Xalapa, Ver.- (AVC) El Congreso de Veracruz aprobó el dictamen que autoriza al Gobierno del Estado implementar el Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la liquidación anticipada de la deuda bursátil municipal, en la que participan 199 municipios.

La medida, avalada este 15 de junio de 2026 por la LXVII Legislatura, permitirá sustituir el esquema financiero vigente desde 2008 por un mecanismo de menor costo, con el objetivo de aliviar la carga económica de los ayuntamientos y liberar recursos para obra pública, infraestructura y servicios municipales.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, la bursatilización municipal se originó en 2008, mediante el Decreto 255, con un saldo inicial de mil 207 millones 999 mil 584 pesos. El esquema incluyó las emisiones bursátiles VRZCB 08 y VRZCB 08U, con vencimiento previsto para 2036.

Entre 2008 y 2026, los municipios realizaron pagos acumulados por 2 mil 725 millones 409 mil 905 pesos; sin embargo, el diagnóstico financiero señala que, de mantenerse las condiciones actuales, el costo total de la deuda al vencimiento superaría los 4 mil 839 millones de pesos, casi cuatro veces el monto originalmente recibido por los ayuntamientos.

El saldo insoluto proyectado a julio de 2026 asciende a mil 267 millones 625 mil 120 pesos. A esta cifra se sumarían 203 millones 323 mil 728 pesos por actualización de la Unidad de Inversión (UDI) y 642 millones 708 mil 018 pesos por intereses estimados hasta 2036.

El dictamen advierte que las condiciones vigentes implicaban una carga financiera para los municipios, debido a que el 82 por ciento de la deuda estaba indexada a UDI, indicador que aumentó 112 por ciento desde la contratación. Además, se mantenían tasas de interés de 7.45 por ciento fija para el título VRZCB 08U y TIIE a 182 días más 2.85 por ciento para el título VRZCB 08.

La liquidación anticipada está programada con corte al 31 de julio de 2026. Bajo el nuevo esquema, el Gobierno del Estado cubrirá hasta el 75 por ciento del saldo insoluto de capital y absorberá el 100 por ciento de la prima por amortización anticipada voluntaria.

Los municipios aportarán de manera solidaria el 25 por ciento restante, mediante un mecanismo de recuperación administrativa sobre sus participaciones federales. El programa eliminará la indexación a UDI, suprimirá intereses y fijará como plazo máximo de recuperación el año 2030.

El decreto también establece que los ayuntamientos podrán realizar pagos anticipados, parciales o totales, sin penalizaciones, primas, cargos adicionales ni contraprestaciones por liquidación adelantada.

De acuerdo con el documento aprobado, el programa no representa nueva deuda pública, empréstito, financiamiento ni refinanciamiento para los municipios, sino una medida extraordinaria de saneamiento financiero, coordinación presupuestal y regularización de obligaciones bursátiles previamente existentes.

Los ahorros generados deberán destinarse exclusivamente a obra pública, inversión pública productiva, infraestructura, equipamiento urbano y fortalecimiento de servicios públicos.

Para comprobar el uso de estos recursos, los municipios deberán entregar a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) informes periódicos de avance físico y financiero, acompañados de evidencia documental, fotográfica y demás elementos de comprobación.

En caso de que un ayuntamiento no acredite el destino de los recursos o los utilice para fines distintos a los autorizados, la Sefiplan podrá suspender temporalmente las condiciones financieras preferenciales y aplicar medidas de recuperación, compensación o ajuste.

El programa requiere la adhesión de la totalidad de los 199 municipios participantes para su instrumentación integral. Una vez concluida la liquidación anticipada, canceladas las emisiones bursátiles y liberados los registros, afectaciones y garantías vinculadas, se abrogará el Decreto 255 de 2008.

La Sefiplan deberá emitir las reglas de operación, criterios técnicos, lineamientos y disposiciones administrativas dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Los recursos

El Gobierno del Estado de Veracruz no pagará de forma definitiva ni unilateral la totalidad de la deuda bursátil municipal de los 199 municipios participantes, sino que aplicará un esquema de aportación solidaria y recuperación de recursos.

Los recursos estatales para cubrir la liquidación anticipada saldrán principalmente de los Ingresos de Libre Disposición del Estado. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) determinó, mediante un dictamen de impacto presupuestario, que existe liquidez suficiente para realizar la operación sin comprometer programas sociales ni obligaciones financieras ordinarias.

El Gobierno estatal también podrá recuperar recursos una vez liquidada la deuda bursátil. Los remanentes que sean liberados o devueltos por el Fideicomiso Irrevocable Emisor F/998, así como por fondos de reserva, cobertura o administración, serán administrados por el Estado para compensar las erogaciones realizadas en beneficio de los municipios.

El esquema establece que el Gobierno de Veracruz asumirá hasta el 75 por ciento del saldo insoluto de capital exigible al 31 de julio de 2026. Además, cubrirá el 100 por ciento de la prima por amortización anticipada voluntaria y cualquier otro concepto equivalente derivado de la liquidación.

El 25 por ciento restante será cubierto por los municipios como una aportación solidaria. Sin embargo, los ayuntamientos no deberán hacer un pago inmediato en efectivo, sino que el monto será recuperado mediante compensaciones automáticas, periódicas y sucesivas sobre sus participaciones federales.

El nuevo esquema tendrá como fecha máxima de recuperación el año 2030. A diferencia de las condiciones actuales, no generará intereses, eliminará la indexación a la Unidad de Inversión (UDI) y permitirá pagos anticipados sin penalizaciones ni cargos adicionales.

La medida busca sustituir el esquema bursátil vigente, que incluía costos por intermediación bancaria y fiduciaria, así como condiciones financieras que elevaron el costo proyectado de la deuda hasta 2036.

El decreto aprobado establece que los ahorros generados por la liquidación anticipada deberán destinarse exclusivamente a obra pública, infraestructura, inversión pública productiva, equipamiento urbano y fortalecimiento de servicios públicos.

Para comprobar el uso de esos recursos, los municipios deberán entregar reportes periódicos a la Sefiplan, con avances físicos y financieros, evidencia documental y fotografías de las obras o proyectos financiados con los ahorros.

En caso de que un ayuntamiento no compruebe el destino de los recursos o los utilice para fines distintos, la Sefiplan podrá suspender temporalmente las condiciones financieras preferenciales del programa y aplicar medidas de recuperación o ajuste.

El dictamen aclara que el programa no constituye financiamiento, empréstito, refinanciamiento ni deuda pública adicional para los municipios, sino una medida extraordinaria de saneamiento financiero y regularización de obligaciones bursátiles previamente existentes.