Xalapa, Ver.–  (AVC/Perla Sandoval) El Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece límites a pensiones y jubilaciones de servidores públicos, con el objetivo de evitar ingresos superiores a los del Ejecutivo federal.

Con 40 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso local avaló la minuta enviada por el Congreso de la Unión, la cual determina que ningún funcionario podrá recibir percepciones mayores a las de su superior jerárquico ni superiores a las de la persona titular del Ejecutivo federal, salvo excepciones justificadas. 

Uno de los cambios centrales es que las pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entidades paraestatales no podrán superar la mitad del salario del Ejecutivo federal.

Además, la reforma obliga a modificar contratos colectivos y disposiciones laborales para evitar esquemas que excedan estos límites, cuando se trate de recursos públicos. 

De acuerdo con los artículos transitorios, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo tope, con excepción de casos específicos. En contraste, los haberes de retiro reconocidos se mantendrán en sus términos.

Entre las excepciones se encuentran las pensiones de las Fuerzas Armadas, las derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, los sistemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión no contributivaestablecida en la Constitución.

Asimismo, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales contarán con un plazo de 90 días para armonizar sus marcos jurídicos.

Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas fijaron postura sobre los alcances de la reforma.

“Estamos a favor de acabar con las pensiones abusivas, pero la justicia no puede ser utilería ni la Constitución un traje a la medida del poder”, señalaron.

También se subrayó que las pensiones provenientes de cuentas individuales y fondos sindicales no serán afectadas, al tratarse de recursos propios de los trabajadores, mientras que el objetivo del tope es limitar el uso de recursos públicos en esquemas de alto nivel.