Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Las dirigencias de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al código penal que sanciona a quien agreda o amenace a policías y funcionarios públicos. En el caso del PRI, justificaron los cambios, pues -afirman- se quiere sancionar a manifestantes violentos.
Los cambios al código penal, que recibió el mote de “Ley Franco” , obliga a prisión oficiosa a quien lesione a policías; la medida es violatoria de los derechos humanos pues criminaliza las manifestaciones, por lo que abogados y partidos políticos plantearon recurrir a la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) para que invalide lo aprobado por la Cámara local.
PRD pedirá intervención de CEDH y CNDH
La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Adriana Díaz Contreras anunció que recurrirán a las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos para que se inicie una acción de inconstitucionalidad contra la reforma.
Planteó que “la Ley Franco” limita el derecho a la libre manifestación, por lo que buscarán el respaldo de los dos organismos defensores de los derechos humanos para que se pueda revertir desde la SCJN.
La líder que estuvo en el municipio de Tuxpan, como parte de la marcha que convocó la dirigencia estatal, para exigir la liberación de Rogelio Franco, aseguró que la reforma fue a modocon la intención de reprimir a la oposición.
MC reconoce tres vías para revertir los cambios
El líder de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gil Rullán, dijo que las vías para revertir la reforma que sanciona a quien agreda o amenace a los policías son: que la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos interponga un recurso; o que la oposición en el Congreso presente una acción de inconstitucionalidad con la firma de 17 de los 50 diputados.
En el caso de su partido buscará el aval de la oposición para impulsar una acción desde la propia Cámara de diputados, aunque consideró que será difícil el poder consolidarla.
Contrario a la postura del PRD, puso en duda que las titulares de la Comisión Nacional o de la Comisión Estatal de los Derechos promuevan alguna acción, pues sería ir en contra del partido que las nominó.
Sin embargo, aseguró que los terceros interesados en el caso, tanto Rogelio Franco como Eduardo Casares, detenidos por “ultrajes a la autoridad”, podrían presentar una queja como terceros interesados.
PRI defiende la reforma que criminaliza manifestaciones
El diputado local del Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Moreno Salinas aseguró que la intención de la más reciente reforma al código penal, que obliga a prisión oficiosa a quien amenace o agreda a policías, es para sancionar a quienes usen una marcha o manifestación para generar violencia.
Recordó que en un pasado reciente se han tomado casetas y se ha agredido a policías estatales e integrantes del Ejércitos por civiles, lo que también va en detrimento de los responsables de cuidar a la ciudadanía.
El legislador pidió que la reforma no se use de forma política o para validar excesos de los policías contra la población en general, luego de que se dio la detención del perredista Rogelio Franco y del empresario Eduardo Casares.
“Habrá que revisar si realmente cometen un delito, no es para eso la ley (para criminalizar); pero también vimos cuando al Ejército los pateaban y todo eso, pero si queremos objetividad y que se investigue a fondo, porque no se puede impunemente dañar instalaciones, insultar gente, tampoco se puede. Ese es el espíritu de la ley”.
El diputado dijo que existe total libertad para manifestarse, sin embargo, si se debe sancionar a quienes en el pasado dañaron las instalaciones y comercios, “tiene que haber un equilibrio, que a nadie se le reprima en una manifestación pacífica, pero en las manifestaciones no debe haber agresiones”.
SCJN declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad: PAN
Por su parte el PAN, planteó que Morena quiere propagar miedo a las voces opositoras del gobierno, al impulsar una reforma que demuestra la violación a la división de poderes.
Desde el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional por ser un delito impreciso y que vulnera el derecho y ejercicio de libertad de expresión.
En un comunicado, que remitió la dirigencia, anunciaron que acudirán a todas las instancias e interpondremos todos los recursos necesarios para garantizar la libertad y el respeto a todos los derechos humanos, el respeto a la Constitución de nuestro país, y el Estado de Derecho que hoy Morena está pisoteando.
Ministros pueden corregir la plana a 65 legislatura
Finalmente, el abogado Francisco Spinoso confió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corregirán la plana al Congreso de Veracruz, como lo han hecho constantemente.
Explicó que ninguna ley secundaria, en este caso el código local, puede estar por encima de la Constitución federal que garantiza el derecho a la manifestación de todas y todos los mexicanos.
“Una vez estamos ante un gobierno que intenta, a través de reformas de ley, criminalizar algunas acciones para evitar quejas públicas en su contra, y esta reforma va destinada a hacer una nueva pifia del Congreso”, expresó.
