Xalapa, Ver. —  (AVC/Perla Sandoval) El caso del policía estatal David Lara Cruz, desaparecido en enero de 2016, derivó en un fallo condenatorio contra el exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto Aguirre Garza, por un delito vinculado con la desaparición de personas.

El juez de enjuiciamiento Roberto Santos Maldonado Morales acreditó la responsabilidad penal del exfuncionario en agravio de la víctima, dentro de la causa penal J-104/2024, originada de la carpeta UIPJ/DXI/10°/169/2016.

 La resolución fue emitida este martes 31 de marzo de 2026 en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa. La audiencia para la individualización de sanciones y reparación del daño fue programada para el 8 de abril de 2026 a las 15:00 horas.

De acuerdo con el expediente, Lara Cruz acudió el 12 de enero de 2016 a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa para evaluaciones de control y confianza. Posteriormente, según testimonios, habría sido detenido por compañeros de la misma corporación sin registro oficial.

Días después, su familia fue informada que el cuerpo había sido localizado en la carretera rumbo a Alto Lucero; sin embargo, documentos ministeriales refieren que el cadáver fue hallado previamente en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.

En ese sitio, el 19 de enero de 2016 fueron encontrados restos de 19 personas, durante el gobierno estatal encabezado por Javier Duarte de Ochoa.

 La investigación señala que, tras el hallazgo, el entonces director de Servicios Periciales fue notificado y habría instruido realizar el levantamiento de los cuerpos, pero reportar oficialmente solo seis cadáveres.

También se documentó que, pese a la identificación del cuerpo de Lara Cruz mediante dactiloscopía, se ordenó trasladarlo a la localidad de Santa Ana, en Alto Lucero, para reportar ese punto como lugar del hallazgo.

El proceso ha sido acompañado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que ha señalado que el caso busca esclarecer cómo fue registrado oficialmente el hallazgo de los cuerpos.

“Durante años, la familia ha exigido verdad sobre lo ocurrido tras la desaparición forzada y sobre lo que pasó después: la localización seguida de ocultamiento, prolongando la incertidumbre”, expuso la organización.