Ciudad de México. (AVC).— La Cámara de Diputados aprobó el Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con mayoría calificada, por lo que la reforma fue enviada a los congresos estatales para su validación final. 

El dictamen fue avalado con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, con el respaldo de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Qué fue lo que finalmente se aprobó

 El Plan B aprobado ya no incluye algunos puntos de la propuesta original, como empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027, disposición que fue eliminada por el Senado.

En su versión final, la reforma se centra en tres cambios principales a la Constitución:

 Se establece que todos los municipios deberán contar con ayuntamientos integrados por presidencia municipal, sindicatura y hasta 15 regidurías, elegidos por voto popular, además de garantizar paridad de género e igualdad sustantiva en su integración.

 Se fija un límite al gasto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de cada estado, con el objetivo de reducir costos y ajustar el uso de recursos públicos.

También se establece que los salarios de autoridades electorales y personal directivo deberán respetar los topes constitucionales, evitando sueldos por encima del límite permitido.

Qué significa en la práctica

Con estos cambios, la reforma busca homologar la integración de gobiernos municipales, reducir el gasto en congresos locales y limitar los salarios en organismos electorales.

 No incluye modificaciones profundas al sistema electoral, como reglas sobre campañas, financiamiento o elecciones federales.

Posturas divididas

Mientras que legisladores de Morena defendieron que la reforma permitirá ahorros y mayor eficiencia, Movimiento Ciudadano la respaldó aunque la consideró insuficiente.

Por el contrario, PRI y PAN votaron en contra al considerar que los cambios no resuelven problemas de fondo y podrían afectar la autonomía de estados y municipios.

Qué sigue 

Para entrar en vigor, la reforma debe ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales, como lo establece el proceso constitucional.