Xalapa, Ver. (AVC) Diego Fernando Bonilla, indígena ñuhú de 45 años originario de la comunidad El Pericón, en el municipio de Texcatepec, enfrenta el cierre anticipado de su denuncia por tortura, pese a que existen pruebas periciales, testigos y análisis de contexto que respaldan su testimonio.

El 29 de mayo de 2023, Diego presenció el asesinato de un amigo. Al día siguiente fue llevado a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Huayacocotla, donde denunció haber sido torturado por elementos de la Policía Ministerial para incriminar a un tercero, a pesar de que no pudo identificar al agresor porque los hechos ocurrieron de noche.

Cuando rindió declaración ante el Fiscal Itinerante, con presencia de una intérprete oficial, relató lo ocurrido en su lengua materna, ñuhú. Sin embargo, su testimonio fue ignorado y se redactó una versión en español que Diego no comprendía. Esa declaración fue usada para solicitar la aprehensión de una persona que permanece en prisión, aunque él ha reiterado que nunca la señaló como responsable.

Con el acompañamiento del Centro Prodh y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó una denuncia formal por tortura el 30 de junio de 2023. Aunque se abrió una carpeta de investigación (XAL/FIM/FEIDT/219/2023), durante meses no se realizaron diligencias sustanciales, lo que motivó la presentación de un amparo (306/2023).

Gracias al juicio de amparo, se retomaron algunas diligencias, incluyendo su declaración, la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) y la programación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.

Pese a estos avances, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía de Tortura notificó su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal para revisión. Esto, a pesar de que su testimonio, obtenido bajo coacción, continúa siendo utilizado para mantener en prisión a una persona.

Organizaciones de derechos humanos advierten que esta decisión es grave y exigen una investigación seria, imparcial y con enfoque intercultural.

De acuerdo con datos de la FGR, entre 2019 y 2024, Veracruz es el segundo estado con más carpetas abiertas por tortura (2,441), y el primero en número de víctimas registradas (4,061), muchas de ellas personas indígenas o con discapacidad. La Policía Ministerial es la autoridad más señalada en estos casos.