Fotografía:
2022-12-28
En tres años sólo 11 denuncias por violencia familiar han recibido una sentencia condenatoria. *Prevalece impunidad a pesar de que dos mujeres encabezan el sistema de justicia.
Xalapa, Ver.- (AVC/Tania Rivera y Eirinet Gómez) Aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha insistido –una y otra vez– que con la presencia de Verónica Hernández en la Fiscalía e Isabel Romero en el Poder Judicial, las mujeres y las infancias están bien protegidas, esto no se refleja en condenas contra los agresores.
Así lo evidencia el Poder Judicial, en su respuesta a la solicitud de información 301277600020222, en la que señala que sólo se han emitido 11 sentencias condenatorias por violencia familiar en los últimos tres años. Una cifra irrisoria si se considera que en ese mismo periodo se registraron 30 mil denuncias por violencia familiar, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Cuando alguno de los casos llega a una sentencia condenatoria, la mayoría de los agresores reciben penas muy bajas. De las 11 sentencias condenatorias alcanzadas en tres años, en siete los agresores tuvieron como castigo dos años y ocho meses de prisión, y en varios de los casos, esta pena podía ser suspendida por fianzas, de entre 5 mil a 21 mil pesos.
Como muestra de que la violencia familiar capea en Veracruz, destaca el caso ocurrido este lunes 4 de julio, en Orizaba, donde Alan de 12 años de edad, fue asesinado por el agresor de su madre al tratar de defenderla de la golpiza que le propinaba.
Otra muestra es el caso de Flor, una mujer de 14 años con seis meses de embarazo que fue asesinada –en enero–, en el municipio de Teocelo, por su pareja, un hombre de 32 años.
Aunque en ambos casos la Fiscalía ha presentado detenidos por los hechos, la estadística oficial pone en entredicho la aplicación de la justicia. Incluso, en el caso de Flor, amistades y amigos ya han denunciado irregularidades en la actuación de la autoridad.
Covid-19, desde que se inventaron los pretextos…
En su respuesta a la solicitud de información 00162321, la Fiscalía pretexta que la baja acción penal en las carpetas iniciadas por violencia familiar se debe a la contingencia sanitaria del Covid-19, que obligó a su personal a trabajar desde casa. Aunque también, señala, que en muchos casos las víctimas después de presentar la denuncia no quieren someterse a las valoraciones periciales lo que impide la judicialización de las carpetas.
A tres años de que Verónica Hernández Giadáns llegó a la Fiscalía de Veracruz, y a dos de que Isabel Romero llegó a la presidencia del Poder Judicial, el sistema de justicia no se ha convertido en un mecanismo que sancione a los agresores de mujeres o menores en el seno familiar.