Xalapa, Ver.- (AVC) El senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó la protección de la justicia federal en contra de una posible orden de aprehensión y su ejecución obsequiada por el juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoprimer Distrito Judicial con residencia en la ciudad de Xalapa, Óscar Luis Lozada Hernández. Yunes Márquez promovió la demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, donde quedó radicada con el número de expediente 617/2024. Al analizar la demanda de amparo, el juez federal le otorgó la suspensión provisional para evitar que el senador electo sea aprehendido por las autoridades veracruzanas que lo reclaman, para lo cual Miguel Ángel Yunes Márquez deberá depositar una garantía de 10 mil 500 pesos. De igual forma, el juez federal concedió la suspensión provisional a Yunes Márquez en contra de la emisión de la ficha roja de localización, la orden de detención provisional con fines de extradición y su ejecución. “Cabe aclarar que la medida suspensional que se concede con respecto a la orden de aprehensión y su ejecución, no surtirá efecto legal alguno si se trata de actos posteriores a su concesión; si se sorprende a la parte quejosa en delito flagrante (…); o si los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas a las que se les reclama dicha orden de aprehensión”, acordó el juez federal. Miguel Ángel Yunes Márquez interpuso la demanda de amparo el 16 de julio en contra de la resolución del juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoprimer Distrito Judicial con residencia en la ciudad de Xalapa, Óscar Luis Lozada Hernández. Cabe recordar que el juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoprimer Distrito Judicial con residencia en la ciudad de Xalapa, Óscar Luis Lozada Hernández, reclama a Yunes Márquez por su probable responsabilidad en los delitos de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal a pesar de que el Instituto Nacional Electoral confirmó su residencia en la ciudad de Veracruz.
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