Xalapa, Ver.- (AVC) La sentencia contra los periodistas Ángel Camarillo, Isabel Ortega y Radio Teocelo por el presunto delito de violencia política de género, constituye un caso de acoso judicial, advirtieron el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y ARTICLE 19.

Ambas organizaciones denunciaron que la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) utiliza indebidamente una legislación diseñada para proteger a las mujeres, con el objetivo de censurar el periodismo crítico.

La sanción se originó por una publicación de 2021, donde Camarillo documentó prácticas de nepotismo en la política local de Veracruz, destacando vínculos familiares entre candidatas y funcionarios en funciones en más de 10 municipios. Uno de los casos refería a una aspirante a la alcaldía de Teocelo, hija del alcalde en funciones. 

La publicación también fue realizada por periodistas de Radio Teocelo y la reportera Isabel Ortega.

“Las sentencias son claros ejemplos de acoso judicial, con políticos que abusan de la ley para silenciar el periodismo crítico”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.

La sentencia obliga a Camarillo y otros periodistas a pagar una multa, retirar la publicación, emitir una disculpa pública e inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, lo que CPJ y ARTICLE 19 consideran desproporcionado e injustificado.

ARTICLE 19: uso desviado de una ley legítima

ARTICLE 19 reprobó la sentencia y advirtió que desnaturaliza el espíritu de la ley de violencia política de género, la cual busca proteger a las mujeres en contextos de riesgo, no silenciar la crítica a figuras públicas que ejercen o buscan cargos.

“Hemos documentado un abuso creciente de estas normativas como mecanismos para frenar investigaciones periodísticas de interés público”, alertó la organización.

En su informe Barreras informativas 2024, ARTICLE 19 documentó 21 casos de acoso judicial contra periodistas, y más del 28% involucraron acusaciones de violencia política de género usadas para inhibir el ejercicio informativo.

El abogado Jorge Ruiz del Ángel apuntó que en el caso de Camarillo no se acreditó un componente de género ni un daño real derivado del reportaje. “Parece más bien un castigo por tocar intereses políticos locales”, dijo.