Política Estatal Anticorrupción se publica a 4 años de iniciar sistema

Por: Perla Sandoval /AVC Noticias
Fotografía: Sergio Hernández / AVC Noticias


2021-12-10
El documento llega a 4 años de la publicación de la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción y casi un año de la publicación de la Política Nacional Anticorrupción (aprobada en enero de 2020) por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.



Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) A cuatro años de la publicación de la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción en el estado y casi un año de la publicación de la Política Nacional Anticorrupción (aprobada en enero de 2020) por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este jueves fue publicado en la Gaceta Oficial de Veracruz la Política Estatal Anticorrupción para “frenar el fenómeno y sus colaterales”.


Para la elaboración de los lineamientos de la política, las 32 entidades en el país debían realizar un diagnóstico local que les permitiera conocer las urgencias en materia de combate a la corrupción y posteriormente integrar el documento que incluyera el diseño, formulación, implementación y evaluación de sus respectivas políticas estatales, como en el caso de Veracruz.


En el marco del día internacional contra la corrupción, el documento expone 40 prioridades de la política enfocada en cuatro ejes principales: combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto entre sociedad y gobierno, así como involucrar a la sociedad y sector privado en el combate; sin embargo, a pesar de su extensión, (212 páginas) las acciones copian a cabalidad el plan nacional y son líneas generales que por ley las dependencias y organismos públicos del estado ya deberían realizar, como la investigación de actos de corrupción, la creación de mecanismos para recibir denuncias, e incluso la difusión de los resultados de la fiscalización de cuentas públicas.

PROPUESTAS DE LA POLÍTICA ESTATAL

1.- Desarrollar y ejecutar programas que fomenten la coordinación entre las autoridades responsables de atender, investigar, substanciar, determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves. Propone a la Contraloría General del Estado establecer un sistema de información sobre denuncias para su revisión e investigación; al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, elaborar protocolos de actuación para la investigación y substanciación de faltas administrativas. Priorizar la investigación de lavado de dinero, desvío de recursos públicos, delitos electorales asociados con hechos de corrupción, entre otros. El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) propone “asegurar” la atención, revisión e investigación de denuncias recibidas, promover el apoyo de autoridades municipales para reducir las brechas de atención de denuncias, entre otras.

2.-Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos de corrupción con autoridades en materia fiscal e inteligencia financiera. A la Contraloría sugiere prever la extensión de requisitos para corroborar la identidad de beneficiarios en actividades con riesgos de corrupción; a la Fiscalía Anticorrupción, implementar el sistema de atención de requerimientos de autoridad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; al Orfis identificar elementos relacionados con evasión fiscal, delitos contables soborno en el sector privado a funcionarios públicos.

3.- Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables, derivados de la implementación de la plataforma digital nacional, a través de su homóloga en el ámbito estatal. A la Fiscalía Anticorrupción propone gestionar presupuesto para la creación de sistemas digitales; al Orfis, crear protocolos de desarrollo de inteligencia para prevención de riesgos y hechos de corrupción.

4.- Implementar estrategias para la difusión de obligaciones de transparencia y publicación de información proactiva. En este rubro, propone al TEJAV desarrollar catálogos y productos de sistematización de faltas, delitos y sanciones. A la Fiscalía Anticorrupción elaborar “programas de difusión universal e incluyente”. Al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), establecer criterios para la interpretación de actos de corrupción en el tratamiento de solicitudes de información y recursos de revisión; al Orfis, “difundir resultados de fiscalización de las cuentas públicas”. Al Consejo de la Judicatura propone publicar las versiones públicas de las sentencias y penas.

5.- Impulsar la mejora y homologación de protocolos y proceso de presentación de denuncias y aletas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos, contralores y testigos sociales. A la Contraloría General y Orfis propone generar un modelo de seguimiento de denuncias; a la Fiscalía Anticorrupción, realizar sesiones de trabajo “colaborativo con las fiscalías especializadas en el país”.

6.-Generar y ejecutar procesos a escala nacional de protección a denunciantes, alentadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción. En este rubro se enfoca en sugerir a los organismos contar con procesos accesibles, sencillos y confidenciales y la creación de un protocolo para la protección de los antes mencionados.

7.- Establecer una política criminal. En este aspecto plantea la elaboración de este documento sin más detalle, ya que señala que debe hacerse “en colaboración con las fiscalías anticorrupción del país”. Y al Consejo de la Judicatura propone priorizar la atención de delitos de cordón que incluyan umbrales por montos, por impacto social, entre otros.

8.-Generar evidencia del trabajo que realizan. Se propone generar datos estadísticos sobre las denuncias que recibe la Contraloría General; al TEJAV, fomentar la certificación en detección, investigación y sanción de faltas administrativas y delitos de corrupción. A la Fiscalía especializada contar con personal suficiente.

9.- Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía Especializada a través de la firma de convenios con otras fiscalías del país, policías ministeriales y peritos.

10.- Implementar mecanismos de gobierno abierto; en este punto se propone fortalecer la contraloría ciudadana y la participación de “testigos sociales”.

11.- Impulsar el fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de interés a través de la capacitación de servidores públicos, creación de comités de ética.

12.-Promover evaluación del desempeño de programas de capacitación, certificación y desarrollo profesional en el servicio público a través del establecimientos de ciclos de capacitación y certificación.

13 y 14.- Ejecutar programas de recursos humanos en el servicio público con la publicación de manuales de organización; establecer necesidades del recurso humano, entre otras. Además, evaluar los servidos procesiones de carretera basados en el métrico, capacidades, desempeño y habilidades.

15 y 16.- Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Estatal Anticorrupción a cargo del Comité de Participación Ciudadana. Además, crear políticas de transparencia productiva y gobierno abierto

17.- Consolidación y evaluación a escala estatal de procesos de armonización contable, que refiere a actividades que ya realizan las instituciones encaradas.

18.- Impulsar políticas de archivo y proceso homologados de gestión documental, a través de la capacitación, realización de foros, así como fortalecer los archivos electrónicos.

19 y 20.-Impulsar coordinación entre la Contraloría General y Orfis para homologación y simplificación de las normas y procesos. Además, la utilización de metodologías de análisis de datos masivos e inteligencia articula para la identificación de riesgos.

21 y 23.- Fomentar la colaboración institucional e intercambio de información para simplificar el contacto entre sociedad y gobierno en trámites, servicios seguridad ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de salud, entre otros.

22 y 24.- Fortalecer los mecanismos de evaluación de programas presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción; crear un sistema de información sobre políticas sociales que incluya un catálogo estatal sobre programas sociales, con un padrón estatal de beneficiarios.

25.- Crear observatorios y laboratorios de innovación social para la gestión de riesgos de corrupción, para la vigilancia en compras y adquisiciones públicas.

26.- Conformación de catálogo de empresas íntegras para impulsar la adopción de buenas prácticas internacionales en la materia dentro del sector productivo.

27.- Crear y homologar principios normativos en materia de cabildeo y conflicto de interés dirigidos a la prevención y sanción de hechos de corrupción

28 y 32.- Desarrollar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto para fortalecer la rendición de cuentas en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas en colaboración con el IVAI.

29 y 30.- Desarrollar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones públicas que incluya un padrón estatal de proveedores de gobierno y sistema estatal homologado de contrataciones públicas, interconectados con la Plataforma Digital Nacional. Adoptar criterios y estándares unificados en contrataciones y adquisiciones.

31, 33 y 34- Desarrollar agenda estratégica con enfoque incluyente y perspectiva de género, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción. Creación de catálogo estatal de mecanismos de participación social. Fomentar uso de mecanismos colaborativos y digitales de participación ciudadana.

35 y 36.- Fortalecer el papel de Comités de Participación Ciudadana en proceso de comunicación y promoción de cultura de integridad y combate a la corrupción. Además, articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales para el desarrollo de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción.

37.- Identificación de fuentes de financiamiento y fomento para el desarrollo de proyectos de investigación en combate a la corrupción.

38.- Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en el Poder Legislativo.

39.- Homologar criterios a escala estatal para la realización de campañas de comunicación sobre la corrupción, sus costos, implicaciones y elementos disponibles para su combate.

40.- Colaborar con los sistemas educativos nacional y estatal en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.