La ley del bosque en el volcán más alto de México

Por: Flavia Morales / AVC Noticias
Fotografía: Roque Enríquez /Avc Noticias


2021-10-05
El Pico de Orizaba sobrevive con un presupuesto raquítico que va en declive, mientras en sus bosques reina la impunidad, sin operativos, denuncias penales por tala ilegal o vigilancia por la deforestación de hasta el 2.5 % de su área total en solo seis años.

 


En el área natural protegida resiste su último glaciar y entre sus bosques nace el agua para millones de personas en Veracruz, pero su importancia ambiental no ha bastado para su conservación. Este reportaje de AVC Noticias y CONNECTAS, dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), cuenta cómo el volcán más alto de México es otra víctima del desmantelamiento presupuestal ambiental en el país.


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Por: Flavia Morales/  Fotografía y Video: Oscar Martínez y Roque Enríquez



El volcán es inmenso. Su belleza puede dejar absorto por varios minutos. Arriba a más de 3,000 metros de altitud en el Pico de Orizaba, hacia el punto más alto del territorio mexicano, solo se percibe el frío, el ruido del viento y de los pájaros.

Pero de vez en cuando, el ruido de las motosierras interrumpe el paisaje. El sonido es como un enjambre gigante de abejas pero es difícil identificar de dónde proviene. Si uno afina el oído, puede percibir que viene desde dentro de la montaña, entre los árboles. Luego se puede escuchar otra motosierra montaña abajo, otra a la izquierda, otra a la derecha, como un enjambre que ataca la montaña.

El ruido puede ser de hasta cinco minutos seguidos, cesa y regresa por horas. Pero esto no sorprende a los poco más de 2,000 habitantes que viven en las faldas del Área Natural Protegida (ANP), a cinco kilómetros de la poligonal del Parque Nacional en el estado de Veracruz.

El ruido es familiar en las 23 comunidades de los municipios de Calcahualco, La Perla, Coscomatepec y Mariano Escobedo, porque aquí la gente vive del bosque.

La montaña a 5,636 metros de altitud es un gran bosque de pinos de donde nacen ríos y arroyos, que abastecen de agua a 34 municipios y desembocan frente a dos de los municipios más prósperos del estado, Veracruz y Boca del Río.

El ANP, decretada así en 1937, alberga más de 200 especies endémicas consideradas patrimonio exclusivo de México y, en la cima del volcán aún activo, sobrevive uno de los últimos glaciares del país.


El ruido de la motosierra es familiar en las 23 comunidades de los municipios de Calcahualco, La Perla, Coscomatepec y Mariano Escobedo, porque aquí la gente vive del bosque/ Foto: Oscar Martínez



Pero esta valiosa zona ambiental está en peligro constante. La organización Global Forest Watch (GFW) ha emitido 47 alertas de deforestación en el área natural protegida en seis años, ante la mirada de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, (Profepa), que emite alertas pero durante dos años (2019-2020) no ha registrado operativos de vigilancia en la montaña, según solicitudes oficiales de información.

El cálculo de GFW del daño por pérdida de cobertura vegetal (2015-2021) en el área natural protegida del Pico tiene la dimensión de 94 canchas de basquetbol: el 2.5 % del área.

El fuego es otro elemento que devasta al bosque, así lo muestran las cifras oficiales: En los últimos diez años (2011-2021), se han registrado 95 incendios en el área natural protegida afectando a 5,612 hectáreas de bosque.


 




Desde 2012, cuando se discutió el Plan de Manejo Ambiental —75 años después del decreto de creación— se alertó de la deforestación, la erosión de los suelos por uso agrícola y la disminución en los cauces de ríos y arroyos. Pero las problemáticas siguen vigentes nueve años después y ahora se profundizaron con la pandemia de covid-19.



Este reportaje revela cómo a pesar de ser considerada una zona crítica forestal, el área de 19,000 hectáreas entre Puebla y Veracruz sobrevive con un presupuesto raquítico, mientras en su territorio reina la impunidad, no hay operativos de vigilancia, sanciones, multas ni denuncias penales para castigar la tala ilegal en sus bosques.

El área sobrevive con 2.5 millones de pesos anuales (103,000 dls) en promedio para protección, manejo y conservación; es decir, 100 pesos (5 dls) de gasto por cada hectárea. El presupuesto es básico comparado con los 13.1 millones de pesos que necesitaría para su operación de acuerdo con las estimaciones realizadas por la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en un estudio realizado en 2019.

Los recursos de la Conanp se distribuyen a través de programas de subsidio: por lo que ni siquiera hay un guardaparques para vigilar la montaña de forma permanente, solo temporales comunitarios que dependen de la disponibilidad presupuestal.

La situación del parque es ejemplo de lo que pasa en otras áreas naturales protegidas en el país y muestra un patrón que se repite desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y continúa con el de Andrés Manuel López Obrador: el desmantelamiento del sector ambiental.



Made with Flourish



En siete años se ha recortado en 59.5 % el presupuesto para medio ambiente, poco más de 43 mil millones de pesos, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda).

El presupuesto del parque nacional que depende de la Conanp ha reducido al mínimo su operación con recortes del 60 %, advierte Gustavo Alanis Ortega, director de la organización, “es claro que las prioridades no están en el sector ambiental y el contraste se profundiza cuando se reducen recursos para las áreas naturales, pero se aumentan otros programas como Sembrando Vida o seguridad”.

“Si no dotamos a las áreas de recursos financieros es dejarlas a su suerte, abandonadas y eso se presta al mal uso y daño al patrimonio natural al estar en descuido. Es importante que haya congruencia, si se protege el 22 % del territorio con áreas naturales, también debe haber dinero para su operación, porque las áreas son garante de nuestro derecho humano a un ambiente sano”.

Pero el dinero de esos recortes se ha usado para fortalecer áreas de seguridad, como la Secretaría de Marina, según los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Guillermo Ángeles Álvarez, investigador del Instituto Nacional de Ecología y quien lideró el proyecto franco-mexicano ECOPICS para comparar los servicios ambientales entre los alpes franceses y la montaña del Pico de Orizaba, considera que los recortes son una contradicción: “La áreas se protegen en el papel, pero en la realidad las dependencias apenas tienen para gasolina, ¿cómo harán una vigilancia efectiva?”.


 


En el Pico de Orizaba reina la impunidad, no hay operativos de vigilancia, sanciones, multas ni denuncias penales para castigar la tala ilegal en sus bosques. Foto: Oscar Martínez 


Mientras la cifra de recursos para el ANP se reducen cada año, otro programa va en crecimiento: Sembrado Vida, que recibió 42 mdp en 2021 para poco más de 1,500 campesinos que siembran árboles forestales y frutales en los cuatro municipios cercanos a la poligonal del parque nacional Pico de Orizaba (el 1 % del total de la población, que ronda las 140 mil personas).

En entrevista para esta investigación, Juan Juárez Gómez, coordinador territorial de Sembrado Vida en Veracruz, considera que el programa sí disminuye la deforestación en el área natural: “La tala es una costumbre arraigada en las comunidades, pero estamos dando un salario al campesino y creando una cultura de cuidado, yo me atrevía a decir que sí contribuimos a disminuir la presión al bosque, aunque todos sabemos que no son los campesinos quienes están acabando con él”.

Pero las plantaciones realizadas cerca del volcán son para reforestar los terrenos ejidales de los alrededores y no contempla al área natural protegida en sí. Además, un estudio publicado este año por el Instituto de Recursos Mundiales (WIR, por sus cifras en inglés), reiteró que este programa no tiene como objetivo la restauración forestal ni la reforestación, sino que es una estrategia de generación de ingresos para campesinos en pobreza.


La tala no se oculta en las comunidades



El terreno de Robertina y su familia en Nuevo Jacal tiene una vista privilegiada del volcán Citlaltépetl, como también se le conoce al Pico, en su patio trasero cosecha papa y avena, lo único que soporta las heladas.

Desde esta comunidad de Calcahualco, el cuarto municipio más pobre de Veracruz, se puede llegar caminando en diez minutos a la entrada del Parque Nacional, donde hay una caseta que debería controlar la entrada pero que ahora está abandonada.

Aquí la tala no se oculta y Robertina lo explica de forma fácil: El comisariado de esta comunidad que no rebasa los 300 habitantes, controla la tala, decide quién sube y cuánto corta.

Mientras platica, la motosierra no cesa.

—¿Escuchas la motosierra? —se le pregunta.

—Se escucha todos los días, no hay horario. En la noche se puede escuchar, pero entonces ya suben al Parque Nacional. A veces son las 12, la una de la mañana y allá en los pinos se ven las luces de las lámparas y los carros porque están cortando trozo o están cargando —responde, mientras señala con el dedo un punto indefinido en la montaña.

Teódulo Delgado García, quien es parte del comisariado, lo confirma y explica cómo se organiza la tala en 600 hectáreas de uso común forestal: “Solo se tala un día o dos cada 15 días, para sacar unos mil pesitos. El montecito es la única forma de vivir, ha venido Profepa y el Ejército, pero les decimos que pongan un plan de trabajo para la gente y ya no vuelven”.

En la única calle principal del pueblo, se cuentan ocho aserraderos, pero ninguno de ellos tiene permiso para operar legalmente, según los registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La queja es común: Aquí no hay opción, las heladas acaban con las cosechas, los recursos de programas gubernamentales llegan a cuentagotas y, así, el bosque es como una tabla de salvación. La estadística oficial confirma que el 90 % de estas comunidades vive en pobreza.

Pero conseguir un permiso de aprovechamiento forestal en las comunidades es difícil, porque la tramitología incluye requisitos como un programa de manejo y la contratación de ingenieros forestales. Lo más complicado es comprobar la tenencia legal de la tierra porque en algunos casos no existen documentos que la validen.

Por eso, en este territorio, solo hay cinco permisos forestales: dos para ejidos en Atotonilco en Calcahualco y Nuevo Vaquería en La Perla y otros tres en terrenos particulares. 


En las comunidades el corte de árboles es un empleo seguro, los lugareños ganan hasta 150 pesos diarios como cortadores o hasta 2,000 pesos si consiguen un permiso (ejidal) para cortar un árbol completo.


 




Eso hace el esposo de Robertina y, aunque su familia vive del bosque, la mujer piensa en paliar la situación: “Yo le digo a mi esposo, ‘cuando tú talas un pino, deberías sembrar mínimo dos, pero no lo haces’, yo también participo; ya le dije que consiga para reforestar las parcelas, porque todo los tiramos y de ahí todos comemos”.

Pero concretar ese plan se ve lejano, la última reforestación fue hace dos años y aunque a la comunidad llega el programa federal Sembrando Vida, éste no beneficia directamente al parque y solo una mínima parte de los pobladores de alrededor cumple el requisito de tener 2.5 hectáreas de tierra, para así obtener los 5 mil pesos mensuales (214 dls).

La familia de Robertina no pudo entrar a Sembrando Vida, ni tampoco es beneficiaria de alguno de los cuatro proyectos por 800 mil pesos que la Conanp aprobó para conservación de toda la montaña este año.


La delgada línea entre la subsistencia y la impunidad


 




Los habitantes de estas comunidades se dedican a la elaboración de jacales —cajas para la transportación de alimentos— con madera de dudosa procedencia. Cada semana surten pedidos de hasta 2,000 cajas que venden a 10 pesos la pieza y se van hasta la Central de Abastos en Huixcolotla, Puebla.

Raúl Álvarez Ocegada, director desde hace más de una década del Parque Nacional, afirma que: “Prácticamente toda la caja de empaque que veas bajar de la montaña es ilegal, es madera corta, pedacería más barata y fácil de transportar”.

El informe del 2020 “Comercio ilegal de madera y aplicación de la ley de protección a bosques”, de la Cámara de Diputados, detalla que la tala y el comercio ilegal de madera opera de manera similar en todos lados: Falsificación de permisos y autorizaciones, sobornos, mezcla de madera legal con ilegal en aserraderos.

Talar árboles en el Parque Nacional está prohibido, mientras que en los predios particulares el corte solo se puede hacer con un permiso forestal, para así certificar la procedencia legal. Pero en esta área natural la tala en pequeña escala para subsistencia se mezcla con otra, que las autoridades equiparan con delincuencia organizada.

Por ejemplo, para esta investigación Profepa informó de un operativo de inspección realizado en abril de este año en Calcahualco, en el que decomisaron 406 metros cúbicos de madera. Según la clasificación de la dependencia, el delito se equipara a delincuencia organizada. La madera tenía un valor superior a 500 mil pesos (25 mil dls), señalaron expertos.

Álvarez Ocegada, explica la organización: “Los bosques tienen dueño, son ellos quienes contratan a los cortadores que son gente de la comunidad. La madera se vende a acopiadores que son personajes pudientes que pueden tener una industria (aserradero) o un cargo político”.

“La comunidad son los cortadores, gente que no es dueña ni de la motosierra, son peones enganchados igual de pobres que sus padres, con la diferencia que sus padres tenían más bosque”, dice el director.

Desde hace más de diez años la Profepa implementó el programa de cero tolerancia a la tala y el área natural fue clasificada como zona crítica forestal, pero la vigilancia falla.

La Semarnat solo tiene registro de 65 aserraderos con permisos formales en los ocho municipios cercanos al Parque Nacional, pero por sus caminos rumbo a la montaña se cuentan varias decenas más. En contraste solo hay cinco permisos de aprovechamiento forestal. Entonces, ¿de dónde viene la madera que esos aserraderos procesan?

Los informes obtenidos para este trabajo lo comprueban: En 17 años, la Profepa realizó 72 operativos a aserraderos, hubo clausuras y aseguramientos precautorios de madera por no acreditar la procedencia legal, no tener libros de control ni permisos vigentes; sin embargo, en la mitad de los casos no hay actas administrativas que lleven a sanciones.

Profepa solo contabiliza nueve denuncias por tala y derribo de árboles en el área natural protegida desde el 2017. El caso más grave fue en 2016, cuando en el paraje Llano Grande del ANP se talaron 972 árboles de pino. Sin embargo, la subprocuraduría ambiental confirmó a AVC Noticias que no existen denuncias penales, ante el Ministerio Público Federal, multas o sanciones por estas ni otras denuncias en los últimos 7 años.

Esta reportera buscó la versión de la Profepa sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.





La tala se vuelve más peligrosa en otros municipios que rodean a la montaña. Es el caso de San Miguel Chilena y San Miguel Pilancón, en el municipio de Mariano Escobedo, donde las comunidades colindan por caminos rurales con Puebla y el triángulo rojo de tráfico de gasolina ilegal, conocido como “huachicol”. 


Los efectos que ha generado la tala en el bosque del área natural protegida se pueden ver a simple vista, pero la falta de recursos ha impedido hacer un diagnóstico serio.

Para esta investigación, la Comisión Nacional Forestal confirmó que no existen datos de la tasa de deforestación bruta del área natural del parque, pero se trabaja en un estudio que estará disponible a finales de este año.

Sin embargo, la Profepa informó a través de transparencia del decomiso de casi 3,200 metros cúbicos de madera en el área natural protegida entre 2015 y 2021. El decomiso equivale apenas a la producción de madera de un aserradero mediano en medio año.

Cuestionado acerca de la deforestación, el director del parque es optimista cuando describe la situación: “En términos reales tenemos la misma superficie forestal, pero hay menos árboles. Donde antes estaban los árboles grandes (un bosque adulto) ahora hay chiquitos de reforestaciones recientes, es un bosque joven que no se ve en el satélite, que tardará más de 20 años en crecer y ha disminuido la capacidad para dar servicios ambientales”.

Según el director, la necesidad de reforestación anual para la montaña es de mil hectáreas cada año.



Víctor, quien vive en la comunidad de Potrero Nuevo en el municipio de La Perla, una de las zonas más devastadas, tiene una imagen grabada en su memoria que ejemplifica la situación, que cuando era niño había árboles tan gruesos que entre tres no alcanzaban a abrazarlos, eso no existe más.

El Glaciar y la cuenca Jamapa, otras alertas en la montaña



La tala y los incendios no son las únicas amenazas al bosque. Las comunidades comparten que el volcán se transforma: “Está cambiando de a chingo, ese hoyo que se ve ahí no lo tenía. Antes la nieve venía hasta abajo en aquella roca, ahora está arriba”, dice Víctor. 


Como lo explicamos en un reportaje anterior, desde 1958 el volcán ha perdido cuatro glaciares. Solo queda el Glaciar Norte, conocido como Jamapa, pero el pronóstico no es alentador. Ese cambio encuentra una explicación científica en el cambio climático.


Guillermo Ontiveros, glaciólogo quien junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace trabajo en la montaña, considera que es falso pensar que acabar con la deforestación salvará al glaciar. Sin embargo, alerta que la desaparición súbita del glaciar sí puede traer otros peligros: “El glaciar se está volviendo cada vez más delgado [...], pierde volumen el hielo y deja al descubierto laderas inestables que pueden provocar derrumbes, avalanchas de lodos, que pueden destruir lo que encuentren a su paso, es importante medirlo para evitarlo”, contó.


Además, cuando el glaciar desaparezca los efectos más graves se reflejarán en la escasez de agua en la cuenca Jamapa-Cotaxtla, de donde se abastecen al menos dos millones de personas.



Los cambios ya los vive la comunidad de El Aserradero en el municipio de Coscomatepec, a unos 40 minutos de la montaña, donde en temporada de estiaje el agua se tiene que racionar entre los habitantes para lograr el abasto. “A veces tenemos que salir del pueblo a conseguir garrafones de agua de las comunidades más cercanas”, narra José Juan Jiménez, habitante del lugar.


Ante la falta de agua, esta comunidad de poco más de 400 habitantes compró un manantial de agua en 40 mil pesos a la comunidad de arriba, Nuevo Vaquería. Aunque la compra está prohibida en la ley de aguas del país, el trato funciona.


El río a unos metros de su comunidad, que antes les abastecía, se secó a la par de la extinción del glaciar Chichimeco. Ahora el río solo se llena de agua en la temporada de lluvias y el manantial comprado es la única opción para los habitantes.


Desde el volcán nacen varias cuencas hidrológicas, pero la más importante es la del Jamapa-Cotaxtla que recorre más de 3,900 kilómetros hasta desembocar frente al mar, en los municipios turísticos de Veracruz y Boca del Río. Conecta dos áreas naturales protegidas: El Parque Nacional del Pico de Orizaba y el sistema arrecifal Veracruzano.



Entre 2009 y 2011 se firmaron acuerdos para descontar el 1 % del recibo del agua a usuarios de los municipios de Veracruz y Boca del Río, que reciben el agua que nace desde el volcán, para cuidar la cuenca. Pero los acuerdos fueron cancelados en 2015 y no se volvieron a reactivar.

El sistema de agua y saneamiento se comprometió a aportar 5 millones para la conservación de 1,418 hectáreas en Nuevo Jacal, Miguel Zoapan, Nuevo Vaquería y San Miguel Tlacotiopa. Vía transparencia, el sistema informó que el convenio se canceló por el desistimiento voluntario de las comunidades. Pero el cancelamiento coincide con la concesión del sistema de agua al grupo privado Odebrecht, de Brasil.

No todo está perdido



En el ejido de Vaquería en Calcahualco, para organizar el bosque los ejidatarios se repartieron 811 hectáreas de uso común. Está acción está prohibida en la ley agraria, sin embargo, el trato funciona porque cada campesino cuida su área.

Desde 2015, la comunidad aprovecha legalmente 12,346 metros cúbicos anuales de madera de sus bosques. El permiso por diez años ha servido para transformar su bosque. Marco Bello, comunero cuenta que reconvirtieron parcelas de cultivos de papa para sembrar pinos, “es mejor tener bosque que siembra, también tenemos un vivero para obtener semilla y nuevos árboles. No es por presumir pero nosotros tenemos el mejor bosque”.



Lo que dice se puede ver entres sus caminos donde los árboles alcanzan los dos metros de diámetro y son el último reducto de un bosque adulto en la montaña.

Lejos de ese ejemplo, en otras comunidades persiste la tala. ¿Cómo evitarlo?, se le cuestionó a Raúl Álvarez director del parque nacional, quien responde que el problema está ligado a una cuestión económica y cultural: “Es necesario canjear la motosierra por proyectos, hay que gente que no sabe hacer otra cosa que tablear madera, pero esto es más grande que la Conanp, es necesaria la política de cero tolerancia a la tala, pero también trabajo interinstitucional entre dependencias para resolver el desempleo en las comunidades”.




Ricardo Rodríguez Demeneghi, quien coordinó el programa salvemos al Pico de Orizaba, dice que la alerta de emergencia climática a nivel mundial debería obligar a ver lo que pasa en el volcán más alto de México e invertir recursos para reforestación, erosión de suelos y los incendios forestales. También advierte que durante años se ha negado la realidad de la montaña, lo que según él genera la falta de presupuesto.

Desde hace más de 25 años Martín Moreno tiene un proyecto de ecoturismo en el volcán, Villas Pico, y ve esta actividad como una solución a la falta de empleo.

Sin embargo, esta opción podría ser más viable si hubiera mejor control en el acceso al parque. Pues aunque se estima la visita de más de 10 mil turistas y alpinistas cada año, apenas 3,000 pagan un acceso a la montaña. Y, como lo comprobó AVC, no hay forma de controlar el acceso porque las casetas están desmanteladas.

Moreno considera que el problema es la falta de seguimiento de los planes de reforestación y restauración en el bosque. En ese mismo sentido, la Conanp sostiene que el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional evaluado en noviembre no debe cambiarse, aunque advierte la necesidad de más recursos para poder cumplir con las 118 acciones contempladas en seis subprogramas de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión.




Mientras se revisa y se cuestionan las soluciones para paliar el daño a la montaña, la Cámara de Diputados volvió a realizar un recorte al presupuesto de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de dónde depende el parque. De aprobarse se mantendría una tendencia decreciente, desde el 2017.

Así, el futuro del volcán más alto de México, del Parque Nacional y de las comunidades que se benefician de sus cuencas parece pender de un hilo, pues los recursos del estado mexicano son cada vez menos y no benefician directamente al parque. Mientras tanto, sin acciones concretas para acabar con la delgada línea entre la subsistencia de los pobladores y la impunidad para la tala ilegal, en el Pico de Orizaba y sus alrededores pareciera reinar la ley del bosque.


 



Investigación y gráficas: Flavia Morales



 Fotografía y Video: Oscar Martínez y Roque Enríquez



Edición: Equipo CONNECTAS 




Esta investigación fue realizada por AVC Noticias y CONNECTAS, dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.