Xalapa, Ver.- (AVC) La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 17 años de prisión contra el exdirector de Servicios Periciales, Gilberto “N”, por su responsabilidad en un delito vinculado con la desaparición de personas.
El fallo fue emitido por un órgano jurisdiccional tras acreditarse, mediante pruebas presentadas en juicio, que el exfuncionario incurrió en conductas para ocultar el hallazgo del cuerpo de la víctima y alterar las circunstancias de su localización, con el objetivo de encubrir un hecho constitutivo de desaparición forzada.
Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2016, y derivaron en el juicio oral J-104/2024, donde el juez determinó la responsabilidad penal del acusado conforme a la legislación en materia de desaparición de personas.
Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial ordenó la suspensión de derechos civiles y políticos, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la reparación del daño.
El caso está relacionado con el hallazgo ocurrido el 19 de enero de 2016, cuando fue localizado el cuerpo del agente municipal David Lara Cruz, junto con 18 restos humanos más en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, a unos seis kilómetros de la Academia de Policía.
De acuerdo con testimonios, durante la administración de Javier Duarte, se habría ordenado reportar únicamente el hallazgo de seis cuerpos y ocultar el resto.
Peritos lograron identificar el cuerpo de la víctima; sin embargo, éste fue cambiado de ubicación y trasladado a otro municipio. Del resto de los cuerpos, se desconoce su paradero hasta el momento.
David Lara Cruz, policía estatal de Acayucan, desapareció el 12 de enero de 2016 tras acudir a la Academia de Policía para realizarse exámenes de control y confianza. Desde entonces no se tuvo más información sobre su paradero. Era padre de un bebé de cinco meses y una hija de 12 años.
Por estos hechos, en 2018 fueron detenidos otros exfuncionarios, entre ellos el exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre, y la exdelegada regional de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio, acusados de ocultar el hallazgo de los cuerpos.
También fueron detenidos el exfiscal general Luis Ángel Bravo Contreras y la exdirectora de la Policía Ministerial, Rosario Zamora, dentro de la causa penal 80/2017. No obstante, continúan sus procesos en libertad tras obtener amparos federales.
Sobre el caso, colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron ampliar las investigaciones para determinar la responsabilidad de toda la cadena de mando, al señalar posibles actos de alteración de evidencias y ocultamiento de información.
