Penal federal en Papantla: 14 a�os en construcci�n y las irregularidades siguen
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) La obra para la construcción del Complejo Penitenciario Federal de Papantla mantiene retrasos que suman cuatro sexenios y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo nuevas observaciones a los recursos que se destinaron durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde el presidente Vicente Fox Quezada, la obra ha recibido 5 mil 600 millones de pesos, casi el 50% de sobreprecio, pues su costo original era de 2 mil 600 millones de pesos, para este penal de maxima seguridad donde se albergará hasta a 2 mil 160 internos.
En la revisión de la ASF en la tercera entrega de la cuenta pública 2019, se hicieron observaciones a la empresa encargada de la obra, Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla, S.A de C.V, a quien se le adjudicó de forma directa el contrato en la modalidad de asociación pública-privada.
La auditoría realizó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, y señaló diversas irregularidades que van desde firmar el contrato de adjudicación sin que la empresa demostrará la viabilidad financiera para realizar la obra lo que provocó retrasos, hasta pagos de fianzas irregulares, y falta de pagos de seguros y fianzas en la obra.
Contrato se adjudicó directamente sin que la empresa demostrara viabilidad financiera
El contrato con la empresa se firmó el 20 de julio del 2018 - aún con el gobierno de Enrique Peña Nieto- para la construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo así como para prestar el Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria.
El contrato se divide en dos etapas, la primera etapa denominada “Etapa de actividades previas”, que consiste en el diseño, desarrollo, construcción y conclusión de la infraestructura del Complejo Penitenciario Federal Papantla, así como el equipamiento y puesta en punto del mismo, y la segunda etapa denominada “Etapa de Prestación del servicio”, consiste en la prestación de servicios auxiliares por los próximos 20 años a partir de la conclusión de la primera etapa.
De acuerdo a los anexos en el contrato con la empresa, la duración de estas actividades previas no debían ser mayor a 20 meses. La fecha de inicio del proyecto se programó para julio de 2018, con una fecha de conclusión y de inicio del servicio integral de capacidad penitenciaria en diciembre de 2019.
Sin embargo, la empresa tuvo que firmar un convenio modificatorio para atrasar los trabajo, pues no pudo obtener un crédito para financiar la obra, por lo que el contrato se amplió hasta noviembre del 2020.
Al realizar la auditoría de cumplimiento de inversión, se detectó que durante el proceso de la adjudicación directa, la empresa no acreditó contar con la capacidad financiera, técnica, operativa para dar cumplimiento a sus obligaciones, ya que incluso tuvo que celebrar un convenio de colaboración para presentar la cotización bajo el esquema de consorcio junto a otras empresas.
La ASF determinó que el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social no justificó por qué se solicitó a la empresa presentar una cotización para la ejecución del proyecto sin que se hubieran valorado a otras empresa como opciones.
Esto ocasionó retraso en la obra, según la ASF en 2019, se programó una inversión privada para el proyecto de 1 mil 518 millones de pesos y en la Cuenta Pública, la Secretaría de Gobernación- a cargo del proyecto- reportó que solo se ejerció un total de 27 millones de pesos por concepto de la adquisición de las fianzas de cumplimiento y de las pólizas de obra civil y de transporte de carga y la ejecución del proyecto ejecutivo.
Esto se debió a que la empresa Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla, S.A de C.V, no obtuvo el financiamiento para la ejecución del proyecto, por lo que solicitó reconocer la existencia de una causa excusable y modificar las fechas de conclusión de las actividades previas, y se suscribió el primer convenio modificatorio el 8 de abril de 2019 para ampliar en 142 días naturales el periodo de ejecución de las actividades con una fecha de conclusión a noviembre de 2020 en cumplimiento con lo establecido en el contrato.
Fianza debió ser de casi 500 millones de pesos, empresa solo pagó 130
Otra de las irregularidades, es que la empresa habría pagado una fianza menor al 10 por ciento del total de la obra estimada en 4 mil millones de pesos. La ASF determinó que la empresa solo pagó una fianza de 130 millones de pesos, cuando debió pagar una fianza de 437 millones de pesos por la obra.
Los auditores también detectaron que en septiembre de 2019, entregó una factura por pago de seguros y fianzas por 11.4 millones de pesos, pero la empresa solo pudo entregar comprobantes de pago por 4 millones de pesos.
Los comprobantes debieron ser entregados a Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, pero la empresa no lo hizo y excusó argumentando que no existe facultad para solicitar los comprobantes de pago relativos.
Ante ello, la ASF emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Prevención y Readaptación Social realice las investigaciones pertinentes e inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no verificaron que el Desarrollador les proporcionara la totalidad de los comprobantes de pago de los seguros y fianzas.
La Auditoría además registró que los documentos relativos al Financiamiento para la ejecución del proyecto no se obtuvieron en o antes de la Fecha de Cierre Financiero que, según lo establecido en el contrato, debía ser el primer día hábil siguiente a que se cumplan 180 días naturales contados a partir de la suscripción del contrato, pues se presentaron el 7 de junio de 2019, lo que representó 322 días naturales después.
“Este atraso se debió a que el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social tuvo un desfase de 102 días naturales en la entrega de las instalaciones y a que no entregó en tiempo al Desarrollador los documentos solicitados por el banco para concluir la dictaminación del crédito”.
La empresa contratada bajo adjudicación directa prestará servicios auxiliares por los próximos 20 años a partir de la conclusión de la primera etapa, entre los que se encuentra la limpieza integral y manejo de residuos sólidos y urbanos; servicios de fumigación y control de plagas y fauna nociva; servicios de jardinería y mantenimiento de espacios exteriores; conservación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipo propio del inmueble; administración de servicios públicos, conservación y ahorro de energía.
El centro penitenciario de 4 sexenios
El proyecto “Construcción, Rehabilitación, Adecuacion, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla” fue inscrito en la cartera de programas y proyectos de inversión con número 0836E000019 en 2007 y, con un avance físico del 80% el proyecto quedó suspendido en el año 2017.
El 31 de julio del 2017, la Secretaría de Gobernación a través de su Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizar su registro en la cartera de programa y proyectos con la modalidad de inversión de tipo Asociación Publica Privada (APP).
El proyecto fue reactivado en julio del 2018. El espacio se ubica en los ejidos Ojital y Potrero con 279 mil 195 hectáreas en las que se tienen planeados cuatro módulos de máxima seguridad, dos de mediana, uno de mínima, así como un módulo de observación y vigilancia.
De acuerdo a información de Eje central, se ha señalado que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investigan a ex comisionados del sistema penitenciario José Patricio Patiño y el ex secretario de seguridad, Genaro García, así como Frida Martínez Zamora, exsecretaría general de la extinta Policía Federal, y Jorge Márquez Montes.
La obra, que fue continuada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo la colocación de la primera piedra en 2008; se dijo que el “super penal” sería inaugurado en 2010 pero tuvo un retraso y con ello se firmó un nuevo convenio con Desarrolladora y Constructora de Proyectos Integrales Typp, S.A. de C.V.; Tradeco infraestructura, S.A. de C.V.; así como Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V. Que amplió la obra hasta el 27 de marzo de 2011.
El plazo no se cumplió y se renovó con una nueva inyección de recursos por 515 millones 364 mil 300 pesos, luego con el pretexto de que estaba al 90 por ciento el gobierno de Felipe Calderón aumentó en 272 millones 726 mil 500 pesos la obra que debía ser terminada el 15 de octubre de 2012.
La ASF detectó que en cuatro años la obra incrementó su costo y se realizaron“pagos indebidos de conceptos no ejecutados por un monto de 47 millones 137 mil 700 pesos, que habrían sido deducidos.
Ya en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se inyectaron 3 mil 521 millones 800 mil pesos, pero tampoco se concluyó y ahora con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se anunció que se destinarían 3 mil 959 millones de pesos para concluirlo.
La fecha de inicio del proyecto durante la más reciente intervención se programó para julio de 2018, con una fecha de conclusión y de inicio servicio integral de capacidad penitenciaria en diciembre de 2019; sin embargo, como resultado de la suscripción de un primer Convenio Modificatorio al contrato la fecha para el inicio del servicio penitenciario se amplió hasta noviembre del 2020.
Al inicio de las actividades previas el complejo penitenciario contaba con 17 edificios concluidos, y faltaban por construir 7, entre ellos el de visitas, juzgados, área canina y armero seguridad penitenciaria; sin embargo, a pesar de que la obra ya fue concluida, esta sigue sin operar.