Por John Gibler para A dónde van los desaparecidos
“El peso más grande. ¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: ‘Esta vida, tal y como tú ahora la vives y como la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nada nuevo; sino que cada dolor y cada placer, y cada pensamiento, y cada suspiro, y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión: y así también esta araña y esta luz de luna entre las ramas, y así también este instante y yo mismo.¡El eterno reloj de arena de la existencia se invierte siempre de nuevo y tú con ella, granito de polvo!’”.
Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia
Al parecer, estamos condenados. El demonio se ha deslizado furtivamente en la más solitaria de nuestras soledades y estamos viviendo lo que ya hemos vivido, y lo estamos viviendo aun otra vez e innumerables veces. Cada dolor y cada espanto, cada análisis y cada prueba arrojada ante las mentiras, y cada invento y cada escenario falso, y cada fabricación y cada negación. Estamos atrapados, como siempre lo hemos estado.
La clase política endemoniada ha dicho que sí al famoso planteamiento del filósofo alemán, ha dicho que sí quiere seguir viviendo en la misma impunidad de siempre, que podrá vivir toda la eternidad en la repetición constante de las mismas mentiras, el mismo encubrimiento de los crímenes de Estado, los mismos ciclos de opresión y represión. ¿Una cuarta transformación? Aquí reina el eterno retorno de la impunidad.
Es el ocaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se cumplen diez años de la atrocidad cometida por policías, soldados y sicarios en Iguala, Guerrero, y la investigación oficial de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa vuelve a su origen: el basurero de Cocula y la “verdad histórica”.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
De la “verdad histórica” de Peña a la “verdad histérica” de López Obrador
He detallado en otros textos cómo el gobierno de López Obrador operó en 2022 para cerrar filas alrededor de los militares, ejercer un control político sobre la investigación del caso Ayotzinapa y quitar del camino a quienes insistieran en seguir investigando conforme a la ley. Aquí haré solo un breve resumen.
López Obrador ordenó al presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, preparar un informe sobre el caso. Este fue elaborado en secreto, a espaldas de las familias —que también forman parte de la Covaj—, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del propio fiscal especial del caso. El informe fue presentado en agosto de 2022 ante las familias —a las que causó un daño profundo al incluir supuestos chats de los perpetradores que narraban una historia de horror respecto al destino de sus hijos— y rápidamente desacreditado por basarse, una gran parte, en información falsificada: esos mismos chats.
López Obrador mandó arrestar al exprocurador Jesús Murillo Karam la misma semana de la presentación del informe de la Covaj, aunque la investigación y la consignación en curso no estaban listas. Luego, para cumplir con su orden, el fiscal general Alejandro Gertz Manero obligó a renunciar al fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y a casi todo su equipo durante el mes de septiembre de 2022. Estas intromisiones provocaron la renuncia en octubre de dos miembros del GIEI. Dos se quedaron para avanzar en la investigación, pero presentaron su dimisión junto con un sexto informe en julio de 2023, que mostraba las repetidas mentiras y la cerrazón total del Ejército respecto a la documentación existenteen sus archivos y las acciones de los militares durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El presidente reconoce su manipulación del caso —insiste en que no hay nada malo en ello— en su libro ¡Gracias! En el apartado que dedica a Ayotzinapa (páginas 518 a 535), López Obrador cuenta esta misma historia: “Desde principios de 2022, empecé a solicitarle a Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, que se apurara en los interrogatorios y en la búsqueda [de los normalistas] y que se elaborara, con la información obtenida hasta entonces, una primera versión que ayudara a esclarecer lo realmente sucedido”.
Cabe recordar que, a inicios de 2022, el GIEI presentó su tercer informe al gobierno y a las familias, del que solo se hizo público un resumen. Ese informe incluía documentos encontrados en los archivos del Ejército y de la Marina, así como videos de un dron de la institución naval que mostraban acciones ilegales de ambas instancias militares que habían sido ocultadas hasta entonces.
Sigue contando López Obrador en su libro: “En estas circunstancias, en el mes de agosto de 2022, Alejandro Encinas me presentó un documento titulado ‘Primer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa’, con dos anexos de sustento a la relatoría principal. Una vez leí el informe, me pareció creíble; invité al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a una reunión junto con Alejandro [Encinas] y Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, para pedirle al fiscal general que si consideraban suficientes las pruebas presentadas en ese informe, se procediera a elaborar la documentación respectiva para solicitar al juez las órdenes de aprehensión de 41 personas señaladas como presuntos responsables en el caso Ayotzinapa”.
El presidente lo narra como la cosa más natural e inocente del mundo, pero lo que cuenta es la intromisión política que dinamitó el caso jurídico más grande y emblemático de su sexenio. López Obrador confunde —a propósito, quizás— un informe de una comisión de la verdad con las pruebas que llevaba más de dos años trabajando la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Llama la atención que el mandatario no invitara al fiscal especial encargado del caso a su reunión, pero sí al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¿para asegurar desde lo más alto que las órdenes de aprehensión serían otorgadas por el juez?). Llama también la atención la manera en que López Obrador y Alejandro Encinas presentaron el informe a las familias: en un acto solemne, con la presencia del gabinete, distinto a cualquier encuentro previo; una puesta en escena para cerrar el caso y despedirse. Y, sobre todo, llama la atención lo que ahora sabemos: ese informe realizado en secreto a petición de López Obrador y usado por el propio presidente para instruir al fiscal general y al presidente de la Suprema Corte de Justicia a tomar acciones en el caso, se basó en chats de WhatsApp falsificados.
Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, durante la presentación del informe de la Covaj, de la que era presidente, en agosto de 2022. (Paola Macedo/ObturadorMX)
Para intentar justificar lo injustificable, López Obrador recurre a una táctica común y nada sutil: culpar a las víctimas. En este caso, el mandatario acusa a las personas que intentaron llevar a cabo una investigación imparcial —el fiscal al frente de la unidad especial Omar Gómez Trejo y su equipo, los abogados de derechos humanos que representan a las familias, los miembros del GIEI— de ser quienes buscaron poner obstáculos a la justicia. Acusa también a Gómez Trejo y su equipo de negarse al arresto de Murillo Karam. Eso no es cierto: más bien, según lo que el exfiscal me dijo en entrevista, pedían tiempo, querían girar la orden de aprehensión con una acusación sólida y no porque el presidente buscaba un titular en los periódicos para acompañar a su informe apócrifo.
El jueves 18 de agosto presentaron el informe de la Covaj. Al día siguiente, policías federales detuvieron a Murillo Karam con una orden de aprehensión elaborada en dos días por abogados de Asuntos Internos ajenos a la investigación. Ese mismo viernes 19 de agosto, la UEILCA giró 83 órdenes de aprehensión en el caso, 19 contra militares. Unas semanas después, el 13 de septiembre, en un acto sin precedentes, y con la oficina de la UEILCA invadida por Asuntos Internos, la fiscalía canceló 21 de esas órdenes de aprehensión, 16 contra militares.
López Obrador, entonces, acusa al equipo de la UEILCA de querer “reventar la instrucción incluyendo [en las órdenes de aprehensión] a más militares” que los cinco mencionados en el informe de la Covaj. Es de no creerse: el presidente acusa al fiscal especial del caso de buscar “reventar” un procedimiento judicial por emitir órdenes de aprehensión contra militares, basadas en pruebas recabadas en más de dos años de trabajo, porque considera que se excedió en el número. ¿Cómo sabe eso López Obrador? Porque Gómez Trejojudicializó a más militares que los citados en un informe sin validez jurídica y basado en pruebas falsificadas.
El presidente acusa además a las organizaciones de derechos humanos que han apoyado a las familias desde el día de los ataques en contra de sus hijos de ser “de corte conservador y religioso vinculadas al senador filopanista Emilio Álvarez Icaza, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, un organismo que prácticamente está al servicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos”. Para López Obrador, estas organizaciones y “algunos integrantes del grupo internacional de asesores, mejor conocido como GIEI”, que él mismo invitó a volver al país, quisieron desprestigiar a la institución castrense y así apoyar los intereses del gobierno de los Estados Unidos en México.
Fue así como, en 2022, pasamos de la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto a la “verdad histérica” de López Obrador: un intento de cerrar el caso igual de falso e insidioso, pero ahora con el agregado de que es el presidente de México quien se presenta como la víctima de un complot internacional. Tal es su descaro, que repitió la torcida fantasía que publica en su libro en un “reporte” personal dirigido y entregado a las familias en julio de 2024 y en un refrito del mismo fechado hoy, el día del décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes.
"Usted, sr. presidente”, escriben las madres y los padres de los 43 normalistas en una carta pública en respuesta al reporte de julio de López Obrador, “nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. […] Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento. […] Nos gustaría recordarle, presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que, por cierto, se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada”.
Pero López Obrador, durante su sexenio y en su refrito de reporte de este 26 de septiembre, se preocupa más por denunciar al ex fiscal especial, a su equipo, al GIEI y a la periodista Anabel Hernández —de las siete páginas que escribe, 2.5 son una cita del libro que publicó sobre Ayotzinapa—, que por las familias y los desaparecidos. En el informe y los cinco anexos que publica hace una sumatoria de cifras (reuniones, búsquedas en campo, declaraciones de testigos) en vez de cumplir su promesa de investigar hasta llegar a la verdad de los hechos y dar con el paradero de los estudiantes.
Un letrero en la entrada a Tixtla recuerda en junio de 2015 la exigencia de hallar con vida a los estudiantes. (John Gibler)
La evidencia inconveniente
En su libro ¡Gracias!, López Obrador expone su teoría del caso: “Considero que la desaparición y crimen de Iguala no fue ordenado por el presidente, ni por el secretario de la Defensa, ni por ninguna autoridad federal de alto rango, sino que esta tragedia criminal e injustificable es producto fundamentalmente de la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región”.
Esta “consideración” de López Obrador —que repite la versión de la “verdad histórica”—, sin embargo, tiene un grave inconveniente: la evidencia. Ha quedado documentada desde hace años la participación de policías municipales, policías estatales, policías ministeriales del estado y policías federales en los ataques en Iguala y la desaparición de los estudiantes.
Pero el problema mayor de la argumentación del presidente respecto a la desaparición de los normalistas es el Ejército. Durante el sexenio de López Obrador, el GIEI encontró documentos militares, testimonios de testigos y análisis de telefonía de los militares en Iguala correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 que muestran que el Ejército observó y monitoreó los ataques y la desaparición de los estudiantes en tiempo real a través de agentes infiltrados, personal de inteligencia, el control del sistema de vigilancia C4 en Iguala, y patrullajes por los diferentes lugares de los hechos durante toda la noche. Y que el Ejército mintió sobre lo anterior durante años, y sigue mintiendo.
López Obrador no habla de esta documentación ni en su libro, ni en su reporte a las familias, ni en sus mañaneras. Miente. Dice que el Ejército entregó toda la documentación que existe, aunque faltan, por lo menos, 835 documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) en Iguala, fechados entre el 30 de abril y el 22 de octubre de 2014. Dice, sin presentar evidencias, que los abogados de derechos humanos y el GIEI quieren desprestigiar a la institución castrense.
Sus maniobras discursivas —la evasión, la negación, la mentira, la tergiversación— son transparentes. Mientras las familias piden algo concreto, como los 835 documentos del CRFI, López Obrador repite su mentira: “No es cierto que el Ejército no entregó todo”. Mientras el GIEI comparte en su sexto informe el análisis de la telefonía de los militares del Batallón 27 en Iguala durante las horas del ataque, que muestra cómo mintieron durante años y cómo sí salieron constantemente a patrullar las zonas donde se llevaron a cabo las desapariciones, López Obrador escribe: “El señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza, y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”.
Más bien, reducir la documentación, los testimonios y la evidencia del caso a un “señalamiento al Ejército, sin pruebas”, es un claro intento de blindar y encubrir a la institución que López Obrador ha cobijado y empoderado durante su gobierno como ningún otro presidente en la historia (el 25 de septiembre el Senado aprobó la adscripción militar de la Guardia Nacional, completando la militarización de la policía federal).
En su libro, el presidente incluye citas de tres fuentes como respaldo a su teoría del caso. Presenta primero la transcripción parcial de unos mensajes interceptados entre Gildardo López Astudillo —jefe local de Guerreros Unidos en 2014 que participó en la desaparición, fue torturado para apoyar la “verdad histórica”, absuelto por ser víctima de tortura y luego se convirtió en testigo del caso con la UEILCA— y Francisco Salgado Valladares, comandante de la policía municipal de Iguala cuando ocurrieron los hechos. Los mensajes prueban su participación en el crimen. Y para nada contradicen la evidencia que existe sobre la implicación de policías estatales, federales y militares.
En segundo lugar, incluye una transcripción parcial de mensajes interceptados entre Alejandro Palacios, jefe local de Guerreros Unidos en Huitzuco, y un hombre que no ha sido identificado, posiblemente un policía de Tepecoacuilco. En estos mensajes mencionan al Gil, apodo de López Astudillo.
Con estas dos fuentes, López Obrador busca que toda la responsabilidad por los ataques y la desaparición recaiga en López Astudillo, una persona que sí participó en los hechos, pero como una pieza de un entramado mucho más grande, como muestran las evidencias, que el presidente ignora o evade.
La tercera fuente del libro de López Obrador es la más extraña, un tal Neto, un testigo incluido en la investigación que miente de forma descarada. El presidente cita seis páginas enteras de las declaraciones del hombre con seudónimo Neto, en las cuales dice que los estudiantes fueron asesinados, mutilados e incinerados en hornos crematorios durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. El mandatario repite el horror que cometió Murillo Karam con los videos de torturados que contaban mentiras, repite el horror que cometió Alejandro Encinas al leer ante las familias los mensajes de WhatsApp falsificados.
López Obrador publica una descripción falsa, horrorosa, del destino de los desaparecidos. En la misma carpeta de investigación en que se consignan las declaraciones de Neto, se encuentran los documentos que demuestran que miente: los informes entregados hace años por las funerarias y las empresas de gas de Iguala y de Cocula que prueban la imposibilidad de ese relato. La periodista Marcela Turati también lo evidenció en febrero de 2015, cuando entrevistó a los dueños de las funerarias.
El sexenio termina con la ruptura de los familiares de los normalistas con el gobierno de López Obrador. En la imagen, posan en Ayotzinapa en 2022. (Óscar Guerrero/Cromática/ObturadorMX)
Volver a lo insostenible
Tomaron sus decisiones. En 2022 intentaron cerrar la investigación. Lograron sacar al fiscal especial y a su equipo y deshacerse del GIEI, cuyos integrantes se fueron del país después de publicar su sexto informe. Desde entonces, López Obrador se ha dedicado a defender su gobierno y al Ejército.
No es de sorprender que el 26 de agosto de 2024, un mes antes de cumplirse diez años de la desaparición de sus hijos, el grupo principal —porque el gobierno también logró con promesas y dinero, y después de muchos años de intentos, sembrar rencores y divisiones entre las familias— de madres y padres de los normalistas se parara de la mesa y diera por terminada toda relación con el gobierno de López Obrador. “Nada más era reunión por reunión, sin avances”, me dijo Luz María Telumbre, madre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, ese día. “Solo por sacarse la foto y decir ‘me reuní con los papás’, pero sin hacer nada. A este señor ni las gracias le vamos a dar”.
“Es la imagen del fracaso”, escribió el periodista Pablo Ferri. “Pese a los buenos resultados iniciales, todo se enfangó después”.
Y ahora la imagen del fracaso sigue enfocada en el descaro. Durante el mes de septiembre, el Gobierno federal volvió a detener a varias personas claves para la construcción inicial, y bajo tortura, de la “verdad histórica”. Preocupa la reciente detención de Gildardo López Astudillo por un gobierno que ha mostrado una y otra vez su compromiso con la mentira. No cabe duda de que López Astudillo participó en la desaparición de los normalistas ni de que mezcló verdades y mentiras en sus declaraciones ante la UEILCA como testigo con identidad reservada. Volverlo a interrogar no causa asombro: tiene todavía mucho que decir. Lo que inquieta es quién lo va a interrogar y en qué contexto, y bajo qué acuerdos. Descalificarlo u obligarlo a retractarse por completo de su anterior testimonio eliminaría al principal testigo (aunque no toda la evidencia) contra los militares.
La detención de Felipe Rodríguez Salgado —narcomenudista de bajo rango de Guerreros Unidos, detenido y torturado para apoyar la “verdad histórica”, que sale en el famoso video de Tomás Zerón de Lucio en que el exfuncionario lo amenaza de muerte—, sobre quien una fuente me dijo que le sembraron un arma para poderlo detener nuevamente, podría llevar al intento de resucitar, una vez más, alguna versión alternativa de la “verdad histórica”. Parece que más detenciones de los miembros menores de Guerreros Unidos torturados y usados para armar la “verdad histórica” vienen en camino: el 10 de septiembre la Suprema Corte determinó reponer el proceso contra siete de ellos por el delito de delincuencia organizada.
Parece increíble. El gobierno de López Obrador ha descalificado la “verdad histórica” en repetidas ocasiones. Cabe suponer que el presidente ordenó la detención de Murillo Karam, como él mismo narra en su libro, por su participación en esos delitos de encubrimiento. Y aun así, apenas el pasado 24 de septiembre, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas desaparecidos, informó que el Gobierno federal le comunicó que habían localizado nuevos restos humanos en Cocula.
Rosales contó: “Ayer en la noche estaban realizando el análisis de los restos encontrados en Cocula, pero nos pidieron que notificáramos al Equipo Argentino de Antropología Forense para que participara, pero las autoridades nos mandaron la notificación a las siete de la noche, diciéndonos que a las nueve realizarían la segunda etapa del análisis. Este es un procedimiento irregular cuyo objetivo es evitar que el equipo forense que apoya a los padres y madres pueda participar en esta diligencia. Tememos que vayan a hacer un proceso adulterado respecto al reconocimiento de estos restos”.
Y así hemos vuelto, al cumplirse diez años de la desaparición forzada de los normalistas, diez años de mentiras e inventos y de desprecio, a enfrentarnos con un gobierno que se olvida de los chats de WhatsApp falsificados, que niega la existencia de los documentos militares ya descubiertos y los que no se han entregado, que ignora la montaña de evidencia científica sobre un crimen de Estado que llevan una década sosteniendo. Es así que hemos vuelto al inicio: al basurero de Cocula, a “la asociación delictuosa entre autoridades locales y la delincuencia de la región”, y a la permanencia de un demonio dentro del Estado mexicano que nos condena al eterno retorno de la impunidad.
*Foto de portada: Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente electo, en una reunión con los padres y madres de los normalistas en el Museo Memoria y Tolerancia. (Especial)
http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
