Xalapa, Ver.- (AVC) En 2025 México registró 3,503 casos de niñas y niños atendidos por violencia sexual. Veracruz ocupó el tercer lugar con 325 casos en niñas, informó la organización Equifonía A.C., que alertó sobre el riesgo de embarazo infantil.

Durante una conferencia de prensa, Karina Soto, Adriana Fuentes y Araceli González, integrantes de Equifonía A.C., señalaron que el embarazo en niñas debe atenderse como una medida para reducir el daño derivado de la violencia sexual.

Indicaron que, conforme a la Norma Oficial Mexicana 046, cuando una niña llega a un hospital con lesiones por violencia sexual, el personal de salud debe dar aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE).

De igual forma, cuando la denuncia se presenta primero ante la Fiscalía, esta institución debe notificar al sector salud para garantizar servicios médicos, incluida la anticoncepción de emergencia o, en caso de embarazo, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Equifonía explicó que las cifras por municipio son preliminares y podrían modificarse en abril, cuando se integren los datos definitivos.

Los registros actualizados al 16 de febrero de 2026 señalan que en 2025 el municipio de San Andrés Tuxtla ocupó el primer lugar estatal en nacimientos producto de embarazo infantil, con 25 casos. Le siguen La Perla con 14 y Camerino Z. Mendoza con 11.

En cuanto a niñas con lesiones por violencia sexual infantil, Xalapa registró 71 casos, seguido de Córdoba con 25 y Oluta con 23.

La organización solicitó que, con la nueva titular de la Fiscalía General del Estado, se evalúe el desempeño de la Fiscalía Coordinadora Especializada en estos casos.

Equifonía aseguró haber documentado irregularidades, entre ellas carpetas de investigación rezagadas, identificación de presuntos agresores sin órdenes de aprehensión ejecutadas y presión a familias para aceptar juicios abreviados.

“No se puede continuar con esto, que por fallas en la coordinación entre el sector salud y la fiscalía, estas niñas sean obligadas a ser madres”, expresó Araceli González.

La organización señaló que la Fiscalía no ha proporcionado información desagregada sobre cuántas carpetas se han iniciado por pederastia, lo que limita el seguimiento de los casos.

También recordó que las procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes y el Registro Civil deben notificar cuando una menor da a luz o registra a un hijo, ya que ese hecho constituye evidencia de un posible delito.

Equifonía reiteró que en la mayoría de los casos los “padres” son hombres mayores de edad, lo que configura el delito de pederastia. La organización pidió fortalecer la coordinación entre el sector salud, la Fiscalía y las autoridades municipales para garantizar la atención médica, la investigación de los casos y la sanción de los responsables.