Xalapa, Ver.- (AVC) Los Censos Nacionales de Gobierno Federal y de Gobiernos Estatales 2025 indican que Veracruz acumuló 280 sanciones administrativas a personas servidoras públicas durante 2024.

La mayor parte correspondió a inhabilitaciones (185), cifra que posiciona al estado entre los primeros lugares del país en este tipo de medida.

 Además, se registraron 93 amonestaciones públicas, 10 privadas, 31 suspensiones del empleo, cargo o comisión y 1 destitución.

Comparativo nacional: la ubicación de Veracruz

 Con 280 casos, Veracruz se situó por encima de entidades como Chiapas (184), Oaxaca (160) y Durango (139), aunque por debajo de Ciudad de México (427), Nuevo León (337) y Jalisco (237).

En materia de inhabilitaciones, Veracruz fue uno de los estados con mayor volumen, solo superado por la Administración Pública Federal, que documentó 1 041.

 Aumento nacional de denuncias y procesos en 2024

 Los censos detallan que, a nivel nacional, en 2024 se recibieron 140 686 denuncias derivadas del posible incumplimiento de obligaciones de personas servidoras públicas: 59 526 en la APF y 81 160 en las APE.

Las denuncias aumentaron 41.2 % en la APF y 8.9 % en las APE respecto a 2023.

 Del total, 44.3 % fue procedente, 25.7 % improcedente, 22.2 % quedó pendiente de atención y en 4.1 % se determinó incompetencia.

 En el mismo periodo, se iniciaron 59 526 investigaciones en la APF y 109 128 en las APE, incrementos de 48.3 % y 23.1 %, respectivamente.

 Qué significa para Veracruz

 El elevado número de inhabilitaciones sugiere que en Veracruz esta sanción continúa siendo una herramienta central para resolver faltas administrativas. La posición del estado en el panorama nacional evidencia procesos de control interno activos y un volumen relevante de casos en seguimiento.

Los datos del CNGF y el CNGE 2025 permiten ubicar a Veracruz dentro de las entidades con mayor carga sancionadora durante 2024. El aumento nacional de denuncias y procedimientos anticipa mayores retos para las administraciones estatal y municipales en materia de cumplimiento y transparencia en 2025.