Xalapa, Ver. (AVC/Flavia Morales).— La Auditoría Superior de la Federación presentó cinco denuncias penales relacionadas con Veracruz, todas contra el municipio de Alvarado, mientras mantiene activos 31 expedientes por un presunto daño patrimonial de 392 millones 253 mil 247 pesos detectado durante la administración municipal 2018-2021, durante la administracion de Bogar Ruíz.
De acuerdo con el documento “Denuncias Penales Presentadas por la ASF”, con corte al 30 de junio de 2026, las cinco denuncias fueron presentadas el 26 de junio y corresponden a la auditoría DN25001. Una está vinculada con la Cuenta Pública 2020 y cuatro más con la Cuenta Pública 2021 del municipio de Alvarado, Veracruz.
El caso ya superó la etapa de revisión preliminar y se encuentra en fase sancionatoria y de investigación. Conforme a la auditoría extraordinaria DN25001, la ASF emitió 40 pliegos de observaciones por posibles irregularidades en el manejo de recursos federales.
De esos expedientes, nueve fueron concluidos y 31 permanecen activos ante la Dirección General de Investigación de la ASF, lo que implica que el presunto daño económico continúa bajo revisión formal.
Además, la ASF inició seis procedimientos de responsabilidad administrativa a nivel federal por el manejo de recursos correspondientes al ejercicio 2019. Los expedientes fueron admitidos por la Dirección General de Substanciación “A”, al considerar que existen elementos para investigar posibles faltas administrativas graves.
A nivel local, el actual Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Alvarado, correspondiente a la administración 2022-2025, radicó en junio de 2025 el expediente IPR-004/2025 para fincar presuntas responsabilidades administrativas contra exservidores públicos.
El presunto daño señalado por la ASF representa el 77.2 por ciento de los recursos auditados, que ascendieron a 507.9 millones de pesos.
La revisión abarcó recursos federales transferidos al municipio por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, provenientes de cinco rubros: FAISMUN, con 150.6 millones de pesos; FORTAMUN, con 143.1 millones; CAPUFE, con 46 millones; Participaciones Federales a Municipios, con 120 millones; y recursos de Hidrocarburos, por 48 millones de pesos.
Entre las irregularidades documentadas, la ASF señaló transferencias de recursos federales a otras cuentas municipales, pagos a proveedores y contratistas sin facturas ni documentación comprobatoria, mezcla de recursos federales con ingresos propios y falta de administración en cuentas bancarias específicas por fondo.
También observó que al cierre de los ejercicios revisados quedaron 4.7 millones de pesos del fondo de CAPUFE que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, como establece la Ley de Disciplina Financiera.
El 6 de junio de 2025, el Ayuntamiento de Alvarado entregó documentación mediante el oficio ALV/CM/063/2025 para intentar solventar las observaciones; sin embargo, la ASF determinó que la evidencia no cumplía con los criterios de suficiencia, competencia y pertinencia, por lo que los hallazgos principales fueron considerados no atendidos.
La auditoría también señala que el extitular del Órgano de Control Interno durante el periodo investigado, Alejandro Patricio Enríquez Lara, fue requerido para aportar justificaciones, pero no presentó documentación.
En su resolución, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que en el municipio de Alvarado “no se realizó una gestión eficiente de los recursos”.
El listado nacional de denuncias penales de la ASF no registra otras denuncias presentadas en 2026 contra Veracruz, además de las cinco correspondientes a Alvarado. El documento incluye denuncias por cuentas públicas de 1998 a 2024 y casos relacionados con simulación de reintegros.