Xalapa, Ver (AVC) El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz (SEAV) exhortó a los Órganos Internos de Control de los entes públicos a cumplir con la obligación de registrar y actualizar información sobre servidores públicos y particulares sancionados en el denominado Sistema 3 de la Plataforma Digital Estatal.

El acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de febrero, establece que los órganos de control deben inscribir todas las sanciones e inhabilitaciones firmes, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción.

El Sistema 3 forma parte de la Plataforma Digital Estatal, la cual está vinculada con la Plataforma Digital Nacional, creada tras la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015. Esta herramienta permite concentrar información sobre sanciones impuestas a servidores públicos y particulares relacionados con faltas graves.

El Comité Coordinador advirtió que aún existen entes públicos cuyos órganos internos de control no han solicitado las credenciales digitales necesarias para registrar información, o mantienen pendientes actualizaciones derivadas de procedimientos administrativos y resoluciones firmes, lo que afecta la interoperabilidad del sistema.

Entre las disposiciones del exhorto, se establece que los entes públicos deberán verificar la calidad, integridad y actualización de los datos ingresados, además de consultar obligatoriamente el Sistema 3 antes de realizar nombramientos, designaciones o contrataciones en el servicio público, para evitar el ingreso de personas inhabilitadas.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción brindará asesoría técnica, capacitación y acompañamiento a los sujetos obligados para facilitar el cumplimiento de estas disposiciones.

El acuerdo también advierte que la omisión o registro de información falsa, incompleta o alterada puede derivar en responsabilidades administrativas.

El exhorto entrará en vigor este 12 de febrero y contempla un plazo de hasta seis meses para que las autoridades incorporen información sobre sanciones firmes emitidas conforme a la legislación vigente en materia de responsabilidades administrativas.