Veracruz, el tercer estado del país con más gasto en burocracia : IMCO

Por: Isabel Ortega /AVC Noticias
Fotografía: AVC / Noticias


2021-03-06
Un estudio del El Instituto Mexicano para la Competitividad, señala que el 34 % del presupuesto se va en pago a burocracia * Veracruz disminuyó 2.4 % del gasto en servicios generales, pero aumento 53 % otros rubros, revela estudio.



Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Veracruz es la tercera entidad del país con el gasto más alto en burocracia, el 34 % del presupuesto total -50 mil 970 pesos millones de pesos-, se fueron para el pago de salarios, prestaciones y operación de las dependencias en 2019, reveló el estudio Gasto burocrático: aumentos y recortes (2015-2019), del El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El análisis revisó el gasto aprobado por los congresos del país en contraparte con lo realmente gastado por los gobiernos locales. En el caso de Veracruz se detectó una disminución de 2.9% al gasto general en burocracia, pero también un aumento de hasta 53 % en el gasto de remuneraciones especiales.

Las remuneraciones especiales son todas las percepciones extraordinarias que reciben los funcionarios públicos: primas vacacionales, gratificaciones de fin de año, entre otras.

En el concepto de remuneraciones adicionales o especiales , el gasto se amplió en 2 mil 392 millones de pesos. El dinero etiquetado para este rubro era de 4 mil 455 millones de pesos, pero el gobierno de Veracruz gastó 6 mil 843 millones de pesos.

El IMCO analizó la cuenta pública del 2019, que sigue en reserva de parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). Ahí se detalla que 22 mil millones 407 mil pesos se gastaron en remuneraciones al personal de carácter permanente, en ese rubro se dio un recorte de mil 585 millones, respecto de lo aprobado por el Congreso.

En 2019, el primero de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, se pagaron 4 mil 206 millones de pesos en pago de estimulos a servidores públicos, el monto que equivale al 98 por ciento de lo que se destina anualmente a impartición de justicia en Veracruz, según el IMCO.

Aunque este rubro tuvo una disminución real de 655 millones menos de lo presupuestado.

El análisis detalla que el gobierno de Veracruz aumentó 559 millones de pesos al gasto de prestaciones sociales y económicas a empleados. Originalmente se aprobaron 13 mil 121 millones de pesos , pero finalmente se gastaron 13 mil 681 millones de pesos .

Veracruz también registró disminuciones en el rubro de materiales y suministros de más de 227 millones de pesos y en servicios generales también se registró una disminución.

En el gasto de comunicación social , el estudio señala que todos los estados dispararon la inversión para promover sus acciones de gobierno. En el caso de Veracruz, la diferencia entre lo gastado y lo presupuestado fue de 636 por ciento, se habían etiquetado 31 millones 600 mil pesos y se gastaron 232 millones 900 mil pesos.

El IMCO destaca que los Congreso locales incumplen con su función de fiscalizar, pues no se analizan esos aumentos al gasto corriente; además, las entidades no priorizan la aplicación del recurso, de ahí que se señala que el monto destinado a los estímulos a la burocracia es mayor a lo que se etiqueta en materia de impartición de justicia.

¿ Qué es el gasto administrativo?

El gasto administrativo o burocrático se define como la suma de los montos destinados a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales

Servicios personales: Remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.


 Materiales y suministros: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, y para el desempeño de las actividades administrativas.


Servicios generales: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten a particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.


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