Xalapa, Ver.- (AVC) Las 361 denuncias por presunto daño patrimonial, por un monto aproximado de 30 mil millones de pesos, presentadas a partir de observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), continúan en etapa de integración y, hasta el momento, ninguna ha sido judicializada.

 Durante su comparecencia ante el Congreso local, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre nformó que todas las carpetas de investigación abiertas permanecen en proceso de integración. Ninguna ha sido archivada ni se ha emitido una determinación en sentido alguno, por lo que aún no es posible hablar de recuperación de recursos públicos.

Las autoridades señalaron que, una vez que los casos sean judicializados, se podrá informar sobre montos eventualmente recuperados. Indicaron que la ley prevé mecanismos como el embargo precautorio y la inmovilización de cuentas para garantizar la reparación del daño.

Estas figuras, se precisó, podrán ser utilizadas por la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de asegurar la restitución de los recursos, considerada el eje central del proceso penal en este tipo de delitos.

Respecto a los obstáculos para avanzar en las investigaciones, se reconoció que se trata de expedientes complejos. No obstante, se afirmó que reciben atención prioritaria dentro de la Fiscalía Anticorrupción, que cuenta con un plan de trabajo enfocado en estos casos.

Como parte de esta estrategia, se detalló que existe un convenio marco de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a través de una unidad de inteligencia patrimonial, lo que ha permitido el intercambio de información para dar seguimiento al rastro del dinero y fortalecer la integración de las carpetas.

Sanciones administrativas a servidores públicos

 En el ámbito interno, se informó que 27 servidores públicos han sido sancionados como resultado de procedimientos iniciados por la Visitaduría. Paralelamente, se trabaja en la elaboración de un protocolo de control interno para establecer lineamientos más claros y precisos en la aplicación de sanciones administrativas.

 Las autoridades reiteraron que las denuncias por daño patrimonial continúan activas y que el avance de los procesos dependerá de la correcta integración de los expedientes y de la coordinación interinstitucional para garantizar la reparación del daño al erario.