Desterrados por el narco: El invisible desplazamiento forzado en México
Por Proceso y CONNECTAS
En México se vive una disputa armada entre grupos de la delincuencia organizada por el territorio y las economías locales. Los narcotraficantes han extendido su poder a la imposición de cobros por la explotación de minas, maderas preciosas, productos agrícolas, tráfico de migrantes y otros productos, que les generan ganancias millonarias.
Aterrorizados por el creciente poderío bélico de estos grupos armados irregulares, cientos de miles de mexicanos se han visto obligados a huir de sus casas y esconderse en montañas, cerca de bosques o incluso en zonas urbanas marginadas en busca de seguridad. Es el resultado de una guerra que inició hace casi ya dos décadas en nombre del combate al narcotráfico y que se ha prolongado con la atomización de los grupos delictivos, pero sin que por muchos años se reconociera oficialmente la existencia de conflictos armados internos.
Tan solo en 2023, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización no gubernamental que forma parte de la Red Internacional de Derechos Humanos, registró más de 40 hechos de desplazamiento por violencia en al menos once estados. Esto representa un aumento de 160% con relación a 2022, cuando se presentaron 25 eventos.
El Gobierno no cuenta con cifras que permitan conocer la magnitud del desplazamiento ni los perfiles de las personas desplazadas. Uno de los pocos datos oficiales relacionados con el tema es del Censo de Población y Vivienda del 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y según el cual 251 mil 513 personas se mudaron a otro municipio debido a la violencia criminal y la inseguridad, entre 2015 y 2020.
Esta investigación de Proceso y CONNECTAS muestra cómo el desplazamiento fruto de la violencia de grupos criminales se ha incrementado en el actual sexenio. Estos destierran a pobladores para apoderarse de rutas del trasiego de droga o para la trata de personas migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras, las familias prefieren salir para evitar el reclutamiento de sus hombres jóvenes para actividades ilícitas o que sus comercios, producción agrícola y negocios deban pagar “cobro de piso” a esos grupos.
Un equipo de reporteros de Proceso viajó a algunas de estas comunidades en seis estados del país. Entrevistaron a personas que permanecen en zonas sitiadas y a otras que sólo vieron la opción de huir y dejarlo todo, en pueblos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Chiapas, estados donde la CMDPDH ha documentado desplazamiento forzado durante el actual sexenio.
Hallaron, por ejemplo, que en Guerrero hay familias que sufren un doble desplazamiento. En 2019 salieron de una comunidad del corredor de la Sierra Madre del Sur que pertenece al municipio de Leonardo Bravo, uno de los principales productores de la goma de opio en México. Encontraron refugio en las tierras cálidas de Chichihualco. Pero desde 2023 las balaceras, amenazas y presencia de grupos criminales en esta última comunidad cerca de la capital del estado, Chilpancingo, nuevamente los empujan a salir de lo que creyeron una nueva oportunidad de vida.
Lejos de ese lugar, un hombre de Palmas Altas en la Sierra de Jerez, Zacatecas, en el centro-norte de México, se queja lastimosamente: “aquí se sintió como si se acabara el mundo”, al recordar los truenos de la balacera y el chirriar de las camionetas de los narcos del Cártel Jalisco Nueva Generación, la noche del 4 de marzo del 2021. Los criminales expulsaron a los pobladores a punta de metralleta, dejando más de medio pueblo vacío. A la fecha, los vecinos solo han podido volver de manera intermitente, mientras enfrentan graves pérdidas de su patrimonio.
En el norte de México, la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, muestra casas quemadas o destruidas. Los árboles están como cadáveres tirados a los lados del camino y hasta los templos católicos se encuentran cerrados. El silencio envuelve pueblos abandonados por las amenazas de los criminales que, ante la baja del precio de la goma de opio y la marihuana, han tomado la tala de árboles y el control de la minería como su nuevo negocio. Esa zona forma parte del famoso “Triángulo dorado” (región entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango), donde el narcotráfico se ha entronizado desde hace décadas.
En esa zona, del lado de Sinaloa, la tierra de Joaquín Chapo Guzmán, hay miles de personas expulsadas de los territorios históricamente controlados por el Cártel de Sinaloa. Fueron forzadas a dejar sus tierras y muchas de ellas llegaron en calidad de invasores a las periferias del estratégico puerto turístico, comercial y pesquero de Mazatlán.
Además de sufrir la falta de servicios, son presa de políticos que los engañan con supuestas escrituras de propiedad.
La descomunal batalla que se ha desplegado entre los dos cárteles más poderosos del país, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, también se extendió al sur del país. Atraídos por la posibilidad de traficar con los miles de inmigrantes que ingresan al país por Chiapas y por controlar las zonas de aterrizaje de las cargas aéreas del narcotráfico semiocultas en la selva, ambos grupos expulsan de los municipios a lo largo de las zonas fronteriza y sierra a miles de personas, en una crisis que apenas muestra su rostro.
Mientras tanto, en Michoacán, en el Pacífico sur, los desplazados han encontrado en municipios como Coahuayana, una zona costera bordeada de bosques, la protección de autodefensas y autoridades locales que brindan tierras y trabajo. Otros continúan su recorrido hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde piden refugio y asilo político, expulsados por extorsiones, secuestros y asesinatos.
“Después de un desplazamiento, incluso mucho tiempo después, hay amenazas muy graves a la vida e integridad de las personas. Muchas veces, los agentes criminales persiguen a las personas después de su desplazamiento. Por eso vemos cada vez más personas de Michoacán, Guerrero, ahora de Chiapas también, en la frontera norte, porque saben, entienden, que es ahí donde tienen la oportunidad de escapar”, enfatiza Laura Alvarado, oficial de desplazamiento de la CMDPDH.
Dura realidad
En junio de 2023, transcurridos cuatro años del actual gobierno, la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary, señaló el recrudecimiento de la violencia, el incremento del desplazamiento forzado como uno de sus efectos, así como la falta de respuesta y acciones de gobierno para responder a la población afectada.
“Personas desplazadas internas, representantes de Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil describieron casos de desplazamiento interno vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón del género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros”, expuso esta abogada especializada en desplazamientos forzosos y migraciones, basada en lo recogido durante su visita. Mientras esto ocurre, prevalece la “impunidad” y la “ausencia del Estado”, apuntó en el informe.
Sin un registro que muestre la magnitud de este fenómeno cada vez más evidente, pero desatendido por el gobierno federal a lo largo de ya casi tres sexenios, el desplazamiento forzado interno es una dolorosa cotidianidad en numerosas comunidades. Esto ha sido particularmente grave en zonas rurales e indígenas, lo mismo en la sierra de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos que en los límites al sur con Guatemala.
La CMDPDH estima que, hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México. Esta cifra representa casi la mitad de la población de un estado como Colima. Sin embargo, consultados por los registros y programas de atención a personas desplazadas, la mayoría de los 32 gobiernos y fiscalías estatales dicen no contar con información sobre la situación.
Una respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Baja California ejemplifica la falta de coordinación entre autoridades para atender a quienes llegan a la frontera norte: desde 2019, “diversas instituciones de la administración pública federal han empezado a realizar esfuerzos con el fin de planear y construir la respuesta gubernamental a la problemática, pero no se dan a conocer a esta comisión para prestar la ayuda necesaria en cada caso en particular, motivo por el cual, no tenemos canalizaciones de víctimas, por este fenómeno”.
En noviembre de 2023, la situación fue expuesta en un reporte elaborado por el colectivo EPUmx, un conglomerado de 100 organizaciones, redes y colectivos de sociedad civil nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México. Fue difundido previo a la comparecencia del gobierno mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en lo que se denomina Examen Periódico Universal (EPU), el 24 de enero de 2024 en Ginebra.
En el documento, el colectivo asentó que hay distintos niveles de violencia que generan múltiples violaciones a derechos humanos, que conllevan corrupción, marginación, impunidad. Ello “provoca la ruptura del tejido comunitario y desplazamiento forzado de miles de personas de sus territorios históricos”. EPUmx destacó como graves los eventos de desplazamiento en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Guerrero.
Preocupación internacional
Al inicio del gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se reconoció por primera vez, de manera oficial, que la violencia por el crimen organizado es una causa del desplazamiento forzado interno en México. Eso ocurrió en abril de 2019, mediante el pronunciamiento hecho por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación asumió el tema y comenzó a publicar una bitácora de actividades en su página oficial. Sin embargo, hasta ahora estas solo han consistido en cursos, asistencia a foros, publicaciones de estudios sobre el fenómeno y capacitaciones a funcionarios, según el registro entre abril de 2019 y diciembre de 2023. Se solicitó entrevista con personal de dicha unidad a través de correos institucionales y el área de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.
Para esta investigación, Daniel Márquez Bocanegra, también oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, dijo que, a pesar del reconocimiento público hecho por el actual gobierno, no existe una política nacional para atender el fenómeno. Eso tiene consecuencias importantes en las víctimas: desintegración familiar, victimizaciones, pérdida de identidad, de propiedades y medios de subsistencia; afectaciones físicas, emocionales, sociales, mientras las personas no hallan una solución específica para su situación.
Con visitas, informes y recomendaciones formales, organizaciones no gubernamentales e instancias nacionales e internacionales, como la ONU y la CIDH, han pedido al gobierno mexicano que, de manera urgente, tome acciones para frenar la violencia de los grupos criminales que provoca el desplazamiento forzado.
También han subrayado que el gobierno de López Obrador –que termina su mandato el 30 de septiembre– no ha levantado un registro de las víctimas. Tampoco se han ofrecido soluciones permanentes a quienes fueron forzados a salir de sus lugares de residencia. Asimismo, recuerdan que está pendiente de aprobar una ley para asignar responsabilidades y presupuesto con el fin de atender a las víctimas, la cual se encuentra detenida en el Senado de la República.
En sus recomendaciones, Jiménez-Damary urgió al gobierno mexicano a que adopte, sin más demora, la ley general sobre el desplazamiento interno. También insistió en que debe alentar a que en los 32 estados se tengan leyes locales, con la asignación presupuestaria y un sistema administrativo adecuado, crear los registros estatales y que estos confluyan en un registro nacional.
Aunque es cierto que hay propuestas de reformas y de ley federal por legisladores de varios partidos desde 1998 hasta el 2020, ninguna ha prosperado hasta convertirse en ley vigente. Por ejemplo, el 20 de septiembre del 2020, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la diputada Rocío Barrera Badillo del partido oficial Morena. Se trata de una ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en México.
Pero para que entre en vigor y sea aplicada, esta ley debe ser aprobada también por el Senado, lo que no ha ocurrido. “No hay voluntad política para reconocerlo y aprobar la Ley”, admite la senadora de Morena, Nestora Salgado, originaria de Guerrero.
Por su parte, la CMDPDH señala que el Gobierno se escuda en que hace falta una ley de desplazamiento para atender a las víctimas, pero podría actuar porque la mayoría de sus necesidades están previstas en otras leyes. Y, a casi cinco años desde que el actual gobierno federal reconoció el desplazamiento forzado interno, la mayoría de las personas en esta situación “sigue enfrentándose a los mismos retos y vulnerabilidades de hace cinco años, sin poder contar con programas o instituciones que ofrezcan respuestas adecuadas para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales”, remarca la organización.
Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo se ha referido al tema como casos menores o temporales. Por ejemplo, en marzo de 2022, sobre la situación de desplazamiento en Aguililla, Michoacán, dijo que “se está buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos”. Recientemente, el 8 de febrero, sobre el éxodo de comunidades en Chiapas, reconoció no tener cifras, pero insistió en que “son muy pocos” los afectados, porque la situación “ya se ha tranquilizado bastante”.
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