Xalapa, Ver.- (AVC) La jueza de control, Alejandra Castellanos Priego, impuso prisión preventiva justificada de 8 meses a Rogelio "N", por ultrajes a la autoridad.
El exsecretario de gobierno en el bienio Yunista, se encuentra en calidad de investigado por la comisión del presunto delito de ultrajes a la autoridad.
En una audiencia realizada ayer y que duró varias horas, le fue aplicada como medida cautelar prisión preventiva, por un daño cometido a un elemento de la policía ministerial que pretendia detenerlo, tras argumentar que le dañó una playera con valor de 300 pesos.
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“Nuestro representado se encuentra detenido por un delito fabricado, por una supuesta agresión a un elemento de la policía ministerial, el cual se adolece de que se le rompió una playera de 325 pesos, por lo que es ridícula la forma de actuar por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz toda vez que buscan fabricar un delito”, explicó Diana Armenta Ramírez, abogada.
Mientras que José Luis Jiménez, otro de sus abogados, consideró que la detención del ex dirigente del PRD fue arbitraria.
“El imponerle una medida cautelar de lo más lesiva, todo por supuestamente haber roto una playera de 350 pesos, el supuesto daño es irrisorio, pues además del costo de la playera, el dictamen psicológico refiere que el judicial esta temeroso y que requiere tres sesiones de psicología, se habla de un monto de daños de mil 500 pesos, no es posible que por ese monto, nuestro representado este privado de su libertad y recluido en un reclusorio”, expuso.
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Rogelio "N" quedará recluido en Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan en espera de su siguiente audiencia, programada para el 20 de marzo, es de señalar que actualmente es aspirante a la candidatura a la diputación federal por la vía plurinominal, del PRD.
Los abogados Diana Armenta y José Luis Jiménez, advirtieron que presentarán testimoniales de supuestas irregularidades que, afirman, existen en el proceso que enfrenta Rogelio “N” por un “delito fabricado meramente armado”, ante su candidatura a la diputación para impedir que llegue a la legislatura.
Agregaron que “el procedimiento no se respeta, estamos ante el peso de la autoridad estatal que se está imponiendo ante el poder judicial, lamentablemente es un perseguido político nuestro representado al igual que otros más”.
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