Xalapa, Ver. (AVC) El Sistema 3 de la Plataforma Digital Anticorrupción comenzó a operar en Veracruz en febrero de 2026 y ya permite consultar sanciones firmes contra servidores públicos. En el sistema aparecen 14 funcionarios sancionados o inhabilitados por faltas administrativas graves.

La herramienta forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y está vinculada con la Plataforma Digital Nacional, con el objetivo de impedir que personas sancionadas en una entidad puedan ser contratadas en otra 

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Adriana Paola Linares Capitanachi, explicó que el sistema concentra información sobre sanciones e inhabilitaciones firmes derivadas de procedimientos administrativos.

Consulta obligatoria para evitar nuevas contrataciones 

La funcionaria señaló que las áreas responsables de contrataciones públicas deberán consultar esta base de datos antes de incorporar a un servidor público.

“Servidores públicos que tengan inhabilitaciones en Veracruz y que piensen que puedan evadirse e ir a contratarse a otro estado, no van a poder hacerlo porque es una plataforma abierta al público y a todo el país”, señaló.

Antes de la implementación del sistema, precisó, no existía la posibilidad de realizar consultas cruzadas entre estados, lo que permitía que funcionarios sancionados continuaran trabajando en otras entidades.

Funcionarios que aparecen sancionados en la plataforma

Entre los registros disponibles en la plataforma aparecen 14 servidores públicos sancionados, principalmente del Poder Judicial del Estado de Veracruz y otras dependencias.

Entre ellos se encuentran:

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  Manuela Saldaña Ríos, subdirectora de Recursos Financieros del Poder Judicial, inhabilitada por 10 años por daño patrimonial derivado de contratación irregular de bienes y servicios.

  
  
  



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  Joana Marlen Bautista Flores, directora general de Administración del Poder Judicial, inhabilitada por 10 añospor contrataciones irregulares.

  
  
  



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  Ofir Aly Gutiérrez Ponce, subdirector de Recursos Materiales del Poder Judicial, inhabilitado por 10 años por daño patrimonial.

  
  
  



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  Elvis Viveros Arroyo, jefe de Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, inhabilitado por 10 añospor contratación irregular de bienes y servicios.

  
  
  



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  Felipe Hernández Franco, subjefe de la Jurisdicción Sanitaria IV de Martínez de la Torre, inhabilitado por 10 años por negligencia administrativa.

  
  
  



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  Jovita Cortés Guzmán, síndica única municipal de Tlilapan, inhabilitada por 10 años por daño patrimonial a la hacienda municipal.

  
  
  



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  Angélica Sánchez Hernández, jueza de control comisionada al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Cosamaloapan, inhabilitada por 5 años por abuso de atribuciones.

  
  
  



• 
  
  

  Ariel Anastacio César Robinson Manzanilla, juez primero de primera instancia del distrito judicial de Veracruz, inhabilitado temporalmente por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

  
  
  



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  Alma Aleida Sosa Jiménez, jueza de control y enjuiciamiento, sancionada por apartarse del principio de imparcialidad al no excusarse de un proceso.

  
  
  



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  Vanessa Yazmín Gómez y Gómez, jueza en fase de ejecución del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, destituida por detrimento en el servicio público de administración de justicia.

  
  
  



• 
  
  

  María de los Ángeles Castillo Simbrón, secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Municipal de Filomeno Mata, con inhabilitación temporal por irregularidades administrativas.

  
  
  



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  Andrés Arredondo Martínez, auxiliar de sala del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Papantla, inhabilitado por liberar de manera injustificada billetes de depósito.

  
  
  



• 
  
  

  Yair Daniel Limón Hinojosa, sancionado por proporcionar documentación alterada a un ente público.

  
  
  



• 
  
  

  Otro registro administrativo incluido en el sistema por faltas administrativas graves.

  
  
  

Registro obligatorio de sanciones 

El 11 de febrero de 2026 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz un acuerdo que obliga a los órganos internos de control a registrar todas las sanciones firmes en esta plataforma.

Linares Capitanachi indicó que ya se realizaron reuniones con municipios y contralores para que alimenten el sistema con información actualizada.

El objetivo es consolidar un padrón nacional consultable en línea que permita detectar antecedentes administrativos antes de la contratación de servidores públicos.