Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Trabajadores Jubilados de la Universidad Veracruzana denunciaron que son “víctimas del cartel inmobiliario” que opera en el estado de Veracruz, debido a que llevan 29 años en juicios y demandas para poder recuperar un terreno que fue invadido en 1997.

Los integrantes de la Asociación Civil Unidad Habitacional Teocalli conformada por jubilados y trabajadores de la UV: Carlos Alejandro Arias de León, Celia Cecilia Acosta Hernández, presidenta de la asociación; Luis Zamora Cortina y Carlota de León Aguirre informaron en conferencia de prensa que la jueza de Juzgado Cuarto Civil, Dania Ivette Arenas informó que existe una sentencia y ya no son dueños del terreno.

Arias de León expuso “se han presentado muchas deficiencias y dificultades en el procedimiento judicial, lo cual nos lleva a levantar la voz y decir que somos víctimas de cartel inmobiliario. No se nos notificó, nuestro domicilio está en la calle de Madero donde está el Sindicato Fesapauv, y el actuario nunca pudo dar con nuestra dirección para que fuéramos notificados por lo tanto el proceso se llevó y hoy existe una sentencia”.

Las presuntas víctimas informaron que adquirieron el terreno adquirido legalmente desde 1997 en la colonia Badillo de Xalapa con una extensión de 13 hectáreas y media, ubicado en calle Agustín Lara número 10.

El terreno lo compraron al empresario Rafael Hakim Aburto, protocolizado en escritura pública número 3057 del 19 de marzo de 1997 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Veracruz.

Sin embargo, el terreno fue invadido de inmediato y no han podido tomar posesión desde hace 29 años.

“Los invasores fueron enviados presuntamente por Humberto Frutis Montes de Oca, y a partir de entonces hemos estado en juicios y ha sido un largo conflicto legal. En enero de 1998, la asociación presentó una denuncia por el delito de despojo; sin embargo, hasta la fecha no existe una resolución definitiva que permita recuperar la posesión” afirmaron.

Posteriormente, en 1998, Humberto Frutis Montes de Oca e Irma Carreto Caraza promovieron la rescisión del contrato de compraventa, y más tarde el propio Frutis Montes de Oca vendió de manera presuntamente fraudulenta el predio a Emiliano Valencia Ruiz, ante un notario de Guanajuato, sin que la venta fuera debidamente protocolizada.

Juicios, nulidades y prescripción

En 2006, Teocalli A.C. promovió una demanda civil que derivó en una sentencia de 2009, en la cual se declaró nulo el contrato privado celebrado entre los demandados; no obstante, el terreno no fue entregado a la asociación bajo el argumento de que no se acreditó quién tenía la posesión.

Los integrantes de la asociación señalaron que, durante años, los demandados promovieron apelaciones, juicios de amparo y recursos de revisión, lo que calificaron como una estrategia para dilatar el proceso y amedrentar a los legítimos propietarios.

En 2022, María del Rosario Sánchez Ortega promovió una demanda de prescripción positiva del predio, misma que —denunciaron— avanzó sin que Teocalli A.C. fuera notificada, pese a que el domicilio legal de la asociación se encuentra plenamente identificado en la calle Madero, en las oficinas del sindicato donde nació el proyecto habitacional.

“Nos enteramos cuando ya había sentencia. Nunca se nos notificó, y eso vulnera gravemente nuestro derecho de audiencia”, finalizaron.