25N: Sobrevivientes de feminicidio, el largo camino a la justicia
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Una cubeta llena de herramientas voló por la habitación, la había arrojado Carlos N sobre sus hijos menores de edad, que apenas alcanzaron a salvar sus cabezas; su esposa Grace lastimada por los golpes, los defendió y pidió ayuda a la policía municipal, denunció violencia familiar, amenazas e intentó de feminicidio ante la Fiscalía General del Estado, el agresor estuvo en prisión preventiva oficiosa y un juez dictó libertad.
Era junio del año 2019, cuando Carlos a bordo de su automóvil llevó a Grace a una comunidad cercana a Perote, y en un terreno baldío la golpeó, la pateó, intentó asfixiarla con las manos, en ese momento una familia pasó vio el acto y el agresor la volvió a subir al vehículo para llevarla a su hogar, dónde violentó también a sus hijos.
“Los vecinos llamaron a la policía, lo detuvieron en flagrancia, él estaba golpeándome, y él comenzó a amenazar a los policías diciendo que tiene protección. Lo detuvieron unas horas y lo dejaron libre; puse denuncia ante FGE y lo dejan libre; ahora está en prisión por otro delito por tema de secuestro”.
Grace y Carlos llevaban una relación de concubinato de 10 años; el agresor dedicado a ofrecer servicios de seguridad a funcionarios del ayuntamiento de Perote, se presume que tuvo la protección de autoridades.
En el año 2020, después de haber denunciado intento de feminicidio y violencia familiar, el procurador del DIF municipal de Perote, Jair N citó a Grace para insistirle que debía aceptar un convenio de visitas para que Carlos conviviera con ella y sus hijos.
“Tenía muchísimo miedo, no conocía de mis derechos y de eso se aprovechan las autoridades. En una de esas convivencias, Carlos se llevó a uno de mis gemelos, por un año y medio no pudimos verlo; mi hijo el otro gemelo que se quedó conmigo quería ver a su hermano, no lo dejaron verlo, fue muy triste”.
Carlos fue denunciado, detenido por la FGE, recibió la imputación de un juez del Poder Judicial de Veracruz por el presunto delito de violencia familiar y feminicidio, además dictó prisión preventiva de 1 año.
En septiembre del 2022, salió libre porque el Juez local determinó que no había delito, luego de que la FGE no pudo acreditar la violencia, y tampoco pudo demostrar que Grace y Carlos habían sostenido una relación de concubinato por 10 años.
“En el proceso penal que llevamos, el juez determinó que es inocente porque Fiscalía no logró acreditar el concubinato ya no existe el concubinato, ya no había violencia familiar, mi agresor sale libre y continuó amenazándome, deje mi trabajo porque me perseguía”
Pese a las denuncias de violencia familiar, sustracción de menor, violencia de género, amenazas y un proceso penal por violencia familiar, el juez del PJV dejó en libertad a Carlos N, tiempo que ocupó para delinquir y ahora está una vez más en prisión acusado por el presunto delito de secuestro en agravio a otras familias.
Grace denunció las violaciones a sus derechos humanos ante el Tribunal de Alzada, un Juez federal ordenó la reposición del proceso penal, y a la FGE que investigará una vez más.
El próximo 06 de diciembre habrá una audiencia en la Jurisdicción del Poder Judicial del Estado en el municipio de Jalancigo, en el que Grace tendrá que estar frente a su agresor
Grace se quedó a cargo de la manutención de sus dos hijos, Carlos N en prisión por el presunto delito de secuestro no cumple con dar pensión alimenticia; y aun no recibe castigo por el intento de feminicidio.
“La justicia nos debe muchísimo, no nada más en lo económico, los procesos son largos, tardados, en los procesos se prioriza al agresor, pareciera que la ley los favorece para salir libres, y a quién nos recriminan y hacen daño es a nosotras las víctimas”, finalizó Grace dedicada a hacer manualidades para sostener la alimentación de sus hijos y el hogar.
De víctima de intento de feminicidio a demandada
Victoria, una médica cirujana fue víctima de intento de feminicidio y privación ilegal de la libertad; los policías lo detuvieron en flagrancia, salió libre al pagar una sanción administrativa, ahora el agresor, Luis Fernando N de profesión médico, la demandó por presunto daños a la moral y le exige que pague 1 millón de pesos.
Los dos profesionistas habían sostenido un noviazgo por cuatro años en Orizaba municipio ubicado al centro de Veracruz, el cuál finalizó por los celos y violencia que él ejercía, posterior ella viajó a Playa del Carmen estado de Quintana Roo para trabajar como médica del turismo y alejarse del agresor.
Unos días después, en junio del 2023 llegó Luis Fernando al departamento que ella rentaba en Playa del Carmen, para solicitarle reanudar la relación, al negarse la médica, su expareja comenzó a golpearla hasta intentar asesinarla.
“Me agarró a golpes porque no quise mostrarle mi celular. Yo no quise porque apenas mi mamá me había enviado mensajes diciéndome que él iba hacía a mi, diciéndome que tuviera mucho cuidado. No le di el teléfono, me golpeó, me pateó, me empezó a ahorcar, quiso quitarme la vida”.
Luis Fernando se detuvo para amenazarla y obligarla a regresar a Orizaba bajo la amenaza de si no accedía, él haría daño a su familia.
“Regresé en contra de mi voluntad. Él pagó con mi tarjeta los boletos de regreso, viajamos por 23 horas, en el camino me pidió disculpas por los golpes tengo la grabación. Le llamé a mis amigos, denuncié y cuando llegamos a Orizaba ya estaba la policía municipal para detenerlo”
Mientras Victoria denunciaba ante la FGE, y se ocupaba de cumplir con el peritaje médico y psicológico; la policía municipal de Orizaba dejó en libertad a Luis Fernando tras pagar una multa administrativa de 1mil 700 pesos.
Posterior, Victoria ofreció una conferencia de prensa en Xalapa para informar que la policía municipal había dejado en libertad al agresor, y que la FGE se declaró incompetente para investigar el intento de feminicidio y decidió que la autoridad responsable era el estado de Quintana Roo porque allá sucedieron los hechos.
“En junio en Fiscalía integraron mi carpeta, se fueron de vacaciones los de Fiscalía, y es ahí cuando él y su hermano me demandaron por daño moral porque volví mediático el caso, cada uno me están pidiendo 50 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización), asciende a un millón de pesos”.
Tras la rueda de prensa en Xalapa, la FGE de Veracruz llamó a Victoria para decirle que habían iniciado la Carpeta de Investigación 403/2023, la cual está a cargo del Juez del Poder Judicial del Estado con Jurisdicción en Orizaba, pero las pesquisas no avanzan, tampoco hay justicia, dado que esta última autoridad solicitó incapacidad, y regresará a trabajar en enero del 2024.
Mientras que la demanda civil iniciada por Luis Fernando y su hermano si avanzó y el próximo martes 28 de noviembre Victoría tendrá audiencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, a la que se enfrentará la víctima, sin contar con medidas de protección que la FGE no le ha dado.
“No tengo medidas de protección, en Fiscalía dan largas, no me han dado la copia de mi Carpeta y estoy esperando el veredicto, porque si determinan que debo pagar 50 mil UMAS va a estar increíble que avance primero la investigación del daño moral, que la denuncia que yo hice por intente de feminicidio y privación de la libertad”
Finalmente, Victoria con miedo refiere que su vida está en un constante riesgo porque el agresor, está en libertad sin poder acceder a la justicia.
“Me están exigiendo un millón de pesos él y su hermano. Su abogado es un exdiputado federal que le consiguió su padrino, que es un traumatólogo de Orizaba, que no diré su nombre porque no quiero otra demanda de 1 millón de pesos” finalizó la víctima de intento de feminicidio y privación ilegal de la libertad.
Agresores de mujeres beneficiados por la impunidad
Mujeres adultas y menores de edad viven en un constante riesgo de ser víctimas de violencia en Veracruz, que va desde ser privadas de la libertad, agresiones sistemáticas ejercidas por la policía, los feminicidios, y la impunidad que los acompaña desde las instituciones al incumplir con proveer justicia refieren mujeres defensoras de los derechos humanos.
Aunque desde el gobierno de Veracruz se habla de una política integral para eliminar la violencia contra las mujeres, todo se queda en el discurso, la fotografía, y la utopía de nombrar mujeres al frente de las instituciones que no han garantizado el acceso a la justicia.
A propósito del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las defensoras de derechos señalaron que el acceso y la procuración de justicia se vuelve a quedar en palabras y no así en acciones ejercidas favorables hacia este sector vulnerable, porque en la vida diaria, los feminicidios, desapariciones e impunidad siguen.
En particular, este año 2023, el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres (OUVMujeres) ha documentado un aumento en los casos de desapariciones, en las que el mes de julio registró 91 casos.
La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres, Estela Casados González detalló que las desapariciones “se han disparado de manera escandalosas, para el mes de julio se registraron 91 casos, casi tres casos por día solamente en ese mes”.
También el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres ha registrado un conteo de 53 feminicidios según las notas periodísticas de enero a octubre del 2023, y en este mismo periodo, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de 41 feminicidios según lo ha reportado la Fiscalía General del Estado.
“Más allá de las cifras, es preocupante que el Encargado de Despacho de la secretaría de Gobierno (Carlos Juárez Gil) y el secretario de Seguridad Pública (Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla) han dicho que disminuyeron en un 30 por ciento (los feminicidios). Es un hecho fortuito porque no vemos la vinculación estratégica”.
Refirió qué desde el 23 de noviembre del 2016, con motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas, a causa del alto número de feminicidios en Veracruz se instaló el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que daría seguimiento al cumplimiento de la Alerta.
Sin embargo en Veracruz “el panorama es muy complejo no se puede decir si la Alerta esta funcionando, porque no se sabe si se está ejecutando, hay una desarticulación importante en las instituciones que deberían estar involucradas”, dijo la académica.
Mujeres víctimas de agresores, de impunidad y violencia institucional
En voz de la coordinadora del Colectivo Marea Verde de las Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta informó que la impunidad y violencia institucional continua en los casos de mujeres que acuden a denunciar algún tipo de violencia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Son mujeres que se les ha negado el acceso a la justicia y han sido víctimas de procesos injustos, porque después de ser víctimas se convierten en agresores por el mal manejo que hacen desde la Fiscalía hasta el Poder Judicial” refirió.
Citó cómo ejemplo el caso de una víctima de violencia familiar en un municipio de la zona centro de Veracruz, la cual acudió a denunciar ante la FGE al agresor, y en respuesta el acusado la señaló del presunto delito de omisión de cuidados a menores.
“El 08 de marzo acompañamos a una mujer que había denunciado violencia. El padre con engaños le quitó a la menor, la denunció por omisión de cuidados y la procesaron por omisión de cuidados, y el agresor que la violentó durante años, ni siquiera estaba integrada su Carpeta de Investigación” expuso.