ASF tiene 74 denuncias por desvíos en Veracruz, apenas 5 tienen avance

Por: AVC/Noticias  
Fotografía: Yahir Ceballos /AVC Noticias


2020-07-18
La mala aplicación de los fondos públicos derivó en 74 denuncias de papel, pues la mayoría de ellas sigue en proceso de integración y no hay garantía para que se dé el reintegro de los recursos públicos.



Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) En dos décadas -de 1998 al 2018- el gobierno del Estado de Veracruz fue de los más desaseados en el manejo financiero de los recursos que entregó la federación. La mala aplicación de los fondos públicos derivó en 74 denuncias de papel, pues la mayoría de ellas sigue en proceso de integración y no hay garantía para que se dé el reintegro de los recursos públicos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un par de informes en los que detalla que han interpuesto mil 44 denuncias contra gobiernos municipales, estatales, dependencias del estado y organismos públicos por no justificar el gasto de los recursos entregados a lo largo de 20 años.

De ese total 74 corresponden al gobierno estatal, siete más contra municipios como las Choapas, Zozocolco, Tezonapa, Perote y Álamo; y una más contra la Universidad Veracruzana. En todos los casos, los administradores del recurso no lograron documentar el gasto del dinero público.

De las denuncias presentadas, una fue reservada, tres se judicializaron, en dos hay amparos de por medio dos más aparecen como “consignada” en un informe que emitió la ASF.

Si bien el periodo incluye los gobiernos de los priistas Miguel Alemán Velazco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, quien está recluido en un penal federal por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, fue el último quien acumuló el mayor número de querellas.

En su caso el tema cobró especial relevancia cuando la autoridad federal denunció la simulación de reintegros, es decir, funcionarios de Sefiplan regresaban dinero a cuentas bancarias de la federación que después retiraron nuevamente, lo que se consideró un engaño.

En marzo, previo a que se declarara el aislamiento social por la pandemia generada por el virus Sars CoV-2, la ASF remitió un informe a la Cámara Federal en el que detalla el estado que guardan las denuncias penales, la mayoría solo en el papel, contra los responsables de la administración pública.

El reporte que se envió a diputados detalla que, en ese período, la federación logró el reintegro de 13 mil 983 millones, ese monto equivale a la mitad del gasto anual de un municipio como Rafael Lucio, que cuenta con más de 8 mil habitantes.

Las denuncias procedentes

En noviembre del 2001, se presentó la denuncia 06-A-30000-10-523-09-001 por pagos por conceptos de servicios de lavandería no realizados, faltantes de ropa hospitalaria no entregada por el prestador del servicio y penalizaciones no aplicadas por incumplimiento en el plazo de entrega de las prendas lavadas. Esa querella se encuentra en reserva.

En el año 2011 se generaron dos denuncias por el manejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) la 11-0-17100-02-0785-09-003 y 11-0-17100-02-0785-09-004.

En ese ejercicio fiscal, ya en la administración de Javier Duarte de Ochoa, se etiquetaron 341 millones, y tras la auditoría practicada se ordenó el reintegro de 94 millones, lo que equivale a poco más del 27 por ciento de lo ejercido.

En ambos casos, el estatus de las investigaciones es “consignadas”, lo que podría llevar a que se reparó el daño o alguna persona ya fue encarcelada por el delito, sin embargo, esos detalles no se aportan en el informe.

Existe una denuncia la 12-0-17100-04-0153-09-001 que, según los datos públicos, está “judicializada”, es decir, ya se integró la carpeta de investigación y se podría consignar a los responsables del mal manejo de los fondos.

Esa querella se presentó en septiembre del 2016, por el manejo de recursos públicos en el tercer año de la administración de Javier Duarte -2012-.

Se encuentra en ese mismo estatus la: 14-0-17100-04-1021-09-001, que se presentó en agosto del 2016 por el manejo de recursos del 2014; y la 14-0-17100-14-1053-09-001, también de ese mismo ejercicio fiscal que se presentó también en el 2016, en diciembre, como resultado de la auditoría 1053.

Por el manejo de los recursos se presentó la denuncia 09-0-17100-02-0684-09-001, como resultado de la revisión al manejo de fondos federales -auditoría 684- la denuncia se presentó en noviembre del 2014, y existe un amparo federal por esa querella.

Ya en el año 2014, la denuncia 11-0-17100-02-0785-09-001, por el manejo de recursos públicos en el 2011 -auditoría 785-. Hay otra denuncia que se presentó en 2014, por el manejo de recursos en el 2009 -en el gobierno de Fidel Herrera, que llevó a la integración de la carpeta 09-0-17100-02-0684-09-001, que sigue en litigio.

Otras 68 denuncias siguen integrándose, por lo que no hay avances, ni órdenes de aprehensión, ni existe la posibilidad que se pueda lograr el reintegro de los recursos públicos.

Una historia de desvío

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que el Estado devuelva al gobierno federal 96 millones 470 mil 817 pesos con 15 centavos, más intereses, que se entregaron para contratar seguros agrícolas, pero cuyos recursos fueron desviados.

El máximo tribunal, revisó el caso de un convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para contratar seguros que cubrieran las pérdidas en caso de desastres naturales, en beneficio de los campesinos de 208 municipios del estado.

En el caso analizado por la SCJN no se tocaron las responsabilidades penales por estos desvíos, solo se solucionó la disputa entre los dos niveles de gobierno sobre si se debería devolver al erario federal el dinero que no se destinó para el objetivo al cual estaba etiquetado.

La revisión arrojó que, pese a que se firmaron las pólizas, el dinero no llegó; tampoco se entregaron evidencias del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales no ejercidos.

Por tal razón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) promovió ante la SCJN el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 1/2019, para que el gobierno de Veracruz devuelva el dinero que no se utilizó para los fines que le fue entregado y así lo aprobó la SCJN.