Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) El 31 de julio de 2015 fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril en un departamento de la colonia Narvarte en Ciudad de México; en el sitio también fueron asesinadas la activista Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz.
A nueve años del crimen las autoridades se niegan a explorar su trabajo periodístico como móvil de este multihomicidio y los familiares han denunciado impunidad en este caso. Estos son los puntos claves del caso:

1.- De acuerdo con la investigación de la PGJDF, una de las víctimas permitió el ac­ceso al edificio y al departamento a tres sujetos, identificados como Daniel Pacheco Martínez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zende­jas, quienes actualmente están presos por su presunta responsabilidad en el cri­men. Sólo el segundo está sentenciado y, aunque interpuso un amparo, el fallo fue confirmado.
2.- La versión indica que en aproximadamente 50 minutos los agresores entraron al lugar donde golpearon, sometieron, torturaron y asesinaron a las víctimas. Los cinco cuerpos tenían una herida de bala en la cabeza hecha con una sola arma calibre 9 milímetros, nueva. Dos de estos tenían múltiples heridas de arma blanca, dos tenían huellas de violencia sexual y, en dos casos, habían sido asfixiados.
3.- El cadáver de Alejandra fue encontrado en uno de los baños; los de Mile y Yese­nia, en la recámara que ambas compartían; en tanto que los de Nadia y Rubén estaban en el cuarto de esta. Los agresores fueron grabados por cámaras de video al salir; uno de ellos portaba una maleta negra y que otro se llevó el auto Mustang estacionado afuera del edificio, propiedad de Mile.
4.- Menos de doce horas después del crimen las autoridades afirmaron que este no tenía que ver con Rubén, que los agresores “no iban contra él”, según consta en un recuento realizado por la organización Artículo 19. La línea de investigación fue un robo.
5.- La PGJ circuló la versión de los hechos relacionada con Mile Virginia Martín, el presunto narcomenudeo y el trabajo sexual; se informó sobre la detención de Daniel Gutiérrez Pacheco, ocurrida el 4 de agosto; un mes después la de Abraham Torres Tranquilino y meses después la de César Omar Martínez Zendejas como presuntos responsables materiales de los cuatro feminicidios y el homicidio.
6.- En una declaración, Abraham aseguró que Omar ordenó a Daniel y a otro sujeto identificado como “El Duy” que buscaran a “Nicole” para cobrar­le 50 mil pesos que le debía por droga; sin embargo, luego denunció que fue obligado a declarar.
7.- En enero de 2017 se dictó sentencia por 315 años de prisión y una multa de 57 mil 700 pesos por los delitos de feminicidio agravado de Alejandra, Mile, Yesenia y Nadia; por homicidio calificado de Rubén; por robo agravado y en pandilla en agravio de Esbeidy, y robo agravado de auto.
8.- Pese a ello, los tres detenidos se contradijeron en sus declaracio­nes, desde cómo se conocieron, a qué se dedicaban, cómo llegaron al lugar del crimen, qué hicieron ahí, cómo conocieron a Mile, el origen de sus lesiones tras su aprehensión y las presuntas amenazas que recibieron en ese momento y ya en reclusión.
9.- La mecánica de hechos realizada por peritos de la Procuraduría confirmó que en el departamento hubo al menos una cuarta persona que ayudó al sometimiento de las víctimas. La autoridad ministerial aseguró que en los hechos debieron participar mínimo dos personas que portaban arma de fuego y objetos punzo­ cortantes, mismos que someten, atan y lesionan a los hoy occisos, siendo necesario que por lo menos dos los sometieron y uno o más cuidaran de las otras víctimas.
10.- Las autoridades no han investigado el trabajo fotográfico de Rubén Espinosa en Veracruz, a pesar de que el 13 de septiembre de 2013 fue golpeado por policías estatales mientras tomaba fotografías del violento desalojo de maestros disidentes y estudiantes de la Uni­versidad Veracruzana de la Plaza Lerdo.
¿Qué falta por hacer?
A nueve años del crimen, familiares de Rubén e integrantes de la organización Artículo 19 han señalado que la autoridad se negó reiterada­mente a realizar las diligencias para investigar la línea Veracruz como móvil del crimen.
Tampoco se ha aplicado el Protocolo de Investigación para la Atención de Delitos cometidos en agravio de las y los Periodistas en el Ejercicio de esta actividad, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de mayo de 2010, ni ha motivado la colaboración de la Agencia Especializada para esos casos con la Fiscalía de Homicidios.
La PGJDF no abordó ni dio seguimiento a las acusaciones de tortura durante su detención, que denunció el imputado Daniel Pacheco en sus ampliaciones a la de­claración.
La jueza de lo Penal también hizo caso omiso de éstas y le dio más peso al concepto de «inmediatez procesal», ya que su primeros dichos encajaban mejor con la versión del robo de droga que impulsó la Procuraduría.
Ni la dependencia ni la juez dieron seguimiento a las denun­cias que el imputado, Abraham Torres, hizo de supuestas amenazas de policías de investigación y custodios del Reclusorio Oriente, para mantener protección y garantizar su seguridad dentro del penal.
El 21 de junio de 2017, la cDHDF emitió la Recomendación 4/2017 sobre el caso contra la PGJ capitalina y el Tribunal Superior de Justicia local, en la que evidenció la violación a los derechos de debido proceso y debida diligencia en relación con el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad personal en relación con la memo­ria, la honra y la dignidad, y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Entre las medidas que recomendó implementar, se incluyó la de realizar un Plan Integral de Investigación que pusiera énfasis en las dos principales líneas sobre el caso, así como actualizar sus protocolos para indagar crímenes relacionados con agresiones a periodistas, defensores de derechos humanos y feminicidios.
También pidió acordar con las víctimas la reparación del daño y realizar un ac­to de disculpa pública, entre otros. Y aunque las dependencias señaladas acep­taron la Recomendación, pocos días después, no han dado cumplimiento cabal a ninguno de los 17 puntos recomendatorios.