Ciudad de México.- (AVC) La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada por cinco años la información  relacionada con el proceso de extradición internacional de Karime Macías Tubilla desde el Reino Unido, por lo que el expediente permanecerá fuera del acceso público hasta 2031.

Karime Macías Tubilla es ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz y exesposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. 

Autoridades mexicanas la señalan por un presunto daño patrimonial o fraude específico por 112 millones de pesos, relacionado con el manejo de recursos públicos durante su paso por el organismo asistencial, motivo por el cual se promovió su proceso de extradición desde el Reino Unido.

La determinación fue emitida por el Comité de Transparencia de la SRE mediante la resolución CTA-155/2026, en respuesta a una solicitud de información sobre el expediente remitido a las autoridades británicas, así como documentos, escritos y pruebas presentados por el Estado mexicano ante la Corte de Magistrados de Londres.

La reserva también alcanza las comunicaciones oficiales entre la SRE, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Veracruz y la Embajada de México en Reino Unido, además de minutas, reportes internos y documentos de seguimiento del caso.

Entre la información solicitada también se encontraba pagos a despachos de abogados externos en Europa, como el relacionado con Mark Summers.

Para justificar la reserva, la Cancillería argumentó razones de seguridad nacional, al sostener que la difusión del expediente podría afectar las relaciones internacionales y la cooperación jurídica penal que México mantiene con otros países.

La SRE también señaló que la causa penal de origen, radicada en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, continúa abierta, en trámite y sin causar estado.

De acuerdo con la resolución, la difusión de la información podría poner en riesgo investigaciones en curso, alertar a personas involucradas, obstruir actividades de persecución del Ministerio Público Federal y afectar el debido proceso.

La Cancillería sostuvo además que revelar pruebas antes de una sentencia firme podría vulnerar la presunción de inocencia de la persona reclamada, al generar un juicio público anticipado.

Parte del expediente también fue clasificada como confidencial de manera permanente, debido a que contiene datos personales sensibles, entre ellos nombres y fotografías de testigos, víctimas, fiscales investigadores y jueces relacionados con el caso, aunque se pidió información testada. 

Sin datos sobre costos del proceso

Uno de los puntos centrales de la solicitud de información, fue conocer el monto de recursos públicos destinados al proceso de extradición, incluidos honorarios legales, gastos diplomáticos y traslados.

Sin embargo, la SRE declaró que, después de una búsqueda en sus archivos, no localizó constancias documentales sobre la información financiera solicitada.

La dependencia federal argumentó que, conforme a la Ley de Extradición Internacional, las solicitudes activas formuladas por autoridades mexicanas se tramitan por conducto de la Fiscalía General de la República.

Con ello, la Cancillería remitió la responsabilidad de la información financiera a la FGR, al señalar que dicha institución interviene procesalmente en el caso y podría contar con los datos desagregados sobre la estrategia jurídica y los costos del procedimiento.

La SRE aplicó una reserva total al expediente, aunque la solicitud de transparencia requería información administrativa y financiera específica, entre ella comunicaciones diplomáticas, contratos, pagos a despachos externos en el Reino Unido y desglose de honorarios legales.

En la petición también se solicitó que, en caso de contener datos sensibles, la documentación fuera entregada en versión pública, con datos personales o información legalmente reservada testados, conforme al principio de máxima publicidad; sin embargo, la dependencia determinó negar el acceso al expediente y mantener la reserva por cinco años.