Desaparición Silenciosa: 228 cadáveres se enviaron a facultades de la UV sin registro
Por Luis Alonso Pérez, para Emeequis, en alianza con CONNECTAS y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).*
Al menos 228 cadáveres fueron enviados con fines académicos a las distintas facultades de medicina de la Universidad Veracruzana durante las dos décadas pasadas, pero no existen existen documentos oficiales que permitan conocer el proceso de su entrega y los detalles sobre su disposición final.
La Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado respondió a una solicitud de transparencia que no se encuentran facultados para donar cadáveres a instituciones educativas, “toda vez que forman parte de las investigaciones que realizan los fiscales”.
Sin embargo, el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana (UV) proporcionó un listado detallado de los 228 cuerpos que fueron enviados entre 2000 y 2019 a sus 10 facultades de medicina y odontología, otros 51 fueron enviados a Universidades Privadas como Villa Rica y Cristobal Colón.
El oficio IMF 51-2019, firmado por la titular del Instituto, Guadalupe Melo Santiesteban, precisa que “no existe documento oficial donde se avalaba estos movimientos, sólo contamos con una relación que era actualizada por los empleados que laboraron en el área del Servicio Médico Forense en los años descritos”.
El Artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Salud (LGS) en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, establece que, cuando las instituciones educativas obtengan cadáveres para investigación o docencia, por parte del Ministerio Público, deberán presentar una autorización del depósito en favor de la institución, firmada por el agente del Ministerio Público con el que se entienda la diligencia.
Además de violar la LGS y su reglamento en la materia, la falta de documentos concordantes entre ambas instituciones violenta la cadena de custodia de los cadáveres estabecida en los protocolos forenses.
Como consecuencia, imposibilita que el familiar de una persona desaparecida pueda dar seguimiento, desde que el cuerpo sin vida fue recogido por el Servicio Médico Forense, hasta que fue donado, y su disposición final, ya sea en un crematorio o en la fosa de un panteón.
En respuesta a una segunda solicitud de transparencia, en la que se requería una copia de los documentos que, por ley, debieron expedir para notificar a la Secretaría de Salud sobre dichos cambios en la custodia de los cadáveres, el Instituto de Medicina Forense de la UV respondió: “no contamos con los documentos requeridos, pues los cadáveres pasaban bajo resguardo del Instituto de Medicina Forense, por falta de espacio y condiciones, a los anfiteatros de las distintas facultades de medicina por periodo de un año de los cadáveres no identificados”.
La investigación nacional Donaciones de Cadáveres: una desaparición silenciosa, realizada por EMEEQUIS, en colaboración con Connectas y el International Center for Journalists reveló que esta situación no es exclusiva de Oaxaca, ya que en 18 estados del país prevalece una falta generalizada de archivos sobre la entrega, resguardo o disposición final de los cuerpos humanos donados a universidades estatales, así como discrepancias sistemáticas en las cifras reportadas por las fiscalías y los centros de estudios superiores, tanto públicos como privados.
Al menos 969 cuerpos humanos están perdidos en México. Fueron donados por fiscalías estatales a universidades, para fines didácticos o de divulgación científica, en las últimas dos décadas. Desaparecieron, porque no existen documentos oficiales que permitan conocer el proceso de entrega de estos cadáveres de personas no identificadas a diversas facultades de medicina y los detalles sobre su disposición final.
“¿Qué hicieron con el cuerpo de mi hija?”
Gemma fue víctima de secuestro en 2011. Y hasta la fecha no ha aparecido. Por casi cinco años, su papá, Pedro Mávil, la buscó, con la esperanza de que siguiera viva, hasta que una persona que laboraba en la Fiscalía General de Justicia le confesó que le dolía verlo sufrir por no conocer el paradero de su hija; entonces, le proporcionó el número de una carpeta que contenía información sobre el homicidio de una persona que podía ser Gemma.
"Para mí era una llave para saber lo que había pasado a mi hija", dice Pedro, recordando la esperanza que despertó la información que hasta ese momento desconocía.
La carpeta contiene el acta del levantamiento del cuerpo de una mujer, en calidad de desconocida. A Pedro le tomaron muestras de ADN, las cuales coincidían con el registro genético del cuerpo. Ello confirmaba la muerte de Gemma, pero no había información sobre la disposición del cadáver. ¿Dónde quedó? Nadie sabía.
Pedro inició su propia investigación para encontrarla. Los primeros indicios apuntaban a que podía haber sido inhumada en una fosa común del Panteón Palo Verde. Pedro intentó ubicarla en tres fosas distintas y exigió a las autoridades que exhumaran los restos. Fue imposible. "Ahí me di perfectamente cuenta de que, desgraciadamente a ellos (autoridades) les vale un comino el dolor ajeno. Hacen las cosas a modo para no involucrarse”, dice Pedro.
Un día, encaró a una perito de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia de Veracruz que podía saber dónde yacían los restos de Gemma. Frente a un juez de control, en una sala de audiencias, la funcionaria declaró que el cadáver pudo haber sido donado a la Universidad del Conde, en Coatepec, un centro de estudios superiores que imparte la maestría en Medicina Estética y Longevidad, para ser usado en prácticas estudiantiles.
La respuesta dejó impávido a Pedro. No entendía cómo el cuerpo de su hija Gemma pudo haber sido entregado a una universidad por la Fiscalía General de Justicia local, siendo que desde el día en que recibió la llamada de sus secuestradores exigiendo su rescate, había aportado todos los datos para su identificación.
Pedro intentó comprobar la versión de la perito de que el cuerpo de Gemma pudo haber sido donado a esa universidad o a otra, pero se topó con una serie de irregularidades burocráticas que truncaron su búsqueda. Hasta el día de hoy, no logra conocer el paradero de su hija.
En reiteradas ocasiones se solicitó una postura por parte de la Universidad del Conde, pero no se obtuvo respuesta.
“Nunca hubo un protocolo que obedeciera a darle un trato digno de identificación genética a los cuerpos que llegaban en calidad de desconocidos. No había trato digno, no había respeto, como si fueran viles animales”, lamenta.
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La razón que da Villanueva sobre esa falta de documentación es que forma parte “de las investigaciones que realizan los fiscales y las autoridades correspondientes, quienes tienen la exclusividad de las carpetas de investigación, y concentran los informes y/o dictámenes emitidos de los casos que investigan”.
A pesar de que la UV tiene el registro de la cantidad de cuerpos recibidos durante las dos décadas pasadas, la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal niega oficialmente haber donado cuerpos, cráneos, osamentas o restos óseos a ninguna autoridad o institución educativa.
Para un alumno de medicina, un cadáver donado a su universidad es “su primer paciente, su primer libro, su primer acercamiento al cuerpo humano, a la disección a través de planos anatómicos para identificación de estructuras anatómicas”. Así lo define el doctor Diego Pineda Martínez, responsable del Programa de Donación de Cuerpos de la UNAM.
Pineda explica que, en esta universidad, los cadáveres también son utilizados por alumnos de cirugía y de posgrados, médicos que necesitan mejorar sus habilidades quirúrgicas para reducir la posibilidad de errores, así como desarrollar investigación científica. Especifica que los cuerpos no pueden provenir de víctimas de violencia, pues están ligados a investigaciones judiciales que necesitan desahogarse.
Este catedrático recomienda a las universidades estatales que, para evitar problemas legales y apegarse a las buenas prácticas internacionales, atiendan con cuidado los aspectos legales de la donación de cadáveres; “para que no quede ningún hueco ahí, deben cuidar muy bien los trámites”, subraya.
Para Pedro Mávil, la responsabilidad principal es de la Fiscalía de Veracruz, por carecer de la documentación que –por ley– debe mantener de cada uno de los casos de donación, y perfiles genéticos registrados antes de ser entregados a las universidades.
“¿Dónde está el cuerpo de mi hija?”, cuestiona Pedro. “Fue el mismo gobierno del Estado, que ya tenía en su custodia el cuerpo de mi hija y me la desapareció”.