Xalapa, Ver.-(AVC/Tania Rivera) María Luisa Vega Martínez pensaba que después de 28 años de “batir lodo” como maestra rural, podría descansar y disfrutar de su pensión. Pero no ha sido así, pues desde hace seis años, la profesora padece los abusos financieros de Intermercado y CIEP PROCASA.

En 2015 una emergencia familiar la hizo aceptar un crédito por 50 mil pesos, al que le siguieron otros cuatro por cantidades similares en los años 2016, 2017 y 2018, finalmente endeudándose también con la financiera CIEP PROCASA, a quien pidió un crédito para pagar los anteriores. Todos en condiciones abusivas para ella. A tal grado, que de los 26 mil pesos que le corresponden de pensión, sólo recibe mil 904 pesos.

El raquítico monto que queda en su cuenta no es suficiente para atenderse de un viejo diagnóstico de diabetes, y menos, para atenderse del cáncer cervicouterino, que le fue detectado hace un año y medio. Vega Martínez ha tocado puertas en la Condusef, el IPE, el sindicato magisterial, pero nadie la asesora para alcanzar una renegociación justa.

Si pediste paga: la mafia de las financieras

En junio de 2015, María Luisa se presentó en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en Xalapa, para realizar un trámite. En las afueras de las oficinas gubernamentales, la abordaron agentes de la financiera Intermercado para ofrecerle un crédito.

“Dame tu último talón de cheque, tu credencial del IPE y ya, con eso”. Todo parecía confiable, le descontarían sólo 3 mil 300 pesos al mes, y con ese dinerito extra se ayudaría a pagar la educación de sus hijas, quienes por ese entonces iban a la secundaria y la preparatoria.

A los dos meses, la misma financiera le ofreció otro crédito vía telefónica: “ay, me acaban de prestar uno ¿y ya me van a prestar otro?”, recuerda que pensó. Sin embargo, la voz del otro lado de la línea insistente y segura, le confirmó que los descuentos serían iguales: 3 mil 300 pesos al mes.

Y así fue, por lo menos los dos primeros meses. Al tercer mes llegaron las sorpresas: un descuento de 12 mil pesos. María Luisa llamó a la financiera y preguntó el porqué. Es un error, le aseguraron y regresaron los descuentos de 3 mil pesos… pero fue sólo por un momento. A partir de allí, de nuevo se incrementaron los descuentos. Primero fueron 6 mil, luego 7 mil y para agosto del siguiente año eran de nuevo más de 12 mil pesos.

Las financieras con las que contrató créditos cometió tantos abusos y arbitrariedades con ella, que de los cinco créditos que tiene la maestra, varios no fueron firmados por ella, pues utilizaron la firma electrónica y otros datos personales que le solicitaron en los primeros créditos, para gestionar otros.

La maestra no entiende cómo consiguieron quitarle tanto dinero, dice mientras muestra todos los talones de cheque que guarda con celo. Asfixiada por los descuentos, inició su peregrinar por las instituciones. La primera fue la CONDUSEF en donde, después de miles de vueltas, le dijeron que “ellos no podían hacer nada, que tenía que demandar”.

En aquel careo ante la CONDUSEF, la maestra recuerda que la financiera le lanzó un anzuelo. Le ofreció una reestructuración, que le permitiría recibir 8 mil pesos de su pensión, pero a cambio le descontarán 10 mil pesos por otros 5 años.

A pesar de la necesidad, María Luisa no aceptó. Sabe que esa “oferta” es un abuso, como los son los otros créditos que la financiera, usando sus datos personales, le cargó a su nómina.

Su siguiente visita fue al IPE. De nuevo, más vueltas para que la atiendan. Cuando al fin la reciben, la respuesta es igual de desalentadora. Un empleado de nóminas finalmente le dice “¡si pediste, paga!”. Ni siquiera quiso ver los papeles de todos los descuentos que María Luisa tiene documentados.

Si el trabajador del Instituto de Pensiones hubiera visto los recibos de la profesora, se habría percatado que de los 26 mil pesos que le tocan por pensión, la financiera sólo le deja mil 904 pesos.

Pero el embargo a su pensión no es el único problema de María Luisa. La pandemia dejó a su esposo desempleado, un viejo diagnóstico de diabetes la obliga a mantener un régimen de medicamentos. Y un reciente diagnóstico de cáncer cervicouterino, la tiene de estudio en estudio.

El dinero que queda en su cuenta, no le alcanza para las medicinas. Desesperada, acudió a su sindicato, pero la respuesta fue desalentadora: “cuando pase la pandemia, te atendemos”.

“¡Tantos años pagando cuotas al sindicato, tanto tiempo cotizando al IPE!... y cuando los necesito me tratan con desprecio e indiferencia”, se queja María Luisa, quien no se niega a pagar lo que pidió prestado. Y pide una revisión sobre créditos que no reconoce haber solicitado.

En su peregrinar, la profesora también tocó las puertas de la CNDH y la CEDH, pero tampoco le hicieron caso, pese a que, como usuaria crediticia, tiene derecho a una renegociación justa de los créditos a los que tuvo acceso.

Trampas legales: usura y cobranza delegada

El caso de la maestra María Luisa es sólo uno de los abusos de las financieras. Según el IPE, 4 mil 974 pensionados tienen uno, dos o más créditos, muchos de los cuáles se realizan en los mismos términos que el de la maestra, así lo confirma María Teresa Carbajal Vázquez, representante legal de Barzón Resistencia Civil Estado de Veracruz A.C.

Carbajal Vázquez explicó que estos descuentos de las financieras son inconstitucionales debido a que exprimen el 95 por ciento de la pensión de la profesora. Y constituyen el delito de usura, el cual consiste en “el cobro excesivo por un crédito que se otorgó a una persona en situación de vulnerabilidad”.

Veracruz es uno de los estados más golpeados por la usura, destaca Carbajal mientras explica que el problema con las financieras no son tanto las tasas de intereses, sino que tienen acceso libre a la nómina, retienen el dinero y el pensionado jamás accede a él.

Carbajal Vázquez alerta que los casos de abuso como el de la maestra María Luisa podrían incrementarse si se acepta la iniciativa de cobranza delegada, aprobada el pasado 18 de Febrero por el Senado de la República y que actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, que permitiría a los bancos adoptar el modus operandi de las financieras.

“Es una trampa legal en la que el único ganador es el acreditante, porque el acreditante podrá cobrar su dinero sin cobranza, sin comisiones, sin nada”, señaló la representante legal de Barzón Resistencia Civil. Y añadió que estas acciones dejan sin margen de acción a los usuarios de crédito, pues por la falta de ingresos no pueden demandar y un juicio podría tomar dos años, lo mismo que dura el crédito, con lo que “están atados de pies y de manos”.

Carbajal añade a esta problemática, la falta de apoyo de las instituciones públicas, en el caso de María Luisa, considera que el IPE tendría que apoyar y asistir a la afectada, sin embargo también se encuentra coludido pues “reciben el 5% de comisión de cada pago mensual que realiza el acreedor”.

Finalmente, Carbajal señala que el crédito no es malo, sino que es necesario para el crecimiento. Sin embargo los créditos en condiciones abusivas pretenden “mantener cautivo el salario”, el cual es el que protege a todos los veracruzanos de “llevar una vida digna, de bienestar.”

La representante legal de Barzón Resistencia Civil llamó a la Cámara de Diputados a promover un debate amplio antes de aprobar la iniciativa de cobranza delegada, en los términos en que se encuentra en este momento.