Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) En los últimos 10 años, el estado de Veracruz se ha mantenido entre los cinco estados con mayor número de embarazo infantil, alertó la vocera de la organización Equifonía, Araceli González Saavedra.

En conferencia de prensa, indicó que además en el 2022 hubo 16 mil 108 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años y que entre las menores de edad son familiares cercanos los responsables de la violencia sexual.

Los municipios con más casos reportados son Veracruz, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Coscomatepec, Córdoba, Perote, Papantla, Martínez de la Torre, Altotonga y Coatzacoalcos.

“Durante los últimos 10 años el estado de Veracruz ha estado en los cinco primeros lugares de nacimientos entre niñas de 10 a 14 años. Es muy probable que el agresor sea cercano y haya complicidad de al menos de uno de los padres”, comentó.

Por ello, dijo que es importante la intervención de las procuradurías municipales de niñas, niños y adolescentes para dar aviso a las autoridades cuando una menor de edad llega con un embarazo; sin embargo, dijo que lo que se han encontrado es que aunque la Secretaría de Salud dé aviso a las autoridades, la Fiscalía General de Veracruz no envía a tomar la declaración de la menor.

La activista pidió a los padres estar atentos a los cambios de comportamiento de las menores, como retraerse, bajar sus calificaciones o ya no querer estar con familiares con los que antes tenía convivencia, o bien mostrar signos de tristeza o hay daños en el área genital, pues todos estos pueden ser signos de violencia sexual.

Por ello, anunciaron el lanzamiento de la campaña Generando Ecoss “Equipos comunitarios en salud sexual y reproductiva, en los que a través de materiales didácticos difundirán cómo detectar y actuar en casos de violencia sexual.

“La campaña tiene el objetivo de informar sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes para detectar casos en 10 municipios: Veracruz, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Coscomatepec, Córdoba, Perote, Papantla, Martínez de la Torre, Altotonga y Coatzacoalcos”.

González Saavedra insistió en que la protección de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual es una responsabilidad institucional, comunitaria y familiar.

“Es obligación de las familias, el sector salud y procuradurías municipales la detección de estos casos en menores de edad. Debemos informarnos y actuar para obligar a las instituciones que atiendan a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”.

Insistió en que la campaña es necesaria porque en las familias puede persistir la desinformación o confusión sobre violencia sexual pero es importante recordar que en muchos casos los agresores son familiares o personas cercanas de la niña.