Veracruz con nulo avance en la implementación del sistema de Justicia Penal
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Veracruz se ubica en el número 30 entre los estados con menor avance en la implementación del sistema de justicia penal, con un rezago en su diseño presupuestal, inexistencia de un sistema informático de coordinación, así como un número bajo de personal como policías ministeriales, fiscales, peritos y jueces.
En la entidad el indice de impunidad de los delitos es del 91.2 % de acuerdo al informe, México Evalúa “Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, la entidad no ha logrado la meta de consolidación de este sistema, ya que desde 2016 el avance es casi nulo.
El estudio, que establece un máximo de 900 puntos de acuerdo a mediciones como , señala que la entidad veracruzana solo obtuvo 293 puntos, con los cual sólo se encuentra por encima de Nayarit con. 284 y Guerrero con 278 puntos; en contraparte Querétaro obtuvo 727 y Baja California 641.
“Se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo. Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguida de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán. Por otro lado, las entidades peor evaluadas en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo”, señala el informe.
Recursos sin distribución lógica
El reporte indica que uno de los problemas es que los estados no tienen un presupuesto acorde a la necesidad de implementar este nuevo sistema, y ejemplo de esto es que mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz obtuvo 68 millones 142 mil 564 pesos en 2019, la Fiscalía General de la entidad recibió 14 millones 794 mil 706 pesos; esto es, por cada peso otorgado a SSP, la Fiscalía recibió apenas 0.24 pesos.
En contra parte, la Defensoría Pública no recibió presupuesto y la Comisión Estatal de Atención de Víctimas (CEAV) tuvo una asignación de un millón 190 mil pesos, contra los 22 millones 523 mil pesos otorgados al Poder Judicial de Veracruz.
En 2016 Veracruz recibió 400 millones 572 mil 657.65 pesos; para 2017 la cifra fue mucho menor, con 247 millones 946 mil 362.34 pesos; pero en 2018 la cifra nuevamente aumentó a 466 millones de 330 mil 454.31 pesos y para 2019, la entidad obtuvo 446 millones 755 mil 877.29.
Pocos agentes, jueces y fiscales
El rezago en materia de impartición de justicia también es observable en el número de Agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, que a nivel nacional tiene un promedio de 3.94. Esta cifra es aún menor en Veracruz , en donde sólo existen 2.86 MP por cada 100 mil habitantes.
Con esa cifra, la entidad se ubica en el lugar número 18 a nivel nacional; a ello se suma que Veracruz se encuentra muy por debajo en cuanto al número de policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, pues mientras el promedio nacional es de 9.93, en la entidad es de 0.62.
En cuanto a fiscales, el promedio nacional es de 9.60 por cada 100 mil habitantes, pero en Veracruz es de 5.88; el número de peritos ni siquiera fue informado y los jueces son 3.52 por cada 100 mil habitantes, mientras el promedio nacional es de 3.77; los defensores también son insuficientes con apenas 0.28 por cada 100 mil personas, cuando la media es de 2.23.
Indíce de confianza en el sistema de justicia es de 7.9%
Como resultado de una deficiente implementación en el sistema, el índice de confianza en el sistema de justicia penal son muy bajos; de acuerdo con el informe este índice es de menos 7.9 por ciento, igual que el promedio nacional; en contra parte, Yucatán tiene un índice positivo, pero igualmente bajo de 11.1 por ciento y el peor es Ciudad de México, con un índice negativo de menos 27.8 por ciento.
“En el Índice de Impunidad 2019 no se han registrado disminuciones significativas de los niveles de impunidad del sistema; esto quiere decir que un alto porcentaje de los casos que son conocidos por las autoridades no reciben una respuesta efectiva por parte de ellas, aún cuando el diseño del sistema de justicia prevé diversidad de posibles respuestas y elementos suficientes para su atención”.
Advierte que el Índice de Impunidad 2019 sugiere que no se han dado mejoras de las instituciones estatales que permitan proporcionar justicia a los ciudadanos, lo que se traduce en un alto porcentaje de casos no resueltos o, en su defecto, casi la totalidad de los asuntos sin una resolución.
“Una señal de alerta que requiere ser atendida con urgencia ya que, en este caso, se dejan fuera los delitos ocurridos que no son del conocimiento de las autoridades, lo cual estaría dando señales de un problema más grave”.
En Veracruz la impunidad es del 91.2 %
A nivel nacional, el promedio de impunidad de los delitos es de 92.4 por ciento, en Veracruz es del 91.2 por ciento; eso quiere decir que aunque los delitos son denunciados, 9 de cada 10 no son resueltos.
De acuerdo con el informe, la llamada “tubería procesal” del sistema impide que haya resoluciones, además muchos casos son archivados; en 2019 a nivel nacional se presentaron un millón 779 mil 140 denuncias, de las cuales solo 207 mil 202 fueron abiertas en carpetas con un detenido; hay además 862 mil 316 casos (el 44.5 por ciento) en proceso de investigación.
En total por esos casos se abrieron un millón 937 mil 564 procedimientos, y se reportaron 866 mil 296 mil determinaciones, esto es 44.7 por ciento, de las cuales 569 mil 731 (65%) fueron enviadas al archivo temporal y en 51 mil 147 la autoridad se dijo incompetente para resolver y en 127 mil 583 decidió el no ejercicio de la acción penal.
En Veracruz el escenario no es mejor pues 95 por ciento de las investigaciones iniciadas fueron sin detenido, lo que la ubica ente las cinco entidades con los porcentajes más bajos, apenas después de Tabasco, Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas.
Del total de investigaciones abiertas, el 80 por ciento en Veracruz fueron enviadas al archivo temporal, con lo cual se ubica entre las seis entidades peor calificadas en este tema. Además, el informe señala que solo el 1.3 por ciento de las carpetas iniciadas en Veracruz resultan en vinculación en proceso; mientras que a nivel nacional el promedio es de 3.4 por ciento.
En general, sólo el 15 por ciento de los casos en Veracruz se definen mediante un acuerdo reparatorio, el 15 por ciento por la suspensión condicional del proceso, el 15 por ciento se resuelven por procedimiento abreviado y solo el 10 por ciento termina con apertura de un juicio oral.
Veracruz con 71.3 % de los casos sin resolver
En Veracruz el sistema de justicia penal enfrenta una congestión en causas penales, ya que los casos sin resolverse; es decir, es trámite llegan a ser el 71.3 por ciento del total, mientras el promedio es del 48.2 por ciento ; esto es el reflejo de los casos en trámite que no fueron resueltos en 2019.
Esto podría deberse a que las medidas cautelares más solicitadas en proceso penales son la prisión preventiva con 23 por ciento, en 23 por ciento la presentación periódica del involucrado, el 20 por ciento la solicitud de una garantía económica.
El informe advierte que en Veracruz solo el 2 por ciento de los delitos judicializados en causas penales lograron sentencias, a pesar de que el promedio nacional es de 13 porq neto; esto quiere decir que Veracruz se ubica entre los seis estados peor evaluados, junto con Sonora con 2 por ciento, y Puebla, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala con uno por ciento.
Pero incluso, aquellos que logran sentencia no obtienen necesariamente justicia, pues en el 23 por ciento de los casos las sentencias son absolutorias, el 50 por ciento condenatorias.
“Las instituciones muestran un alto nivel de saturación, tanto en las fiscalías como en los poderes judiciales. La cantidad de casos que se quedan en la esfera institucional sin recibir respuesta efectiva, ya sea en forma de reparación del daño, de salida alterna o anticipada o de una sentencia por parte del juez, hace evidente tal saturación. Este fenómeno se asocia, en efecto, con la disponibilidad limitada de recursos y con una baja capacidad instalada en términos de suficiencia de personal, pero también es consecuencia de la falta de una Política Criminal de Estado que identifique objetivos a mediano y largo plazo, y que pueda articularse con Políticas de Persecución Penal que establezcan las prioridades, optimicen los recursos existentes y definan la forma de responder a cada fenómeno criminal”.
Ante ello, señalan que el sistema de justicia penal se encuentra aún en un estado de inmadurez, con una característica general: la falta de liderazgo político y de voluntad para consolidarlo.
“La consolidación del sistema requiere el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el mejoramiento de la gestión de procesos, la focalización de recursos, la definición de objetivos comunes y la profesionalización del personal”.
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