Caso Tierra Blanca: Queremos sentencias para los asesinos de nuestros hijos
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Siete años han pasado desde la desaparición forzada de José Benitez, Bernardo Benítez, Susana Tapia, José Alfredo González y Mario Arturo Orozco tras ser detenidos por policías en Tierra Blanca, pero la cadena de mando que ordenó su desaparición sigue impune, acusaron familiares.
Los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente fueron detenidos en Tierra Blanca el 11 de enero del 2016 y después entregados en el Rancho El Limón al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sólo el cuerpo de uno de los jóvenes - Bernardo Benitez- fue identificado por el equipo argentino de antropología forense. Según los testigos, los cuerpos fueron triturados y tirados a un río.
Desde entonces 21 personas han sido detenidas, entre ellas ocho ex policías estatales, pero a la fecha ninguno ha recibido sentencia ni tampoco hay procesos abiertos en contra de los autores intelectuales del crimen.
El Gobierno de Veracruz ha cumplido parcialmente la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición de los jóvenes a pesar de que ya realizó una disculpa pública.
Tampoco ha realizado las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por este caso.
AVC Noticias entrevistó a familiares de los jóvenes desaparecidos y al abogado del caso, Celestino Espinoza y esto fue lo que contaron.
No queremos disculpas, sino sentencias para los asesinos de nuestros hijos
Columba Arroniz González, mamá de Bernardo Benítez Arroniz, criticó que tras la disculpa pública del Gobierno del estado en 2019, no hay avances ni en las recomendaciones ni en el proceso penal contra los responsables.
“No avanza el caso, seguimos esperando sentencia, no hay acercamiento por parte de las autoridades como recomendó CNDH y la ONU, decían que nos iban a dar apoyo, que la Fiscalía General del estado nos daría atención y nada, no ha pasado nada”.
Dijo que pareciera que las leyes solo siguen beneficiando a los presuntos responsables y el crimen sigue en completa impunidad.
“Son amparos tras amparos, hasta por parte de los jueces, como que no tenemos el apoyo a pesar de que no se ha pedido nada fuera de castigo a los responsables. Es triste ver las leyes y jueces que tenemos en nuestro país”.
Insistió en que tras la disculpa no hubo más avance por lo que consideró que la disculpa fue solo para justificarse ante los medios de comunicación.
“Jamás hubo nada más, incluso por eso nosotros no queríamos aceptar las disculpas hasta tener algo pero nos dijeron que era parte de los puntos recomendatorios. Lo que menos nos interesaba era una disculpa, lo que queremos es tener sentencias para los responsables, a los policías y a los criminales que mataron a nuestros hijos”.
Columba narra que tampoco hay interés entre las autoridades en investigar a los mandos policiacos que podrían estar relacionados con este crimen.
(Los mandos) “Son intocables, no ha ocurrido nada. Es un dolor que no se acaba y sentimos mucha frustración por ver cómo el sistema en nuestro país no ayuda a las víctimas. Teníamos la ilusión de que se pudiera lograr algo, hicimos todo lo posible pero como todos le van dando vuelta, te van ignorando hasta cansarlo a uno, no veo interés”.
Comentó que si bien una sentencia no cambiará el asesinato de su hijo es una forma de evitar que estas situaciones ocurran nuevamente.
“Yo sé que una sentencia no me va a devolver a mi hijo pero queríamos lograr algo para que esos policías que debían servir a la población, no desaparecieran gente y lo pensaran mejor ya teniendo una sentencia pero nada más no. Ya son siete años, hay videos, pruebas, todo, solo faltaba que nuestros hijos vinieran de su tumba para testificar lo que les hicieron (…) Es como estar entre la espada y la pared, pero nuestros hijos se merecen que sigamos luchando porque les arrebataron su vida desde muy jóvenes y así hay miles en nuestro país, cada día y no pasa nada”, dijo en entrevista para AVC.
Cadena de mando intocable : Abogado
La recomendación de la CNDH ordenó al gobierno de Veracruz investigar la cadena de mando que llevaría a analizar el papel que en su momento jugaron el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, y otros mandos policiacos, como Nabor Nava Holguín, entonces subsecretario de operaciones; José Alfonso Díaz Pineda, director de operaciones, y Andrés Tenorio Quezada, subdirector regional de la zona centro.
El abogado del caso Celestino Espinoza Rivera, señaló que aunque el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez cumplió en 2019 con la disculpa pública hacia las familias, no hubo más comunicación, no se han iniciado investigaciones contra los superiores jerárquicos de los policías, no ha habido sanciones de tipo administrativo contra ellos y en el ámbito penal la pandemia por covid-19 y la desaparición de la Policía Federal han generado retrasos en los juicios en contra de los detenidos.
“La justificación ha sido el tema de la pandemia porque se suspendieron plazos y posteriormente afectó la desaparición de la Policía Federal porque entorpeció el avance del proceso penal. Más allá de la disculpa público no hubo más, la interacción con Gobierno del estado se enfrió, no ha habido acercamientos y pareciera que el tema de desaparecidos ya no es prioridad. Han pasado siete años y no hay sentencias, no hay una intención real del Gobierno del estado de acercar la justicia”, acusó.
Recomendación se quedó sin cumplir
En julio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 5VG/2017 por violaciones graves a los derechos humanos, en noviembre de ese año hizo un llamado urgente al estado mexicano para investigar la cadena de mando de la SSP y fiscales, pero esto no ha ocurrido.
Si bien el ex titular de la SSP, Arturo “N” fue detenido ese mismo año fue por el delito de enriquecimiento ilícito y en 2018 fue señalado por comandar un grupo de fuerzas especiales que ejecutaban órdenes de desaparición y asesinato, el juez permitió seguir su proceso en libertad.
El 16 de junio de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhortó a las autoridades mexicanas a atender las recomendaciones de la ONU, entre las que además se estableció la búsqueda de los cinco jóvenes, la investigación de responsabilidades por acción u omisión de autoridades, así como medidas de protección para los familiares desaparecidos.
El abogado Celestino Espinoza Rivera señala que el estado tiene la obligación de investigar a todos los superiores jerárquicos que componen los enlaces de la cadena de mando pero esto no se ha hecho.
“El policía no se manda solo, no realizan sus tropelías por motu proprio y más en Veracruz. Lo lógico es que derivado de un análisis de contexto se investigara el conocimiento de las decisiones que hubieran tomado cada uno de sus superiores jerárquicos. Si un comandante de la SSP con sus escoltas comete un ilícito, necesitamos saber qué hizo el director operativo, el enlace de la zona, el subsecretario, el secretario y el gobernador, en cuanto supieron que los elementos cometieron estos hechos”.
El Comité también solicitó la investigación de carácter penal o administrativa a los agentes del ministerio público de Tierra Blanca por considerar que no cumplieron adecuadamente con sus funciones y dieron un trato negligente a las víctimas.
Dijo que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) debe integrar una carpeta de investigación contra quieres resulten responsables or el delito de delincuencia organizada y la Fiscalía General del Estado (FGE) hacer lo mismo por los delitos de tortura y homicidio; la Comisión de Honor y Justicia de la SSP abrir un expediente administrativo contra los policías estatales,
“Ese tema es donde más nos hemos atorado, le compete a la FGE del estado y no ha sido investigado. La última vez que fuimos a revisar el expediente la integración estaba igual que como se quedó durante la época del fiscal Jorge Winckler. No ha habido mesas de trabajo (con la nueva fiscal) general, se ha buscado con diferentes sectores pero no ha habido el eco necesario”, señaló.
Por ello consideró que no hay voluntad de las autoridades para atender las recomendaciones, pues afirmó que además no hay más datos de dónde pueden encontrarse los jóvenes, dado que únicamente se encontró el fragmento del fémur de Bernardo Benítez y sangre de José Alfredo González en el rancho “El Limón” en el municipio de Tlalixcoyan.
“En el caso de desaparición forzada el delito no prescribe y hasta que no se tenga claro el destino de la persona desaparecida es un delito continuado. A la fecha sigue existiendo el delito mientras no aparezcan los restos el delito se sigue cometiendo e incluso se puede hablar de flagrancia.
“La obligación del estado mexicano es dar con el paradero de ellos. No es solamente saber qué pasó sino evidenciarlo porque muchas veces la información puede ir sesgada; también hay que señalar que en algunas bases de datos de desaparecidos los chicos no aparecen”.
El abogado insistió en que no deben cesar los esfuerzos del gobierno mexicano para dar con el paradero de las personas desaparecidas sean o no de larga data.
“Tenemos una Comisión de Búsqueda que sigue sin dar resultados, con una encargada de despacho que no da el perfil y no quieren hacer su trabajo, entorpecen el trabajo de búsqueda”.
Proceso penal contra 19 detenidos no ha avanzando
El abogado Celestino Espinoza Rivera dijo que debido a la pandemia generada por el covid-19 el proceso penal contra los 19 de los 21 señalados por este delito no ha avanzado.
En 2016, Francisco Navarrete Serna y su hijo Francisco Navarrete Abraham fueron detenidos por formar parte de un grupo delincuencial al que se le atribuyó la ejecución de los jóvenes de Playa Vicente; sin embargo, el abogado de las familia señaló que el hijo logró de salir por un proceso mal llevado de delincuencia organizada que no tenía que ver con Tierra Blanca.
En el caso de Francisco Navarrete Serna logró un amparo, y Espinoza Rivera dijo que fue por algo parecido al caso Ayotzinapa, en donde la FGR no hizo su trabajo y lo único que hizo fue copiar y pegar el trabajo de la Fiscalía del estado. Ambos fueron asesinados en mayo de 2020.
Navarrete Serna presuntamente fungía como un enlace de la Secretaría de Marina y coordina crímenes de lesa humanidad con el entonces subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Conde.
“Además de copiar las actuaciones la FGR tenía que desahogar ciertas actuaciones ante el juez federal y nunca lo hicieron y bajo esa premisa le dieron libertad, posteriormente fue asesinado y su hijo también”, comentó el abogado.
El resto de los detenidos; es decir 19 personas entre ellos ocho ex policías estatales, están en espera de sentencia en procesos diferentes, uno en la justicia local por desaparición forzada y otro en la justicia federal por delincuencia organizada.
“Todos son autores materiales, tenemos a los 8 ex elementos de la SSP que fueron videograbados y un testigo que los señala cuando revisaban a los muchachos y se los llevaron a un lugar distinto al que tendrían que haber sido llevados si hubiera sido una detención legal (…) No existe ningún autor intelectual y es parte de lo que se ha exigido, el propio Comité de Desaparición Forzada de la ONU le ha pedido al estado mexicano que no deje de investigar la cadena de mando pero ha sido omisa”.
Celestino Espinoza indicó que la pandemia alargó el desahogo de pruebas, y la desaparición de la Policía Federal ha hecho que se haga tortuoso encontrar a peritos y policías que participaron en la investigación porque participó personal de la Policía Científica entonces adscrita a la PF y al desaparecer para dar paso a Guardia Nacional dieron de baja a mucho personal.
“Estar buscándolos para que ratifiquen sus dictámenes ha sido muy largo. Es un tema llevado en juicio tradicional y los juzgados han desaparecido, quedan tres en el estado entre ellos el de San Andrés y el avance ha sido muy lento. No hay un juez nombrado, hay un encargado de despacho y hay retraso, mucho en cuanto a la integración. Desde el año pasado están prometiendo una sentencia y no ha llegado y las familias siguen sin tener un veredicto y todavía faltan los recursos y amparos que pueden solicitar los señalados”.
En el caso de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), el abogado señaló que no se ha involucrado y hasta ahora no hay información sobre esta investigación. Por ello, comentó que los padres de las víctimas han considerado el tema del amparo ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones.
“No se ha concretado porque ha habido promesas de avance en el proceso. El año pasado se hicieron diligencias para que las víctimas no tuvieran que trasladarse hasta San Andrés y estuvimos en gestiones con la anterior administración del Tribunal Superior de Justicia; los papás quieren saber qué pasó con sus hijos, quieren encontrarlos, quieren justicia, que no haya impunidad. Están frustrados porque no pueden terminar su duelo, su búsqueda de justicia porque les cayó como anillo al dedo la pandemia”, dijo.