A 8 años del caso Narvarte, Fiscalía de Veracruz impide acceder a carpetas de investigación: Artículo 19
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) A ocho años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz, la organización Artículo 19 advierte que ha habido trabas de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) para permitir el acceso a carpetas de investigación a su homóloga de Ciudad de México, encargada de este crimen ocurrido el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte.
El coordinador de Defensa de Artículo 19 oficina México y Centroamérica, Edgardo Francisco Calderón Sánchez, indicó que aunque en el discurso se habla de plena cooperación en los hechos esto no se ha cumplido y no ha sido posible establecer una metodología de contexto por la limitada información entregada por la Fiscalía veracruzana.
“Aunque el discurso de la Fiscalía veracruzana ha sido de plena colaboración, la verdad de las cosas es que no ha sido tan amplia, ya que siempre hay restricciones. No entiendo qué tipo de convenios o colaboración tengan con la Fiscalía de la Ciudad de México pero sí me consta que no ha sido tan plena, que ha sido reservada aunque en el discurso maneja una amplia colaboración pues sigue poniendo trabas”.
Explicó que se ha dado acceso a algunas carpetas de investigación para entender el contexto de violencia en Veracruz pero solamente a las que la Fiscalía General de Veracruz tiene como mejor trabajadas.
“Son las que hemos tenido acceso y acceso limitado nada más de lectura, de más de 20 tomos gigantes en un día y eso nos limita demasiado”.
Hay que recordar que la familia ha exigido investigar como posible causa del crimen la labor periodística en el estado de Veracruz de Rubén Espinosa Becerril y el activismo de Nadia Vera. Nadia fue activista y participó en manifestaciones de estudiantes agredidos en el 2014; en su momento denunció que fue agredida por policías estatales.
Rubén Espinosa centró su cobertura en movimientos sociales y una de sus fotografías fue portada en la revista Proceso; se trata de la imagen del entonces gobernador Javier Duarte con una gorra de policía y un gesto serio, con el titular de la nota principal “Veracruz, estado sin ley”.
Rubén señaló que tras la publicación de esa fotografía así como sus coberturas de movimientos sociales recibió amenazas, por lo que huyó a Ciudad de México donde finalmente fue asesinado.
El abogado recordó que la Fiscalía General de Ciudad de México en noviembre pasado se comprometió a resolver el caso, a verificar la verdad en un plazo no mayor de un año esto no ha ocurrido.
“Hemos insistido en que se verifiquen las líneas de investigación, que se agoten y todo ha sido promesa. Hay que reconocer que la Fiscalía ha estado realizando diligencias para encontrar esas líneas de investigación; sin embargo, hasta en la fecha hasta no ha habido resultados de esas diligencias”.
Dijo que no ha habido resultados en líneas de investigación tan importantes como el clima de violencia contra periodistas en el estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“No podemos decir no hay avances porque ha habido diligencias, pero realmente no ha habido resultados, entonces no hay avances. Rubén salió huyendo del contexto de violencia en contra de periodistas por parte del Gobierno de Javier Duarte. Se insistió demasiado durante siete años y medio que se investigara esa línea”.
Agregó que desde 2019 la entonces la Fiscalía de Ciudad de México enviaba oficios de colaboración solicitando informes a la Fiscalía veracruzana; sin embargo, fue hasta después de noviembre cuando se empezó a colaborar un poco más.
“La Fiscalía en Veracruz dio acceso a algunas carpetas de investigación; el año pasado también se tuvo acceso a algunas quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con este cúmulo de información que se extrajo tanto de las carpetas como de las quejas ante derechos humanos se está trabajando sobre esos datos”.
El abogado Edgardo Francisco Calderón Sánchez afirmó que al cumplirse ocho años de este crimen se requiere que las autoridades tengan disposición para escuchar y respetar la opinión de las familias para llegar a la redignificación de las víctimas y que los actos de memoria realmente satisfagan a las a los familiares.