Xalapa, Ver.-. (AVC/Flavia Morales) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 20 millones de pesos en los programas alimentarios operados por el Sistema DIF Estatal durante el ejercicio fiscal 2024. Las observaciones incluyen beneficiarios fallecidos, datos inconsistentes y entregas no acreditadas.

El DIF Estatal elaboró los padrones de beneficiarios de programas alimentarios conforme al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, pero no incluyó el universo total de beneficiarios ni estableció convenios con el Registro Nacional de Población para validar identidades mediante confronta de CURP.

Además, la ASF observó deficiencias estructurales en los padrones, falta de documentación de respaldo y omisión de convenios operativos para garantizar la integridad de la información.

Apoyos sin comprobación documental

La ASF presume un probable daño por 16.8 millones de pesos por la falta de documentación que acredite la entrega de apoyos del programa “Atención a Población en Condiciones de Emergencia”. No se justificaron con documentos los bienes otorgados ni se presentó soporte para su entrega final a los beneficiarios.

Durante la confronta con bases de datos de la Secretaría de Salud, se detectó que 1,496 personas fallecidas y 275 beneficiarios fuera del rango de edad recibieron apoyos alimentarios por un monto total de 3.9 millones de pesos.

Parte de estas observaciones fueron parcialmente solventadas con documentación sobre gastos funerarios por 85 mil pesos, pero el resto permanece como pendiente de aclaración.

CURP inexistente o con errores

Se identificaron 3,010 CURP que no se encontraron en la matrícula escolar, 3,456 con errores de captura y 2,542 no localizadas en el Registro Nacional de Población, lo que pone en duda la autenticidad de los beneficiarios en programas como “Desayunos escolares” y “Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios”.

Promociones de responsabilidad administrativa

La ASF emitió dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria dirigidas al Órgano Interno de Control del Gobierno de Veracruz para que investigue y, en su caso, inicie procedimientos contra servidores públicos por la integración de padrones con beneficiarios inexistentes o sin identificación válida.