Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) – Trabajadoras del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Xalapa han sido despedidas por exigir su derecho a la lactancia materna, contemplado en la Ley 866. A otras se les niega este derecho o se les presiona para que desistan.

A casi cuatro años de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, la ley sigue sin reglamento, lo que impide que las madres puedan hacer uso de los descansos en su jornada laboral para amamantar o extraerse leche, e incluso extender este derecho más allá de los seis meses, señaló la activista Lilian Marisol Domínguez Gómez.

“Sabemos de varios casos de madres que han exigido este derecho y han sido despedidas. Ha ocurrido en el Ayuntamiento de Xalapa y en la Secretaría de Gobierno. En otras dependencias, aunque no las despiden, sí las presionan para que abandonen la lactancia”, denunció.

Agregó que, en los casos más graves, las madres deben elegir entre conservar su empleo o ejercer su derecho a la lactancia. Aunque la ley establece que tienen derecho a dos descansos de 30 minutos durante la jornada laboral para amamantar o extraerse leche, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, no garantizan este derecho.

“Siempre surge la pregunta: ¿defender la lactancia, incluso a costa de perder el empleo y el desarrollo profesional? Es una decisión injusta, porque no deberíamos elegir entre nuestro crecimiento económico y profesional o ejercer un derecho básico como la lactancia”, expresó.

La falta de reglamento impide hacer valer la ley

La Ley 866 de Fomento, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna establece obligaciones para el sector salud y las instituciones públicas y privadas. En sus artículos 8 y 9 reconoce el derecho de las madres a dos descansos de 30 minutos por día para amamantar o extraerse leche en un espacio higiénico proporcionado por el empleador.

Si esto no es posible, la trabajadora puede reducir su jornada laboral en una hora. Además, la ley permite extender este permiso más allá de los seis meses. Sin embargo, la falta de un reglamento impide su aplicación efectiva, dejando a criterio de los empleadores su cumplimiento.

“Los patrones saben que las madres tienen derecho al permiso de lactancia durante los primeros seis meses, pero muchos desconocen que puede extenderse sin un límite específico. La lactancia dura el tiempo que la madre decida”, explicó Domínguez Gómez.

El reglamento, que debía haberse publicado cuatro meses después de la ley, debería detallar los procedimientos y requisitos para su cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de la extensión del permiso, las madres deben acreditar cada dos meses que continúan amamantando, mediante certificados emitidos por instituciones de salud pública.

“No obstante, en la práctica, las instituciones de salud no están informadas sobre esta ley y se niegan a emitir los certificados, lo que representa un obstáculo adicional para ejercer este derecho”, denunció.

El reglamento también debería definir cómo las autoridades deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la instalación de salas de lactancia en los centros de trabajo.

Violaciones de derechos humanos

La Secretaría de Salud también debe emitir un Programa Estatal de Lactancia Materna con la participación de la sociedad civil e instituciones académicas, pero se desconoce si este proceso está en marcha.

“Las madres interesadas en este tema estamos dispuestas a colaborar con el Gobierno del Estado para que el reglamento, el programa y otras acciones derivadas de esta ley incorporen nuestra experiencia”, señaló la activista.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna durante al menos los primeros dos años de vida, pero en Veracruz este derecho no se respeta.

“Nuestra experiencia demuestra que muchas instituciones desconocen la ley. Cuando las trabajadoras solicitan permisos, la respuesta es que la ley no existe o no les aplica. Incluso cuando la reconocen, niegan los permisos argumentando el tipo de contratación, lo cual es ilegal”, advirtió.

Domínguez Gómez señaló que estas acciones constituyen una violación de derechos humanos, por lo que las madres pueden presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y, en el ámbito laboral, promover juicios contra sus empleadores.

Además, la ley establece que su incumplimiento es una falta administrativa, lo que permite a las afectadas presentar denuncias ante los órganos internos de control.

Algunas madres ya han recurrido a la CEDH e iniciado juicios laborales y quejas administrativas, aunque estos procesos siguen en trámite.

Cabe destacar que, durante la marcha del 8M en Xalapa, un grupo de madres se manifestó exigiendo el respeto a sus derechos y los de sus hijos e hijas.