Xalapa, Ver.- (AVC/Sofía Quiñones) La migración forzada por violencia en Veracruz no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que permanece invisibilizado. Así lo advierte el investigador y profesor de la Universidad Veracruzana (UV), Carlos Alberto Garrido de la Calleja, en su más reciente publicación Veracruz: Tierra de Migrantes, difundida en La Jornada Veracruz, donde recopila testimonios de estudiantes que han tenido que abandonar sus lugares de origen para salvaguardar su vida.

Uno de esos testimonios es el de Alejandra, estudiante universitaria que, junto con su familia, fue desplazada de manera forzada desde la región de Córdoba-Orizaba tras ser víctima de amenazas y violencia vinculadas al cobro de piso. Su historia, lejos de ser un caso aislado, refleja una problemática estructural que atraviesa al estado y que, hasta ahora, no ha sido atendida de manera efectiva por las instituciones. 

Desplazados por violencia: una categoría no reconocida

En entrevista en el marco del día internacional de las personas migrantes, Garrido de la Calleja subraya que en México —y particularmente en Veracruz— la migración interna suele explicarse como una decisión individual o coyuntural, cuando en realidad responde a procesos estructurales de violencia, despojo e impunidad. “Existe una tipología migratoria que no se quiere ver ni reconocer: la de los desplazados por violencia”, señala.

La falta de reconocimiento jurídico de esta población tiene consecuencias directas. Quienes huyen de sus comunidades no son considerados sujetos de derecho, no cuentan con protección legal ni con acceso a mecanismos de atención integral. “En México no existe una ley de desplazamiento interno, lo que coloca a estas personas en una situación de indefensión total”, advierte el investigador.

El caso de Alejandra: huir para sobrevivir

Alejandra y su familia tuvieron que abandonar su hogar y su fuente de ingresos de manera abrupta, saliendo prácticamente con lo que llevaban puesto. Ante el riesgo inminente, Xalapa se convirtió en su destino, no por elección, sino por necesidad. “Es una migración forzada, emergente, que se da dentro del propio estado”, explica Garrido.

De acuerdo con el académico, situaciones similares se repiten en regiones como Pánuco, Poza Rica, Córdoba-Orizaba y el sur de Veracruz, donde familias enteras se ven obligadas a desplazarse para proteger su vida. En ese contexto, Xalapa se ha configurado como una ciudad de refugio, tanto para población desplazada interna como para migrantes internacionales.

Impactos invisibles en jóvenes universitarios

Aunque muchos de estos jóvenes logran continuar sus estudios, el desplazamiento forzado deja efectos profundos. Garrido identifica tres impactos principales en estudiantes desplazados: emocionales, económicos y académicos.

En el ámbito emocional persisten el miedo, la ansiedad y el trauma derivados de la violencia vivida. En lo económico, la pérdida del patrimonio familiar obliga a depender de redes de apoyo o del empleo informal. En lo académico, estas limitaciones se traducen en rezagos, dificultades de integración a la vida universitaria y, en algunos casos, abandono escolar 

“Están en las aulas, pero no son observados”, resume el investigador, al advertir que las universidades mexicanas carecen de protocolos específicos para identificar y atender a estudiantes en situación de desplazamiento interno. 

Universidades y omisiones institucionales

Desde su experiencia, Garrido de la Calleja sostiene que la falta de reconocimiento de estos estudiantes también responde a factores políticos. Reconocer oficialmente a los desplazados por violencia implicaría aceptar la existencia de una crisis de seguridad, algo que —afirma— muchas instituciones prefieren evitar.

No obstante, señala que la autonomía universitaria permitiría implementar programas de atención sin necesidad de confrontaciones públicas. En el caso de la UV, menciona avances parciales a través del programa Comunidad Universitaria en Movilidad Humana (CUM), orientado a acompañar a estudiantes migrantes de retorno, refugiados, foráneos y desplazados por violencia.

 Aun así, reconoce que los esfuerzos son insuficientes frente a una realidad que ha rebasado a las instituciones. “Se necesita diagnóstico, presupuesto y trabajo interinstitucional, no solo programas simbólicos o de carácter publicitario”, apunta.

Una deuda pendiente del Estado

Para el investigador, el principal beneficiario de mantener invisibilizada la migración forzada es el propio Estado, al evitar asumir su responsabilidad en el diseño de políticas públicas y marcos legales adecuados. “No reconocer a los desplazados es una forma de negar la violencia”, sostiene.

 Considera urgente que testimonios como el de Alejandra se conviertan en insumos para una nueva agenda pública, basada en el reconocimiento, la empatía y la atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado.

“La verdad migratoria más difícil de aceptar como sociedad es nuestra indiferencia”, afirma Garrido. Esa indiferencia social —advierte— no solo perpetúa el desplazamiento forzado, sino que normaliza la violencia y la exclusión.

“Todo gobierno que no considera en sus leyes y políticas el hacer, pensar y sentir de su población está condenado al fracaso”, concluye el investigador. Mientras el Estado no incorpore estas realidades en su marco legal y en sus políticas públicas, Veracruz seguirá siendo un territorio donde la migración forzada por violencia ocurre sin reconocimiento, sin atención y sin justicia.