Xalapa, Ver.– (AVC) A pocos días de las lluvias e inundaciones que dejaron 30 personas muertas, 18 desaparecidas y graves daños en más de 40 municipios del norte del estado, el Gobierno de Veracruz publicó en la Gaceta Oficial una reforma integral al Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros, con la que busca reducir la burocracia, transparentar el uso de recursos y agilizar la respuesta ante emergencias.
El nuevo marco operativo, firmado por la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, sustituye las reglas de 2021 y establece un sistema más flexible para liberar fondos de manera inmediata, sin depender exclusivamente de declaratorias federales de emergencia. La medida permitirá que el estado pueda reaccionar con rapidez en situaciones como las inundaciones recientes en Poza Rica, Álamo, Tecolutla, Papantla y Tuxpan, donde miles de familias siguen damnificadas.
Entre los principales cambios, el decreto incorpora herramientas digitales para la solicitud, autorización y comprobación del gasto, con el fin de evitar retrasos y discrecionalidad en la distribución de apoyos. Además, obliga a las dependencias ejecutoras a documentar cada acción en un “Libro Blanco” con evidencia técnica, fotográfica y financiera, supervisado por la Contraloría General del Estado.
El fideicomiso podrá utilizarse no solo para reconstrucción, sino también para acciones preventivas y de mitigación de riesgos, como obras hidráulicas, reforzamiento de taludes o compra de equipos de monitoreo. Se establecen límites de hasta 5 % para gastos de operación y supervisión, y sanciones administrativas para quienes incumplan las reglas.
La nueva normativa también define con claridad las funciones de las dependencias involucradas: el Comité Técnicoautorizará recursos y dará seguimiento; la Secretaría Técnica coordinará los procesos y verificará los informes; mientras que los entes ejecutores serán responsables directos de las obras y rendición de cuentas.
El documento, aprobado el 11 de octubre de 2025 y vigente desde el 15 de octubre, forma parte de un intento del Gobierno estatal por modernizar su sistema de gestión de riesgos tras una de las peores emergencias registradas en la última década, que dejó comunidades incomunicadas, infraestructura dañada y miles de personas sin vivienda.
