Ciudad de México.– (AVC) El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó llevar la situación de las desapariciones en México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, al considerar que existen indicios de posibles crímenes de lesa humanidad.
El organismo internacional señaló que, con base en información de organizaciones civiles, datos oficiales y evaluaciones desde 2012, se han registrado ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones del país.
Entre los casos analizados, el informe identifica patrones en estados como Coahuila, Nayarit y Veracruz, particularmente entre 2010 y 2017, así como hechos recientes en Jalisco, Guanajuato, Tabasco y el Estado de México, lo que evidencia la expansión territorial del fenómeno.
En el caso de Veracruz, el Comité documenta desapariciones vinculadas a patrones de participación o aquiescencia de autoridades, en contextos donde las víctimas habrían sido privadas de la libertad por agentes o entregadas a grupos criminales.
El informe advierte que estas prácticas se repiten bajo esquemas similares, lo que refuerza su carácter sistemático, además de que en el país se han localizado más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con más de 6 mil 200 cuerpos y miles de restos humanos, así como decenas de miles sin identificar.
Ante ello, el Comité pidió analizar medidas de cooperación internacional, apoyo técnico y financiero, así como asistencia especializada para fortalecer la búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas.
No obstante, también precisó que no encontró evidencia de una política federal deliberada para cometer desapariciones forzadas, aunque sí identificó patrones vinculados a organizaciones criminales y posibles vínculos con autoridades locales.
El organismo subrayó que la magnitud del problema sigue en aumento, con más de 132 mil personas desaparecidas en México, además de una crisis forense y altos niveles de impunidad.
México rechaza informe de la ONU
En respuesta, el Gobierno de México, a través de un comunicado conjunto de Gobernación y Relaciones Exteriores, rechazó el informe al considerar que es “tendencioso” y que omite avances institucionales.
Las autoridades señalaron que el Comité no tomó en cuenta información actualizada presentada por el Estado, ni las reformas implementadas en los últimos años, y subrayaron que México no tolera ni ordena desapariciones forzadas.
El Ejecutivo afirmó que el contexto actual es distinto al de periodos anteriores, particularmente entre 2009 y 2017, al que —aseguró— se refiere principalmente el informe.
Además, destacó que el propio Comité reconoce que no existen indicios de una política federal sistemática, lo que, según el Gobierno, contradice la interpretación general del documento.
El Gobierno federal indicó que desde 2019, y especialmente en 2025, se han impulsado reformas legales e institucionales, como la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
También se reforzó la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales, así como la participación de colectivos de familiares.
Finalmente, reiteró que México mantiene cooperación con organismos internacionales, aunque no acepta evaluaciones que —considera— no reflejan la realidad actual del país.
