Xalapa, Ver.- (AVC) La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que el Gobierno del Estado actuó conforme a la ley en el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), tras las detenciones recientes de exfuncionarios señalados por presuntas irregularidades administrativas y financieras.

En entrevista radiofónica, la mandataria explicó que desde hace varios meses su administración recibió denuncias y manifestaciones por falta de pagos, así como señalamientos sobre anomalías que ya impactaban en el funcionamiento académico de la universidad y en la situación de estudiantes y personal docente. Ante ello, dijo, se iniciaron investigaciones a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y se dio vista a las instancias correspondientes.

Nahle García detalló que el modelo con el que operaba la UPAV durante años combinaba el uso de infraestructura pública con la intervención de asociaciones privadas que cobraban colegiaturas y administraban recursos, lo que derivó en un esquema irregular. Señaló que, tras documentarse las anomalías, su gobierno presentó las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, sin interferir en el proceso judicial en curso.

La gobernadora subrayó que la prioridad de su administración es garantizar la continuidad educativa de más de 60 mil estudiantes en el estado, así como dar certeza laboral al personal académico. Indicó que, con el decreto que coloca a la UPAV bajo control del Estado, se busca otorgar seguridad jurídica a la institución y regularizar los esquemas de contratación del personal docente.

Respecto a los adeudos con maestros y trabajadores administrativos, precisó que las asociaciones privadas involucradas deberán responder por las obligaciones pendientes, mientras que el Gobierno del Estado comenzará a cubrir los pagos que le correspondan conforme al nuevo marco institucional.

Finalmente, sostuvo que el proceso llegará “hasta donde tenga que llegar” y que deberán rendir cuentas quienes resulten responsables, al tiempo que reiteró que la educación es una prioridad y que el Estado asumirá el impacto presupuestal necesario para garantizar su operación y estabilidad.