Xalapa, Ver. (AVC) Once académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), advirtieron que la reforma al código penal de Veracruz que incluye el delito de ultrajes a la autoridad, es imprecisa, propicia la censura y podría ocasionar que Veracruz se convierta en un estado represor.
En una carta abierta, opinaron que el delito es inconstitucional y pidieron al Congreso de Veracruz revisar la norma penal.
El Congreso local reformó el pasado 11 de marzo el código penal de Veracruz, donde incluye el delito de ultrajes a la autoridad, que ordena prisión de 6 meses hasta 15 años a quien amenace o agreda a un servidor público o a un polícia estatal o municipal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
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Desde su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, han sido detenidas dos personas por este delito: Rogelio Franco, ex secretario de gobierno Yunista y el líder de los verificentros, Eduardo Cazares.
En una carta que hicieron pública, los académicos y académicas recordaron que es obligación de los legisladores crear leyes donde el tipo penal esté claramente formulado, sin vaguedades o imprecisiones que permitan la arbitrariedad de su aplicación.
“ Crear una legislación que se aparte de este principio no sólo violenta las bases del Derecho Penal, sino que deja evidenciada la utilización de éste como instrumento meramente represivo”, dice la carta.
Advierten que una norma penal con este contenido propicia censurar a las personas gobernadas, logrando acallarles, volviéndoles acríticas respecto de la función de servidoras y servidores públicos, inhibiendo el disenso, la libertad de expresión y la protesta social, lo que conlleva a la disminución del ejercicio de derechos y libertades.
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Detallan que solo 12 estados del país incluyen en sus códigos penales este delito, y la tendencia nacional es hacia la derogación del tipo penal de Ultrajes a la autoridad, como lo han hecho últimamente Durango, Morelos y Ciudad de México.
“La criminalización de la protesta social que enfrenta la disidencia, para prever sanciones corporales desproporcionadas y con ello inhibir la participación política de la ciudadanía, negando, obstaculizando y restringiendo derechos civiles y políticos se agrava al tener tipos penales con estas peculiaridades, obstaculizando el acceso a un juicio justo a los posibles sujetos activos, legalizando así la privación de la libertad personal en el marco de la protesta social, que afecta al Estado de Derecho configurando una democracia simulada como la que deseamos desde la Academia no se configure en México”, advierten.
“Quienes integramos la Academia de la Facultad de Derecho, de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, solicitamos, que antes de que se llegue a activar algún medio de control constitucional para combatir esta norma penal, que a todas luces resulta inconstitucional e inconvencional, sea nuevamente estudiada y derogada por el Congreso del Estado, para evitar que Veracruz se convierta en un Estado represor y poco tolerante a la pluralidad de ideas y expresiones”, exigieron.
La carta la firman: Sidney Ernestina Marcos Escobar, Rosa Hilda Rojas Pérez, Esperanza Sandoval Pérez, Erick Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara Hernández, María Eugenia Castillo Reyes, Enrique Córdoba del Valle, Daniel Del Ángel Pérez, César Martínez Rámila, Rebeca Contreras López y Austria Paola Barradas Hernández.
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