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Xalapa, Ver. (AVC) Familiares de las 13 personas detenidas el pasado 3 de mayo en Texistepec, Veracruz, denunciaron que sus parientes fueron arrestados de manera injusta tras haber acudido a cumplir con tareas laborales dentro de la unidad minera del municipio.
Los detenidos, entre ellos una mujer, habrían sido contratados por representantes legales de la asociación encargada del sitio. De acuerdo con sus familiares, fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que les impidieron continuar con su trabajo, y que —aseguran— son conocidos en la comunidad por su historial de violencia.
“Ellos iban a trabajar. Fueron contratados, no sabían que se meterían en un problema. De repente los enfrentan, los retiran casi linchados y después la pesadilla empeoró”, relataron familiares.
Según los testimonios, tras ser trasladados por autoridades ministeriales, los detenidos fueron movilizados entre distintas sedes sin ser presentados oficialmente y permanecieron en separos hasta el domingo, cuando finalmente rindieron su declaración.
En la audiencia inicial, la Fiscalía Regional habría imputado inicialmente el delito de lesiones dolosas calificadas. Sin embargo, posteriormente se agregó el cargo de terrorismo, lo cual, según los denunciantes, generó aún más desconcierto e indignación.
Los familiares aseguraron que durante la audiencia, el juez de control Jorge Luis Mapel Martínez habría hecho referencia a instrucciones provenientes “de Xalapa”, lo que interpretaron como una posible injerencia superior en el caso. Las versiones apuntan a que dicha instrucción provendría del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Entre los detenidos se encuentra un abogado originario de Xalapa, operadores de transporte y un hombre que, según la versión de los familiares, se encontraba en estado inconveniente y en el lugar por casualidad.
El conflicto en la unidad minera de Texistepec, que ya ha dejado otros enfrentamientos y denuncias, gira en torno a la disputa por el control del predio, anteriormente propiedad de Pemex. El caso enfrenta a dos grupos de la organización “Unidos por Texistepec”, en medio de señalamientos de vínculos con intereses externos y grupos delictivos, lo que ha agudizado la tensión local.
Los familiares solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, al considerar que las detenciones fueron desproporcionadas y que las personas involucradas no tenían conocimiento de que participaban en un conflicto legal o político.
“Pedimos a la gobernadora que nos escuche. Nuestros hijos salieron a trabajar y ahora están presos como si fueran delincuentes”, expresaron.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento público sobre las condiciones en que se realizaron las detenciones ni sobre los señalamientos hechos contra las autoridades que llevan el caso.
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