demás están en trámite.

Los reveses en contra del actuar de jueces locales en Veracruz fueron exhibidos en la tradicional conferencia mañanera en varias ocasiones. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un espacio semanal para exhibir a jueces de “liberar a delincuentes”.

Las detenciones políticas revisadas para esta investigación periodística generaron pronunciamientos nacionales de partidos políticos y legisladores, quienes señalaron a Cuitláhuac García de perseguir a la oposición. 

Esto pone en evidencia el uso de la justicia a conveniencia, explica Alberto Olvera Rivera, académico de la Universidad Veracruzana. “En Veracruz, se superaron los niveles de descaro y hay un uso político del sistema judicial”, afirma. Según su análisis, Fiscalía, policías y Poder Judicial se han usado “como un mecanismo de sanción en contra de enemigos y aliados del gobierno con el objetivo de mantener el control”.

Para este investigador universitario, el gobierno de García también ha buscado, mediante mecanismos judiciales, eliminar a los dirigentes de oposición que no se han sometido a las reglas impuestas o disciplinar a militantes. “El uso de la justicia llegó a niveles de escándalo", subraya.

Ante señalamientos reiterados por su intervención en los casos, el gobernador se ha deslindado en repetidas ocasiones. En agosto de 2023, en una conferencia de prensa, dijo: “Desde la llegada de nuestro gobierno, nunca entablamos una persecución política contra nadie. Nosotros planteamos el apego al estado de derecho y entre sus líneas de implementación está hacer justicia por casos de corrupción. Ninguno es por venganza política”.Para este trabajo periodístico se solicitó una entrevista con el gobernador a través de su oficina de prensa, pero no se obtuvo respuesta. 

Abogados, expertos académicos y organismos de jueces han advertido que casos como el de la exjueza Angélica Sánchez ponen en riesgo la independencia judicial, además de que en otros casos se observó el uso faccioso del sistema penal en Veracruz a conveniencia política. 

Laurence Pantin, autora dellibro Independencia judicial. ¿Dónde estamos, documentó que las estrategias de los gobiernos estatales para socavar la independencia judicial son los señalamientos sistemáticos y la captura política de las jerarquías del Poder Judicial. “Una vez que están controladas, estas autoridades pueden dar instrucciones a las personas juzgadoras sobre el sentido de sus decisiones y, si se resisten, las cambian de adscripción, les realizan investigaciones y los pueden sancionar”, advierte. 

Pantin también escribe que el caso de la exjueza Angélica Sánchez ejemplifica lo anterior. Señala que otras acciones hechas en Veracruz, como la destitución de Sofía Martínez como titular de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia son delicadas, pues se puede “desestabilizar un Poder Judicial” y eso es uno de los mayores indicadores de la falta de independencia judicial. 

Ahora, tras la aprobación de la reforma judicial en México el 10 de septiembre, organismos nacionales e internacionales temen por la independencia de los jueces federales. 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los posibles efectos negativos en el acceso a la justicia, la independencia judicial y el Estado de Derecho. La reforma incluye la elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte, así como de jueces y magistrados en todo el país.

La organización México Evalúa, experta en temas judiciales, advirtió que la reforma pone en riesgo el derecho de las personas a ser juzgadas por un tribunal independiente. Además, señaló que la elección de jueces por voto directo podría aumentar la presión externa sobre las decisiones judiciales, favoreciendo intereses económicos, políticos o criminales, y elevando el riesgo de corrupción.

Antes de la reforma, el gobernador García ya había criticado a los jueces federales por liberar a personajes políticos encarcelados durante su gobierno, los señaló de ser “garantistas”  y  afirmó que en su gobierno no había presos políticos. 

Ahora dos nuevas investigaciones reactivadas en julio pasado tras el proceso electoral lo pusieron nuevamente en el foco de los cuestionamientos. 

Se trata de carpetas judiciales abiertas por la fiscalía de Veracruz en contra de Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, hijos del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. Ambos, en la pasada elección, resultaron elegidos como senador y diputado local, respectivamente, por el PAN.

Fernando Yunes dijo a Radio Fórmula Noticias que fue acusado por haber obligado a un empleado municipal a “asistir a una marcha y trabajar en una casa de campaña” y por incumplimiento de un deber legal, por permitir la construcción de una torre de varios pisos en el centro histórico de la ciudad. 

Por su parte, Miguel Ángel Yunes Márquez tiene una carpeta de investigación abierta desde 2021 por presentar un documento falso para acreditar la residencia en Veracruz. Apenas llegó al Senado ha evitado ser crítico contra el presidente y sus políticas de reforma 

Su voto fue clave para que Morena alcanzara la mayoría calificada en el Senado y se lograra la aprobación de la reforma judicial y  el traspaso de la Guardia Nacional al control del Ejército. 

Esta simpatía por Morena le causó su expulsión del PAN, donde militó por más de 20 años. El dirigente nacional del partido, Marko Cortés, lo llamó “traidor” y lo acusó de negociar su voto presionado por las denuncias en su contra. 

A pesar de las críticas, Miguel Ángel Yunes aparece sonriente, retratado junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y es parte de la comisión de justicia en el senado, un puesto que le correspondía a senador de Morena. 

Mientras el debate continúa, la justicia federal sigue revocando investigaciones de la Fiscalía local y cuestionando a los jueces, señalados por actuar como instrumentos de los poderes políticos.