Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, respaldó la propuesta para que los gobiernos federal y estatal condonen impuestos y que otorguen incentivos fiscales a empresarios del norte del estado que resultaron afectados por las inundaciones y las lluvias.

En entrevista, Priego Miranda refirió que hay empresas tanto pequeñas como grandes que registraron pérdidas totales, por lo que las medidas fiscales que otorguen los gobiernos federal y estatal contribuirían a la reactivación económica y del empleo.

“Poza Rica sufrió una situación muy lamentable que es este desastre natural también hay otras comunidades que han sufrido este tipo de desastres en la zona norte del estado, creo que hay que apoyar a todo el norte del estado, hay municipios que están totalmente incomunicados, no hay que olvidarnos de Álamo, Tantoyuca, Ixhuatlán de Madero y otras comunidades más que fueron cubiertas por el agua”, expresó.

Además, el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz recomendó a los damnificados del norte del estado que acudan al Registro Público de la Propiedad en el caso de que hayan perdido escrituras de propiedades con la finalidad de que recuperen ese tipo de documentos.

Por otra parte, José Alberto Priego Miranda calificó como retroactiva la aprobación de la Ley Aduanera, ya que los agentes aduanales perderán el derecho adquirido de la patente permanente y la legislación establece ahora que solo será expedida por un periodo de 20 años.

“Al ser retroactiva se está violentando directamente la Constitución, no solo la ley, la Constitución, se prohíbe la aplicación de leyes retroactivas en perjuicio de todas las personas, entonces aquí se les está aplicando retroactivamente, les cambian las reglas del juego a la mitad del juego”, añadió.

Finalmente, Priego Miranda consideró que los agentes aduanales podrían interponer un amparo en contra de la inconstitucionalidad de la Ley Aduanera, pero recordó que el Gobierno Federal reformó la Ley de Amparo para acotar los mecanismos de defensa de los ciudadanos en caso de abusos y arbitrariedades por parte de la autoridad.