Informe sombra de la ONU alerta por aumento de desapariciones en Veracruz
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) En el último año, casi mil 600 personas se han reportado como desaparecidas o no localizadas en el estado de Veracruz, advierten colectivos de familiares que señalan que este fenómeno se ha incrementado de 2022 a la fecha.
El Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz dio a conocer que el incremento es evidente si se toma en cuenta que en la entidad hay 7 mil 394 personas desaparecidas, y de esa cifra mil 578 ocurrieron durante los últimos 13 meses.
A través del informe sombra sobre las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidades hacia Veracruz, al menos 13 colectivos advierten que el fenómeno muestra un aumento alarmante.
“Las desapariciones han experimentado un alarmante aumento en el último año. Hasta el mes de junio del 2022, se habían documentado 5 mil 816 casos, lo que significa un incremento de mil 578 desapariciones en los últimos 13 meses”, señalan.
Señalan que Veracruz sigue siendo la entidad federativa con más fosas clandestinas halladas: 647, de las 5 mil 545 registradas a nivel nacional, según la Comisión Nacional de Búsqueda, de las cuales 323 se registraron entre diciembre de 2018 y enero de 2023. Cabe destacar que los municipios con más fosas identificadas son: Úrsulo Galván (78), Playa Vicente (66) y Alvarado (41).
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Pese a ello, los familiares advierten que el Gobierno de Veracruz no ha atendido de manera eficiente la crisis y que la Declaratoria de Programa Emergente para Atender las Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, se ha convertido en un triste ejemplo de simulación.
“Donde las promesas de acción efectiva se han quedado en el olvido. La ausencia de avances reales y la percepción de abandono reflejan una desconexión alarmante entre las palabras y los hechos”, advirtieron.
Los colectivos dieron a conocer que como parte de las recomendaciones emitidas por la ONU el 19 de diciembre 2022 sostuvieron una reunión con el Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas para abordar el tema de la implementación de las recomendaciones y en esta el gobierno veracruzano acordó presentarles, en febrero de 2023, un plan de trabajo; sin embargo, hasta el momento este acuerdo no se ha cumplido.
“Las instituciones se han reunido entre ellas para abordar la implementación, pero no han emitido ninguna invitación ni información de seguimiento a las familias. Las voces de estas familias, que luchan incansablemente por obtener justicia y respuestas, han sido insuficientemente escuchadas y atendidas”, indicaron.
Sentencias para responsables de desaparición forzada son mínimas
Entre las familias existe la preocupación sobre la falta de acceso a la justicia en casos emblemáticos, tales como las desaparición forzada durante la administración de Javier Duarte, en la que se registraron aproximadamente 3 mil 600 desapariciones.
Esto pues a pesar de que el problema se ha documentado ampliamente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas solo recoge 36 casos reconocidos como desaparición forzada en el estado.
Además, advierten que aunque la fiscal general Verónica Hernández Giadans ha presumido que han obtenido 31 sentencias condenatorias contra responsables de desaparición forzada, esta cifra es mínima.
“Observamos una inquietante discrepancia entre el número de sentencias obtenidas y la magnitud del problema”, indicaron.
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Agregan que a esto se suma que el proceso de identificación de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas y fosas comunes ha rebasado las capacidades de infraestructura, técnicas y de personal de las instituciones.
“El área de Servicios Periciales, encargada de resguardar los cuerpos, enfrenta problemas de sobresaturación y falta de adecuado resguardo, lo que compromete la preservación y el proceso de identificación”.
Y que pese a que el gobierno estatal ha expandido la infraestructura y personal forense en el estado, no ha podido dar abasto a las necesidades de Veracruz y que incluso personal de la Fiscalía ha señalado que se requiere al menos tres veces la infraestructura y personal para lograr afrontar la crisis que existe.
Sospechan que Fiscalías perdieron muestras de ADN
Detallaron que hay irregularidades en la toma y resguardo de muestras de ADN por parte de las instituciones de investigación, dado que hay familias que han experimentado repetidas tomas de muestras, por lo que sospechan que la Fiscalía tanto del estado como la General de la República hayan perdido las muestras tomadas con anterioridad.
A ello se suma la falta de una base de datos homologada para la correcta clasificación de restos y datos de los catálogos de cuerpos no identificados.
La ausencia de ADN en carpetas de investigación dificulta la conexión entre los restos y las familias, prolongando la búsqueda de respuestas.
Los colectivos afirmaron que además las familias sienten inseguridad durante las búsquedas en campo debido al limitado acompañamiento de cuerpos de seguridad.
“La situación de desprotección de las familias buscadoras durante las diligencias en campo es alarmante. La falta de resguardo y seguridad crea un ambiente de vulnerabilidad y temor, lo que se agrava por el aumento de la violencia en la región”, señalaron.
MP no se toman denuncias en serio
Sobre los procesos de búsqueda, afirmaron que los Ministerios Públicos no toman en serio las denuncias y se han observado restricciones y limitaciones para que las familias accedan a predios donde se llevan a cabo búsquedas, especialmente en zonas cercanas a los lugares de desaparición de sus familiares.
“La experiencia de las familias las ha llevado a inferir que, en el contexto de Veracruz, los cuerpos de sus familiares generalmente son encontrados en zonas alejadas del sitio de la desaparición. A pesar de ello, la Comisión Estatal de Búsqueda ha sido reticente a realizar búsquedas cuando se trata de personas que desaparecen fuera de su lugar de origen y/o permitir la participación de las familias más allá de la zona donde pertenece su colectivo, lo que genera obstáculos y dilaciones en el proceso de búsqueda”, indican.
Y que ni la Fiscalía ni la Comisión Estatal de Búsqueda actúan con la urgencia requerida; y que la falta de colaboración y la escasa comunicación entre ambas entidades obstaculizan la efectividad de sus propios esfuerzos.
Las familias han señalado problemas en la actualización de fichas de búsqueda y casos en que las instituciones les recomiendan mantener estas fichas en privado, en lugar de hacerlas públicas, “con el fin de mantener una estadística que no refleje la magnitud real de la problemática en Veracruz”.
Y destacan que en las investigaciones lo que más abunda son simulaciones, omisiones, negligencia, y errores; es evidente la falta de recursos y capacitación del personal responsable.
También señalaron la desaparición de documentos periciales en general, y el “extravío” de indicios, pruebas y elementos asociados, antes del 2016.
Y agregan que un elemento crucial en el panorama es la falta de definición formal de una figura titular en la Comisión Estatal de Búsqueda, situación que no ha cambiado desde julio 2019, cuando se nombró a una encargada de despacho. Desde entonces, no se ha emitido la convocatoria pública que permita que quien esté al frente de dicha institución ostente el puesto de forma oficial.
Desde la mirada de las familias, existe un vacío de liderazgo efectivo que incide directamente en la eficacia de las acciones emprendidas, debilitando la capacidad de respuesta y la coordinación requeridas en esta tarea.