Integralia advierte sobre riesgos de violencia e infiltración en gobiernos municipales de Veracruz
Integralia advierte sobre riesgos de violencia e infiltración en gobiernos municipales de Veracruz Foto:
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Perla Sandoval /AVC Noticias .
2025-05-13.- Carlos Rubio, de Integralia, advierte que los casos de violencia política en Veracruz revelan intentos del crimen organizado por infiltrar y controlar estructuras locales en plena elección.
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) La entidad veracruzana ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a incidentes relacionados con violencia política, con 13 casos registrados de enero a marzo, de los cuales al menos cuatro fueron homicidios y cuatro secuestros, revela el informe trimestral elaborado por la consultora Integralia.
El subdirector de Integralia, Carlos Rubio, advirtió que, a pesar de que este año se celebran elecciones municipales en Veracruz y Durango, los incidentes se concentran en el estado veracruzano. "Esto puede deberse a la disputa que prevalece entre cárteles rivales", explicó.
"Persisten los casos de violencia política. Eso revela los esfuerzos del crimen organizado por infiltrar, coaccionar y controlar estructuras gubernamentales, sobre todo a nivel municipal", añadió Rubio.
De acuerdo con el informe, al menos un municipio veracruzano, Poza Rica, figura entre los diez con más incidentes de violencia política en el país, al registrar dos casos en el periodo analizado.
De los 13 casos reportados en Veracruz, siete fueron actos de violencia contra funcionarios o exfuncionarios, cinco contra aspirantes a cargos de elección popular y uno contra políticos o expolíticos.
Entre los hechos más graves en este informe, se encuentra el asesinato de Manuel Andrei Gamboa Soto, director de Gobernación de Camerino Z. Mendoza, ocurrido el pasado 8 de enero en Ixtaczoquitlán, y el homicidio de Carlos Ramsés Neri, aspirante a alcalde por el PVEM en Paso del Macho. Neri, también secretario del Ayuntamiento, fue hallado sin vida junto a su hermano, Juan Daniel Neri Rodríguez, en un predio del ejido Actopan.
A estas cifras se suman dos candidatos asesinado desde el inicio de la elección, en Coxquihui y Texistepec.
En el país se registraron 104 incidentes de violencia política durante el primer trimestre de 2025, lo que representa una disminución del 59.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, Carlos Rubio advirtió que esta baja se debe al menor número de cargos en disputa este año y no necesariamente a una mejora en las condiciones de seguridad.
Los homicidios encabezaron la lista de delitos con 50 casos, seguidos de amenazas (24), atentados con arma de fuego (15), secuestros (11) y desapariciones (2). El 81.7 por ciento de las víctimas eran funcionarios, exfuncionarios o aspiraban a cargos en gobiernos municipales.
"Más del 80 por ciento de los casos fueron contra actores municipales porque son las estructuras de gobierno más débiles y más expuestas al crimen organizado. Son esas estructuras las que permiten la instauración de lo que llamamos regímenes criminales", subrayó Rubio.
Los actos de violencia política ocurrieron en 78 municipios del país. En 64 de ellos se registró un solo caso. Las entidades con mayor número de incidentes fueron Morelos (17), Veracruz (13), Oaxaca (12), Puebla (11) y Guerrero (9).
El informe advierte que la violencia política se concentra en estados con alta incidencia delictiva y fuerte presencia criminal. Se entiende por violencia política cualquier acto contra actores involucrados en procesos electorales o que ocupan cargos públicos con el fin de influir en los resultados o imponer regímenes criminales, como asesinatos, atentados, amenazas, secuestros o desapariciones.
Hasta ahora, Morena es el partido con más casos registrados (30), seguido del PRI (10) y Movimiento Ciudadano (9), lo cual se explica en parte por la concentración de candidaturas y cargos ocupados por Morena.
Del total de incidentes, el 75.9 por ciento de las víctimas eran funcionarios o exfuncionarios, el 15.4 por ciento eran aspirantes y el 8.7 por ciento eran políticos o ex políticos.
"Las amenazas y atentados contra aspirantes buscan condicionar los resultados electorales. Los secuestros y amenazas contra funcionarios operan como mecanismos de control territorial y financiero", advierte el documento.
En cuanto a la elección judicial, hasta el 31 de marzo no se habían registrado actos de violencia contra candidaturas al Poder Judicial. Según el informe, esto podría deberse al bajo perfil del proceso, a estrategias de cooptación indirecta o al hecho de que los grupos criminales esperen a conocer los resultados para tomar acciones posteriores.
