Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) La familia del expresidente municipal de Tepetzintla, Crescencio Vera Vidal, víctima de desaparición forzada desde el 17 de marzo de 2021, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) fortalecer la investigación para dar con su paradero. “Queremos puntualizar que Crescencio Vera Vidal permanece desaparecido desde el día 17 de marzo de 2021 y hasta el día de hoy, así como las más de 119 mil personas desaparecidas del país” afirmaron. A esta exigencia se sumaron las y los integrantes del “Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica”; la Red Unidos por los Derechos Humanos AC; y la Célula Integral e Independiente de Acompañantes de Búsqueda (Ciiab) para que las autoridades de la FGE a través de la investigación determinen la responsabilidad de los autores intelectuales de la desaparición forzada de Crescencio Vera Vidal. Los defensores de derechos humanos acusaron que la violencia en el norte de Veracruz no ha parado, ni las desapariciones y tampoco los secuestros. “Vemos con preocupación que la región del norte de Veracruz, y en general el Estado de Veracruz, sobre todo la población civil sufre graves violencias, tales como desapariciones, secuestros, levantones y fosas clandestinas” afirmaron. Denunciaron que el estado mexicano ha incumplido las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en la acción urgente 1014/2021, comunicada al estado mexicano desde abril de 2021, pues a más de tres años de la desaparición forzada de Crescencio Vera Vidal no ha sido localizado. Las familias exigieron que la FGE establezca una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva, de conformidad con sus obligaciones establecidas en los artículos 2, 12 y 24 de la Convención. El “Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica”, y la Red Unidos por los Derechos Humanos respaldaron a la familia Vera Vidal para “repudiar” que la secretaría de Gobernación federal y las Comisiones de Búsqueda nacional y estatal han omitido su responsabilidad de buscar a Crescencio Vera Vidal, además de que no han buscado la coordinación con sus familiares. Las víctimas exigieron a los actores políticos y a los partidos políticos para que no utilicen el caso o el nombre de Crescencio Vera Vidal como bandera política durante el proceso electoral 2024- 2025 en el que serán renovados 212 ayuntamientos en Veracruz. “Manifestamos nuestro enérgico rechazo al cobarde uso con fines político electorales …(SIC)… Afirmamos que como familia no tenemos ninguna pretensión política, lo que buscamos es verdad, justicia y dar con el paradero de Crescencio”. Acusaron que los logros, cómo la sentencia emitida por un juez de control del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) contra cinco expolicías municipales de Álamo y dos personas particulares fue “gracias a las exigencias, organización y acorpamiento del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica, de la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C; y de la Célula Integral e Independiente de Acompañantes de Búsqueda” Recordaron que el pasado lunes 2 de diciembre, un juez del distrito judicial de Xalapa emitió una sentencia que condena a 5 ex policías municipales de Álamo Temapache y a dos particulares, a los que les impuso la sanción de prisión de 48 años por el delito de desaparición forzada de Crescencio Vera Vidal. “La sentencia resulta ejemplar no solo para Veracruz, sino para todo el país, porque la regla es la impunidad en este tipo de delitos; por ello resaltamos y agradecemos al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Veracruz por romper el pacto de impunidad y garantizar el acceso a la justicia para la familia”. Finalmente agradecieron de manera especial la labor del equipo de la Fiscalía Especializada en Atención de denuncias por personas desaparecidas, a su titular Silveria Morales Solano, a las y los fiscales especializados que intervinieron en la integración y seguimiento en el proceso judicial; a las y los policías ministeriales.
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