Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Tras el fallecimiento de Natalia, una niña de 4 años de edad, causado por los golpes propinados por la pareja de su mamá en hechos ocurridos en Córdoba, la organización Pacto por la Primera Infancia (PPI) urgió a las autoridades a tomar medidas para proteger a las niñas y los niños en primera infancia contra todo tipo de violencia

A través de un comunicado señalan que en Veracruz 108 menores de 5 años han muerto por homicidio, del año 2000 al 2022. Y que en México, 2 mil 388 niñas y niños menores de 6 años fueron asesinados entre 2010 y 2022, de acuerdo con datos del INEGI, además, 5 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años fueron sometidos a métodos de disciplina violenta.

Al recordar el caso de Natalia, ocurrido el pasado 18 de agosto, indicaron que fue golpeada por su padrastro en presencia de su madre, ocasionándole lesiones que requerían atención médica urgente, por lo que fue llevada a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en la delegación Córdoba, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La pareja fue detenida y trasladada a las instalaciones del Mando Único y posteriormente ambos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien los vinculó a proceso como probables responsables de los delitos de feminicidio, violencia familiar y omisión de cuidado, y les dictó prisión preventiva justificada por dos años.

Ante ello se pronunciaron enérgicamente en contra de todo tipo de violencia hacia las niñas y los niños en primera infancia porque “esta es una tragedia que no podemos seguir ignorando”.

Señalan que la disciplina violenta en la primera infancia se produce a gran escala en toda la región de América Latina y el Caribe (ALC) y en todos los estratos sociales, incluso contra niños menores de 1 año.

“Dos de cada tres niñas y niños de entre 2 y 4 años experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta (agresión psicológica o castigos corporales) en el hogar”, apuntó el informe La violencia en la primera infancia, de Unicef 2017.

La organización demandó impulsar políticas públicas de cuidado sensible y cariñoso hacia la primera infancia, “ya que se deben afianzar los beneficios de las intervenciones tempranas para reducir los efectos negativos de los riesgos”.

Advierten que México no cuenta con programas de gran escala para proteger y prevenir la violencia contra las infancias, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades a trabajar en políticas públicas que brinden protección integral y especial a niñas y niños, y programas que fortalezcan y apoyen a las familias que les tienen bajo su cuidado.

“Hemos propuesto a las autoridades federales, estatales y municipales: Promover un cambio cultural donde se reconozca a los niños como sujetos de derechos. Desnaturalizar la crianza violenta mediante la promoción de nuevas normas sociales y visiones sobre las niñas y los niños. Impulsar campañas de sensibilización sobre la importancia de los primeros años de vida y los beneficios de una crianza respetuosa, positiva, cariñosa y sensible”.

Además, implementar programas para el desarrollo de competencias parentales (visitas domiciliarias, talleres de manejo del estrés y técnicas de disciplina positiva, sesiones entre pares, escuela para padres, consejería especializada). Aprovechar la infraestructura existente (programas de apoyo alimentario, servicios de salud, educación preescolar, centros de atención infantil, etc.) para escalarlos de manera rápida y con bajos costos.

Ingresar a las familias a estos programas desde el momento en que entran en contacto con el servicio público, y monitorear su cobertura permanentemente.

Implementar mecanismos de detección temprana de factores de riesgo en familias que crían a niñas y niños menores de 6 años; dibujar una ruta integral de atenciones que mitigue riesgos otorgando factores protectores, y dar un seguimiento individualizado a los casos para prevenir que una tragedia como esta vuelva a ocurrir.

Impartir permanentemente talleres de sensibilización, prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso sexual para madres, padres, tutores, cuidadores, trabajadores sociales, personal de salud y docentes, adaptados a diferentes niveles de educación y a las necesidades de la comunidad.

Desarrollar en los servidores públicos de instituciones que trabajan con niñas y niños de primera infancia las competencias necesarias para crear espacios de seguridad que permitan la conexión emocional positiva y apoyen su desarrollo y bienestar.

Difundir masivamente información sobre la prohibición legal del castigo físico, degradante y
humillante. Difundir masivamente y por medios al alcance de las niñas y niños los mecanismos y recursos de protección para víctimas de violencia, como la línea 911.

Revisar la legislación en materia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Fortalecer y difundir los protocolos de detección y atención de indicios de violencia en estancias, escuelas y en el hogar.

“Nunca más una niña o niño debe morir a manos de las personas que tienen bajo su responsabilidad cuidarlo y garantizar su bienestar. La acción del Estado es urgente e impostergable”.